Telefónica pagará la fiesta de TVE: abonará el 44% del canon impuesto a las 'telecos'

El Gobierno dio el martes un paso más en uno de los ejes de su política económica: intentar contentar a todos. Industria daba luz verde a una de las peticiones de largo aliento de las telecos, como es la regulación del llamado dividendo digital, la banda de frecuencias que quedará libre con el apagón analógico y que se reservará a servicios de telecomunicaciones como la banda ancha en movilidad. Una medida que debería haber sosegado a las empresas, indignadas con el Ejecutivo por tener que pagar el 0,9% de sus ingresos brutos de explotación para financiar la eliminación de la publicidad en TVE. Pero el gesto no ha sido suficiente.

Fuentes internas de Telefónica insistían ayer a El Confidencial en que “se recurrirá la norma hasta las últimas consecuencias y se retrasará la entrada en vigor de la tasa todo lo que se pueda”. Probablemente con Bruselas en el horizonte. No en vano la compañía que preside César Alierta ha echado sus cuentas para certificar que será la principal pagana de la aportación amadrinada por De la Vega: tendrá que abonar un 44% de lo que desembolse el conjunto del sector, según sus cuentas. No por nada el propio Alierta intentó mediar ante la vicepresidenta sólo horas antes de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto.

Más contenido, el número dos de Telefónica, Guillermo Ansaldo, admitía, tras la presentación de un nuevo teléfono móvil en colaboración con Nokia, que la regulación del dividendo digital no compensa el canon, ya que son “temas separados”; es más, quiso dejar claro que es una medida que se está tomando en toda Europa. Con cierta ironía, explicó su rechazo a la tasa para financiar TVE de forma muy gráfica: “Sería como financiar la industria láctea. No dudamos de la nobleza del proyecto, pero…”. En todo caso, fuentes de la compañía hacían hincapié en que la reserva del dividendo digital para servicios de telecomunicaciones se ha fijado para el 1 de enero de 2015, “lo que nos sitúa en una situación de claro retraso”.

En efecto, las cuentas no le salen a Telefónica, más allá de lo que pueda pasar dentro de cinco años. Según consta en el segundo anexo al proyecto de ley cerrado por el Ministerio de Presidencia, los ingresos brutos de explotación facturados por las telecos se elevan a 25.500 millones de euros, eliminadas las cuantías correspondientes a las operadoras de ámbito no estatal, que están exentas. Un montante al que, cuando se le aplica la tasa del 0,9%, se queda en 230 millones. Los cálculos de Telefónica son que más de 101 millones de ese canon saldrán de sus arcas. Eso sin contar con el 1,5% de la facturación de Imagenio que tendrá que abonar por su licencia de televisión de pago.

Dudas sobre la memoria económica

Una auténtica sangría que se suma a las dudas de la compañía sobre los eventuales beneficios para el sector de la eliminación de la publicidad en la televisión pública. Inquietudes que son compartidas. De hecho, es una de las principales críticas que apuntan la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el Consejo de Estado en los informes sobre el anteproyecto de ley que remitieron al Gobierno. Especialmente crítico es este segundo organismo, que recuerda que hubiese sido conveniente que la memoria económica “incluyese el estudio, la previsión y la exposición de las principales consecuencias económicas en los sectores y entidades afectados por la regulación proyectada”.

Una incertidumbre que se dispara más adelante, cuando el Consejo de Estado insiste en que “se echa en falta en el expediente un soporte documental que permita examinar pormenorizadamente las premisas económicas que sostienen el anteproyecto y de los efectos que se presumen en el mercado y en el que se examine la certeza y alcance de los referidos beneficios sobre los que pivota, como datos, el régimen de aportaciones”. La CMT, más tajante, simplemente asegura que, “sobre el supuesto impacto positivo debe indicarse que, a juicio de esta Comisión, el mismo no existiría”.

La CMT también analiza lo que supondrá para el servicio móvil acceder a la banda comprendida entre el 790 y 862 MHz o dividendo digital. De hecho, con la medida tomada el martes por Industria, el Ejecutivo no ha hecho sino cumplir con las peticiones de la Comisión, que se refería a esta disposición como una “compensación de la compensación”. Con una segunda derivada. Y es que, según el supervisor, la introducción de la medida en el proyecto de ley podría aumentar los ingresos por el canon radioeléctrico, “de tal manera que se cubrirían las cantidades que pretendían alcanzarse con la no recomendable aportación del 0,9%”. Según estima y en función de cómo se estructure el dividendo, podría aportar entre 65 y 137 millones más con una tasa de 900.000 euros por MHz y año.