SANCIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

Quebrar una caja sale barato: en CajaSur los culpables pagan menos de 50.000€

Los responsables de la debacle de las cajas de ahorros se siguen yendo de rositas o con sanciones irrisorias comparadas con el coste para el erario
Foto: Santiago Gómez (EFE)
Santiago Gómez (EFE)

Los responsables de la debacle de las cajas de ahorros se siguen yendo de rositas o con sanciones irrisorias comparadas con el coste para el erario público de su gestión. El BOE confirmó ayer las sanciones a 13 consejeros de CajaSur, la antigua caja del cabildo catedralicio de Córdoba intervenida en mayo de 2010 y que tuvo que recibir 392 millones de ayudas públicas. La sanción más alta, para el ex vicepresidente ejecutivo de la entidad, se queda en 56.000 euros, y la más baja se reduce a 10.000. Y eso que se trata de "infracciones muy graves". Además, estas cifras se han rebajado respecto a las que proponía inicialmente el Banco de España en 2011, y dejan fuera de momento al expresidente Santiago Gómez Sierra. El gran responsable de la gestión de la entidad en los años de la burbuja, el también sacerdote Miguel Castillejo, ni siquiera ha sido expedientado.

Estas sanciones vienen de un expediente abierto en 2011 por el Banco de España a la caja y a 38 consejeros y directivos de CajaSur antes de su intervención. Sin embargo, los expedientados recurrieron las sanciones ante la Audiencia Nacional, con la alegación en casi todos los casos de que la crisis de la entidad cordobesa se había gestado antes de que ellos ocuparan cargos de responsabilidad. Sin embargo, el tribunal los ha ido desestimando y, en consecuencia, ha ido confirmando las sanciones que había impuesto el supervisor. Y el BOE las publicó el jueves (también aquí).

Estas sanciones obedecen a una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en "presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca".

Los sancionados son los siguientes: Luis Miguel Martín Rubio (vicepresidente ejecutivo desde noviembre de 2005 hasta mayo de 2010), multado con 30.000 euros; Juan Ojeda Sanz (vicepresidente tercero desde noviembre de 2005 hasta mayo de 2010), 54.000 euros; María de los Ángeles Delgado Uceda (vocal desde noviembre de 2005 hasta mayo de 2010), 39.000; Francisco Pulido Aguilar (vocal desde junio de 1995 hasta noviembre de 2008), 51.000; Francisco Cárdenas Martínez (vocal desde julio de 2003 hasta noviembre de 2005), 20.000; Andrés Germán Hens Muñoz (vocal desde noviembre de 2005 hasta mayo de 2010), 46.000; Juan Pablo Durán Sánchez (vocal desde noviembre de 2005 hasta mayo de 2010 y candidato del PSOE a la alcaldía de Córdoba en las últimas elecciones), 44.000; Salvador Blanco Rubio (vicepresidente ejecutivo desde noviembre de 2005 hasta mayo de 2010), 56.000; María José Lara González (vocal desde noviembre de 2005 hasta junio de 2008), 26.000; Encarnación Ortiz Sánchez (vocal desde junio de 2008 hasta mayo de 2010), 13.000; José Luis Bergillos López (vocal desde noviembre de 2008 hasta mayo de 2010), 13.000; Luisa Ruiz Fernández (vocal desde noviembre de 2008 hasta mayo de 2010), 10.000; y Andrés Ocaña Rabadán (vocal desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2008 y candidato de IU a las municipales), 41.000 euros.

Según la denuncia del Banco de España, las infracciones que ahora se sancionan acabaron con la intervención de CajaSur, intervenida en mayo de 2010 tras negarse a una fusión con Unicaja, ocasionando un gravísimo perjuicio económico y social, con despidos traumáticos mientras algunos de sus responsables cobraron blindajes elevadísimos. Posteriormente, fue subastada por el FROB y vendida a BBK -actualmente KutxaBank-, que recibió un EPA (esquema de protección de activos) cuyo coste para el erario público fue cuantificado en 392 millones por el propio supervisor.

Las sanciones pueden elevarse en el futuro

Algunos de estos consejeros y otros que no aparecen en la lista están acusados de otras infracciones que también fueron recurridas. Si estos recursos también se desestiman, finalmente las sanciones pueden ser más elevadas. La máxima solicitada por el Banco de España es de 180.000 euros para Santiago Gómez Sierra, presidente desde enero de 2007 hasta mayo de 2010 y sucesor del popular cura Castillejo.

La primera de estas irregularidades es "el incumplimiento en el plazo y en las condiciones fijadas al efecto las políticas específicas que, con carácter particular, le habían sido exigidas en materia de provisiones, tratamiento de activos o reducción del riesgo inherente a sus actividades, productos o sistemas", hasta el punto de poner en riesgo la solvencia o viabilidad de la entidad. Por este motivo, se ha sancionado a la entidad y a 11 cargos de administración o dirección responsables de tal incumplimiento.

Por último, como tercera sanción muy grave, que también se incluye como argumento en el cuerpo de la denuncia, el expediente del organismo supervisor acreditó que "la entidad incurrió en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios exigidos" al permanecer, durante al menos seis meses, por debajo del 80% del mínimo establecido en función de los riesgos asumidos. Esta actuación ha sido resuelta también con otra sanción a Cajasur y a los 11 cargos de administración o dirección considerados responsables de tal situación.

Curiosamente, el expediente del supervisor no incluye a Castillejo entre los sancionados, pese a que controló los destinos de la caja de ahorros edurante tres décadas, en las que se originaron los males que acabaron con su desaparición. Algo parecido a lo ocurrido con el principal responsable del hundimiento de CatalunyaCaixaJosep María Loza, el director general de la antigua Caixa Catalunya entre 1998 y 2008, que no figura en la lista de 54 imputados por la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, el año pasado se presentó una denuncia ante este órgano contra Castillejo.

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