Leopoldo Arnaiz engañó a su socia con el reparto del botín de la Ciudad Financiera

La madeja judicial en torno a Leopoldo Arnaiz tiene cuerda de varios ovillos. Además de la imputación por blanqueo de capitales que se instruye en el juzgado número 35 de Madrid, el arquitecto está también imputado por estafa e incumplimiento de contrato en el juzgado número 8. Dos causas separadas pero totalmente relacionadas, ya que en esa instancia se dirime la querella interpuesta por su exsocia Rosa Llano, con la que se comprometió ante notario a pagar 8,7 millones de euros generados de la venta de un inmueble al Banco Santander por retirar el resto de causas que mantenía contra él.

La venta en mayo de 2012 del Edificio Alhambra a la filial Santander Global Facilities permitió a Gamavila, sociedad vinculada a Leopoldo Arnaiz propietaria del inmueble, ingresar dos talones por importe de 19,9 millones de euros, a pesar de que la transacción ascendió a 77,6. El resto del dinero volvió al Banco Santander, que se cobró la deuda de 57,6 millones adquirida por la empresa para financiar la construcción del edificio, cuya carga se dividía en una hipoteca de 51 millones y una línea complementaria para costear el pago de impuestos, aunque el presupuesto de la obra ascendió a 72,9 millones.

La construcción del Edificio Alhambra corrió a cargo de Terralia Construcciones, empresa de la que fue administrador Juan Arnaiz (hermano de Leopoldo) y cuya sede está en el número 56 de la calle Méndez Álvaro, dirección de las oficinas centrales de Arnaiz Consultores, de manera que el beneficio de ejecución de las obras iba a parar a otra empresa de su propiedad. Para financiar las obras, Gamavila pidió un préstamo al Banco Santander, cuya garantía eran las rentas por el alquiler del inmueble a la propia entidad financiera (Isban) durante 15 años, contrato firmado en noviembre de 2007.

Según las pruebas aportadas a la causa, en lugar de pagar lo pactado a su exsocia, Leopoldo Arnaiz se concedió a sí mismo desde Gamavila, la sociedad que realizó la transacción con el Banco Santander, un total de 56 préstamos por un importe global de 9,7 millones de euros entre el 28 de junio de 2012 y el 4 de julio de 2013. Esta situación hizo que la exsocia iniciara un nuevo frente judicial contra el arquitecto, a quien había denunciado en 2009 en tres juzgados (el 4 y el 11 de lo Mercantil y el 39 de Instrucción) por un delito societario y para impugnar las cuentas de ocho empresas donde compartían intereses.

Esa pelea previa entre socios se remonta a operaciones como la realizada desde Beltraex Nexo, controlada en origen por Leopoldo Arnaiz, sus hermanos Alfonso y Juan, y Rosa Llano, para comprar al Santander por 3,1 millones de euros tres parcelas sobrantes del ámbito urbanístico de Boadilla del Monte que el arquitecto reclasificó para que se levantara la Ciudad Financiera. Antes de que esa sociedad recolocara dos de esos suelos al banco por 18,1 millones, el lote de tres solares se traspasó a otra firma (Gamavila), a su vez controlada por una tercera (Gamayalde) en la que su exsocia ya no participaba.

Al quedar fuera del reparto del botín, Llano inició una batalla judicial contra su antiguo socio. La estrategia de la empresaria sirvió para que Leopoldo Arnaiz accediera a compensar a su antigua socia con los ingresos que generaría la venta del Edificio Alhambra, el inmueble construido en la tercera finca, la número 22.444 del área Boadilla Sur, de 11.826 metros cuadrados, comprada primero por Beltraex Nexo y traspasada luego a Gamavila. A pesar del pacto, Llano no se fio y obligó al arquitecto a firmar un acuerdo público ante notario. Si Arnaiz no pagaba, incumpliría el contrato y cometería una estafa.

El pago nunca tuvo lugar. La exsocia, cansada de esperar, volvió a denunciar a Arnaiz, que terminó imputado por el juzgado número 8 de Madrid por estafa e incumplimiento de contrato, al igual que Carlos Serrano, encausado también por su condición de administrador de Gamavila. Este abogado es también el administrador de Invercantil, empresa que está siendo investigada por el juez Pablo Ruz a instancias de la Policía (UDEF) por comprar suelo en Boadilla del Monte a otra sociedad llamada Narcisos 22, renombrada ahora como Pelendones y administrada por Jesús Calvo Soria, imputado en Gürtel.