Izquierda Unida y PSOE plantean que la Audiencia Nacional asuma el 'caso Arnaiz'

Los frentes judiciales de Leopoldo Arnaiz pueden simplificarse de forma súbita. Izquierda Unida y PSOE consideran necesario que las distintas causas que afronta el arquitecto y urbanista como imputado por distintas acusaciones deberían ser asumidas por la Audiencia Nacional, dada la relación existente entre ellas y la dimensión final que representa el entramado de sociedades y testaferros sobre operaciones inmobiliarias realizadas durante años, cuando el empresario burgalés ejerció como urbanista de cabecera de un gran número de municipios de la Comunidad de Madrid, desde Boadilla del Monte, Soto del Real o Pinto.

Para Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, fuerza política personada como acusación particular en el Juzgado número 35 de Madrid, donde Leopoldo Arnaiz está imputado por un delito de blanqueo de capitales, “después del ‘caso Gürtel’ y el ‘caso Bárcenas’ es el tema más grave de corrupción que hay en España. Es la Gürtel urbanística. Hablamos de un presunto fraude y blanqueo de gran dimensión. Es necesario conocer el entramado de empresas y testaferros del arquitecto, estimular a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para que sigan su trabajo. Este entramado revela una red de testaferros que son los verdaderos paraísos fiscales interiores, los que más daño hacen al país. Vamos a pedir a la nueva jueza eficacia y diligencia para que no ralentice la investigación”.

El parlamentario asturiano quiere que la investigación no se centre solo en Beltraex Nexo, la sociedad vinculada a Leopoldo Arnaiz que emitió unas facturas a Cezosa (Banco Santander) por unos trabajos que no realizó y que recibió dos préstamos de empresas legales de Arnáiz (Proar 14 y Copae). El veterano dirigente político va más allá y pide que se amplíen las diligencias sobre el entramado de más de 30 sociedades que el arquitecto oculta con testaferros, pero reveladas por la exsocia en otros juzgados. En opinión de Llamazares, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) debería elaborar "un informe sobre el entramado de sociedades y testaferros de Leopoldo Arnaiz Eguren a la mayor brevedad posible, para evitar el juego de la prescripción”. Igualmente, también se ha valorado la posibilidad de que la Oficina Nacional del Fraude (ONIF) examine las consecuencias fiscales de las actividades de todas las empresas opacas de Arnáiz.

Izquierda Unida ha pedido taambién a la Audiencia Provincial de Madrid, órgano judicial del que depende el juzgado número 35, que valore si la causa contra Arnaiz debería pasar a la Audiencia Nacional “al tratarse de un entramado societario de empresas con indicios de relevancia penal, que además están radicadas en distintos territorios de comunidades autónomas”. La acusación popular cree que la jueza titular del 35, Gema Gallego, tiene todos los elementos para intentar reabrir el ‘caso de la Ciudad Financiera', ya que tiene entre sus manos los presuntos pagos que el Banco Santander hizo al arquitecto años después de haber sido pieza capital para conseguir que adquiriera suelo en ese enclave mucho más barato del precio real de mercado.

Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Boadilla, Pablo Nieto, a su vez portavoz del PSM en la acusación popular del 'caso Gürtel', cree que la nueva información aportada por El Confidencial se debe incluir en la instrucción del caso Gürtel, ya que entiende que hay relación. Sus abogados ya están estudiando la petición de nuevas diligencias. No hay que olvidar que Beltraex Nexo compró también suelo a una empresa opaca (Narcisos 22, ahora Pelendones) utilizada por Gürtel para operar en Boadilla del Monte. El juez Pablo Ruz ya investiga esta operación de compraventa, efectuada en mayo de 2008. Un informe de la UDEF del 28 de febrero de este año relaciona a Narcisos 22, es decir, a Pelendondes, con Beltraex Nexo. O lo que es lo mismo, relaciona a las empresas pantalla de Leopoldo Arnaiz y Francisco Correa. "Todo esta nueva información da otra dimensión al caso. Es necesario investigarlo".

También ha querido pronunciarse sobre este asunto Modesto Nolla, diputado del PSM en la Asamblea de Madrid y responsable del interrogativo a Leopoldo Arnaiz en agosto de 2003 en la comisión de investigación del Tamayazo. "La información de El Confidencial revela lo que era un secreto a voces. Es una satisfacción conocer once años después las pruebas que no teníamos entonces. Yo pregunté mucho al arquitecto en la comisión por el tema de la Ciudad Financiera y por las acusaciones de un tal Luis Arranz, una persona que acusó a Arnáiz ante notario de temas poco claros en su relación con el Banco Santander. "Al final va a pasar como ocurrió con la mafia, que les van a coger por temas de Hacienda".

Por otro lado, también ha opniado sobre las informaciones publicadas la Asociación de Afectados por el Desarrollo Urbanístico del BSCHM-511 y M-50, que denunció a Leopoldo Arnaiz en febrero de 2001 ante los tribunales acusándole de engaño y de trabajar para los intereses del banco al mismo tiempo que redactaba el plan urbanístico del municipio. Pese a que todavía no ha tomado velocidad, los los antiguos propietarios estudian presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de revisión de la sentencia que absolvió a Arnaiz en octubre de 2010, "ya que ahora se están aportando nuevas pruebas que antes no teníamos", señala el vicepresidente de la asociación, que representó a unos 60 propietarios de Boadilla que vendieron su suelo al Santander a precios muy bajos.

Santos Nicolás es uno de ellos. Su familia vendió 100.000 metros cuadrados al banco, por los que recibió 3.500 pesetas el metro cuadrado. "Los vendimos en 1999 a dos personas que se hacían llamar Luis Muñiz y José Luis Contreras. O les vendíamos los terrenos o esto se quedaría siempre para retamas. Nos dimos cuenta de que todo era una estafa cuando el Ayuntamiento de Boadilla cambió el plan urbanístico y reclasificó los terrenos que nos habían dicho que seguirían como rústicos. Si los hubieramos vendido como terciarios, nos habrían pagado 30.000 pesetas el metro cuadrado. Al descubrir el engaño fue cuando los denunciamos". Ahora, cuatro años después de que esa causa se agotara, los afectados por aquella actuación vuelven a soñar con la posibilidad de demostrar todo lo que de verdad ocurrió.