Peritos reconocen que Blesa pudo negociar a la baja la compra de Banco de Miami

Los dos inspectores del Banco de España que declararon ayer ante la juez de Madrid Esperanza Collazos reconocieron que Caja Madrid troceó la compra de Banco de Miami para no tener que solicitar la autorización de la Comunidad de Madrid. Fue una compra muy rápida, sin apenas controles y por un precio más elevado del mercado. Uno de estos peritos ha reconocido ante la magistrada que existía una cláusula en el contrato de compra-venta por la cual se podía dar marcha atrás en la operación previo pago de 50 millones de euros.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, uno de estos inspectores, que declararon en calidad de testigo-perito, ha indicado que ante la situación económica que vivía Estados Unidos en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, uno de los principales bancos de inversión norteamericano y del mundo, el valor del City National Bank de Florida había disminuido y Miguel Blesa, como presidente entonces de Caja Madrid, podría haber renegociado el precio, pero no lo hizo.

De la investigación se deduce que la caja, convertida en Bankia, pagó un sobreprecio de 450 millones de euros en relación al mercado que había en ese momento. Desconocen los inspectores las razones por las que Blesa no quiso bajar el precio de compra. El expresidente de Caja Madrid fue enviado a prisión por esta causa por el juez Elpidio José Silva en dos ocasiones, la primera bajo una fianza de 2,5 millones de euros y la otra sin fianza, aunque ambas fueron anuladas por la Audiencia Provincial de Madrid y el propio magistrado fue condenado por prevaricación.

Collazos, sustituta de Silva, había citado a estos dos inspectores, tal y como adelantó El Confidencial, para conocer por qué con dos años de diferencia, uno de ellos firmó en 2008 un informe avalando la operación, y el otro, en 2010, alertó de que la caja había troceado la compra para eludir los controles de la Comunidad de Madrid, tal y como exigía la ley de cajas de ahorros.

Desconocían las discrepancias en Caja Madrid

El primero, Pedro González, ha justificado que cuando realizó su informe desconocía una serie de datos que el regulador supo tiempo después. Por ejemplo, Caja Madrid no le remitió el acta del Consejo de Administración del 4 de abril de 2008 por el que uno de los consejeros, Estanislao Rodríguez Ponga, advirtió que la operación debía ser autorizada por la Comunidad de Madrid al superar el precio de la compra el 5% de sus recursos propios.

Tampoco le fue entregado el informe del Deutsche Bank, elaborado precisamente para esta compra y que fijaba en 800 millones de euros el 83% de la compra, en vez de en 700 millones el 100%, como se había anunciado por parte de la caja. Si hubiera conocido todos los datos, habría realizado en su informe una serie de precisiones que, por el contrario, no hizo, lo que provocó que el Banco de España autorizara la compra de la entidad. Sin embargo, en el segundo informe, el inspector ya tenía más datos y por eso confirmó que se había eludido la autorización de la Comunidad.

La instructora del caso precisamente fija el objeto de la investigación en si la caja de ahorros troceó la operación, pagando primero el 83% y después el restante, para no superar así el 5% de los recursos propios y por tanto evitando pedir la autorización de la Comunidad madrileña, lo que supondría un delito de administración desleal. Precisamente, Rodríguez Ponga alertó en el consejo de administración de este incumplimiento, pero finalmente se aprobó la compra, en contra de su criterio.

Entregó información sesgada

Los peritos han justificado su falta de supervisión en que realizaron sus informes con los únicos datos entregados por Caja Madrid. Ellos no son gestores de la entidad y trabajaron con la información ofrecida. Para la defensa, la compra en dos tandas era necesaria para que los directivos del banco norteamericano permanecieran y no les dejaran una entidad sin gestión. Para la caja era muy importante que se mantuvieran un tiempo porque había una clientela muy reducida y muy concentrada que no se podían permitir perderla. Sin embargo, fuentes de la acusación sostienen que esta tesis es falsa porque ya había contratos de blindaje para evitar la estampida de directivos.

A pesar de que uno de los peritos culpó a la caja de entregar información sesgada para la realización de su informe, fuentes de la acusación explican que el propio Banco de España podría haber solicitado más datos, teniendo en cuenta que nunca antes se había realizado por parte de una caja de ahorros una compra de tal magnitud, lo que evidencia una falta de rigor y precisión por parte del supervisor a la hora de autorizar esta operación.

Precisamente, Blesa, imputado junto a otros tres exdirectivos de la caja, ha defendido ya en sede judicial esta compra basándose en que fue autorizada por el Banco de España, fue transparente y cumplió todos los requisitos.