POR EL HUNDIMIENTO DE LA CAM

El BdE sólo abrió un expediente en 2012 pese al aluvión de escándalos bancarios

Si por algo será recordado el año 2012 es por el aluvión de escándalos relacionados con la banca: el hundimiento definitivo de muchas de las antiguas

Foto: La exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós. (Efe)
La exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós. (Efe)

Si por algo será recordado el año 2012 es por el aluvión de escándalos relacionados con la banca: el hundimiento definitivo de muchas de las antiguas cajas y algún banco que llevó al rescate europeo de 41.000 millones, las suculentas pensiones e indemnizaciones con que se marcharon los responsables de esta debacle, las preferentes, las dietas de políticos en los consejos, préstamos irregulares, el 'caso Alfredo Sáenz'... Pero en todo el ejercicio el Banco de España abrió únicamente un expediente, concretamente a la CAM, a pesar de sus facultades para sancionar este tipo de comportamientos. Una labor de la que se han hecho cargo los tribunales ante las denuncias de numerosos grupos, donde hay unos cien directivos y consejeros imputados.

El supervisor gobernado por Luis María Linde se pone la venda antes de la herida en la Memoria de Supervisión Bancaria publicada el viernes: "Conviene destacar que el intenso proceso de reestructuración del sistema bancario español iniciado en los últimos años ha provocado que la actividad de la supervisión del Banco de España se centrara en cumplir todos los pasos previstos para consolidar y acelerar la reestructuración del sector". Y centrarse en esa tarea ha supuesto dejar de lado la sanción de los comportamientos que han llevado a la necesidad de dicha reestructuración. La memoria tampoco aclara si en 2013 se ha retomado la actividad sancionadora una vez cumplido el grueso del MoU (Memorándum de Entendimiento) impuesto por la UE para el rescate.

La única acción sancionadora se refiere a uno de los mayores escándalos del sector, la actuación del consejo, los directivos y la comisión de control de la CAM que llevó a la intervención de la entidad en 2011 y su posterior adjudicación al Sabadell con ayudas de hasta 24.100 millones. El supervisor les acusa de "deficiencias en los mecanismos de control y gestión de los riesgos; prácticas contables irregulares destinadas a alterar la realidad financiera y patrimonial de la entidad; incumplimiento de autorizaciones administrativas; retribuciones de los órganos de administración, de los miembros de la comisión de control y de los directivos de la entidad, y por la imposibilidad de cumplir el plan de recapitalización que había sido presentado".

En el capítulo de remuneraciones, cabe recordar que su directora general, María Dolores Amorós, percibía un sueldo anual de 593.040 euros y tras su despido se llevó una pensión vitalicia de 369.497 euros al año, en una práctica generalizada entre los consejeros y directivos de la entidad. El expediente ha quedado el suspenso al pasar el caso a los tribunales. En lo que va de crisis, el BdE sólo ha cerrado dos expedientes con sanciones a las cantiguas cajas: CCM y CajaSur.

El exdirector general de Caixa Galicia, José Luis Méndez. (Efe)
El exdirector general de Caixa Galicia, José Luis Méndez. (Efe)
Unas cifras que palidecen frente a los 11,2 millones de la pensión de José Luis Méndez, el exdirector general de Caixa Galicia, y los 8 millones que se llevó al ser despedido José Luis Pego, que ocupó el mismo cargo tras la fusión con Caixanova, cantidad que se elevó a 20 millones incluyendo a otros tres directivos; sólo uno de ellos ha devoelto "la mayor parte" de la indemnización. Mientras tanto, la entidad fusionada, NCG Banco, ha necesitado 9.052 millones de ayudas públicas y es posible que requiera cerca de 5.000 millones más en la subasta que se va a celebrar en septiembre. Además de ser una de las entidades con mayor número de clientes afectados por la venta de preferentes. Pero el BdE no abrió ningún expediente en 2012 a la entidad, ni por el escándalo de estos pagos ni por las responsablidades de estos directivos.

Otro tanto cabe decir de Caixa Catalunya, donde su director general entre 1998 y 2008, Josep María Loza, se retiró con una pensión de entre 6 y 10 millones (la cantidad exacta no se ha hecho pública pese a ser una entidad de propiedad estatal), que ahora "medita devolver". El presidente de la entidad resultante de su fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona, Adolf Todó, ha sido destituido este año sin indemnización, aunque va a pelear judicialmente parte de los 4 millones a los que tenía derecho teóricamente. La fusión de tres cajas catalanas ha requerido ya 12.052 millones de dinero público y seguramente requerirá una cantidad similar o superior a la de NCG Banco en su propia subasta, que se celebrará a continuación de la de la entidad gallega, y también tiene numerosos afectados por las preferentes. 

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. (Efe)
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. (Efe)
Pero quien se lleva la palma en cuanto a ayudas públicas es, sin duda, Bankia, con un total de 22.424 millones. En mayo del año pasado, la entidad fue nacionalizada y su hasta entonces presidente, Rodrigo Rato, obligado a dimitir ante el tamaño del agujero detectado. Pero ni él ni los presidentes en la época de la burbuja de Caja Madrid, Miguel Blesa, y de Bancaja, José Luis Olivas, han diso objeto de expedientes por parte del BdE. Rato cobró 2,34 millones y Olivas 1,62 en 2011; además, los dos más Francisco Verdú (consejero delegado) querían repartirse otros 10 millones en variable, cosa que impidió el BdE. Blesa se llevó una indemnización de 2,8 millones... y eso porque Rato se negó a pagarle un bonus de 25 millones que iba a repartirse con otros directivos. Como es sabido, este último ha pasado un mes en la cárcel por la venta del City National Bank de Miami, pero fue liberado al anularse la instrucción del caso. Bankia es la entidad con mayor número de afectados por preferentes, unos 200.000.

Aurelio Izquierdo, Jaime Botín, Alfredo Sáenz...

Igual de escandaloso es lo ocurrido con la filial de Bankia Banco de Valencia, intervenido y vendido en noviembre a La Caixa en una subasta exprés con ayudas públicas por hasta 9.850 millones. Su ex director general, Aurelio Izquierdo, tenía derecho a 14 millones de pensión, aunque renunció a 6,3. La quiebra de esta entidad está trufada de actuaciones irregulares, demandas cruzadas e incluso trato de favor a determinados promotores cuando ya estaba gestionada por el FROB.

La lista de entidades rescatadas que han pagado sueldos o indemnizaciones estratosféricos se amplía con nombres como BMN o Ceiss. Y no ha habido sólo irregularidades sancionables en este grupo. También ha habido casos como la ocultación de un 8% del capital de Bankinter por parte de su principal accionista, Jaime Botín, descubierta en 2011; la CNMV reactivó el año pasado un expediente por este asunto que puede conllevar su inhabilitación, pero el BdE no ha tomado ninguna medida al respecto. Y luego está el caso de Alfredo Sáenz, donde el supervisor podría haberse expedientado a sí mismo por no destituirle como consejero delegado del Santander tras ser condenado por el Supremo cuando el gobernador era Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a la espera de que el Gobierno de Zapatero le indultara. Como es sabido, Linde forzó en abril la dimisión de Sáenz, que se marchó con la segunda mayor pensión de la historia de España, 88,1 millones.

Una sola multa a directivos

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde. (Efe)
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde. (Efe)
La Memoria de Supervisión recoge que, fuera de la banca, el BdE abrió también otros dos expedientes a entidades de pago, otro a dos chiringuitos que operaban sin autorización y reabrió dos antiguos a una casa de cambio y a varios accionistas significativos de una entidad. Asimismo, señala que el supervisor sólo impuso una multa el año pasado a un directivo de banca, frente a las casi 100 de 2011. 

Frente a esta inactividad sancionadora, el BdE se volcó en la inspección: ejecutó 306 actuaciones supervisoras el pasado año, casi 100 más que en 2011 -un 50% más-, y formuló 111 requerimientos en 41 escritos a las entidades, casi el doble que un año antes, la mayoría relativos al riesgo de crédito y políticas de gestión y control interno, que representaron el 73%  A ellas se añaden otros 353 trabajos relacionados con los planes de cumplimiento de los dos reales decretos De Guindos y los test de estrés, así como con el examen de los informes de autoevaluación del capital, las relaciones con otros supervisores nacionales y organismos internacionales y otras actuaciones específicas.

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