La Generalitat inyectó 120 millones a Spanair a través del ICF

Demoledor informe de la Sindicatura de Comptes de Cataluña sobre Spanair. El grueso de los fondos que llegaron a la línea aérea provino del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), entidad pública de crédito dependiente de la administración catalana. En total, se repartieron 120 millones de euros provenientes del ICF, la mayor parte de los 150 millones de dinero público que se enterraron en la aerolínea.

El ICF nunca ha informado del dinero que aportó a Spanair alegando la confidencialidad con sus clientes. Fuentes financieras lo cifraban en 60 millones. Pero es el doble porque durante tres años, el ICF utilizó de pantalla sociedades públicas o semipúblicas para inyectar créditos que luego se convertían en capital de la aerolínea de bandera de la Generalitat.

Algunos años, incluso, todo el capital que mantenía Spanair en el aire, literalmente, provenía del ICF. La recuperación de esos créditos públicos dependerá de en qué medida funcionan las garantías de terceros con estos préstamos. Por ejemplo, en 2009 el ICF le otorgó al consorcio Turismo de Barcelona, controlado por el Ayuntamiento de Barcelona, 15 millones de crédito. Turismo de Barcelona constituyó la sociedad Inversions Turístiques i Comercials del que era propietario al 100% y que que convirtió esos 15 millones en capital de IESA, sociedad que se hizo con el 80% de Spanair, como muestra este gráfico del informe de la Sindicatura.

Igual hizo el ICF a través de la sociedad de capital riesgo Catalana d’Iniciatives, que tuvo que cerrar tras la quiebra de Spanair. Le prestó 12 millones, los mismos que luego Catalana d’Iniciatives, donde la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona participaban como minoritarios, invirtió en IESA, para que a su vez los gastara en Spanair.

En 2010 se repitió el mecanismo. El ICF financió a la sociedad Volcat 2009, que agrupaba a empresarios privados, con un crédito de 6 millones de euros, que ¿Dónde se destinaron? Efectivamente, a Spanair, con una inversión de 8,28 millones. Ese mismo año el ICF concedió otros 10 millones de préstamo a Fira de Barcelona, entidad pública participada por la Generalitat y por el Ayuntamiento. ¿Y qué hizo Fira? Pues gastarse los 10 millones en IEASA para que luego fueran al capital de Spanair. El ICF replicó la jugada con la empresa pública de logística de la Generalitat, Cimalsa. Le prestó 20 millones para que luego Cimalsa acudiese a una ampliación de capital de IEASA. El ICF también dio créditos directos por valor de 30 millones a IEASA, como muestra el gráfico de ese ejercicio 2010.

El año siguiente, el ICF siguió volcando préstamos en Spanair. Otorgó otros 9,5 millones de crédito directo a IEASA. Lo más curioso es que, según el informe de la Sindicatura, “en el ejercicio 2011 Cimalsa deteriora en su Balance la participación en el capital de IEASA dado que se considera posible la no recuperación de la inversión”.

Es decir, que mientras una empresa pública de la Generalitat calificaba como dudosa la inversión en la aerolínea la entidad de crédito de la misma Generalitat seguía inyectando préstamos en Spanair, lo que no deja de resultar paradójico. Cimalsa no fue la única. Durante ese mismo 2011 Fira de Barcelona también dio por perdidos sus 25,5 millones de euros en IEASA, según refleja la Sindicatura en su informe.

Tras el 2011 el ICF dejó de apoyar a Spanair. Pero la compañía acabó suspendiendo pagos.La quiebra de Spanair dejó un agujero –déficit patrimonial– de 454 millones. La muleta financiera no sirvió de nada. La Sindicatura evita valorar la actuación de las administraciones pero hace un radiografía nada favorable de la locura de esos años.