Rajoy apuesta por reformar la ley electoral, la financiación autonómica y el Senado

El Partido Popular incluirá en su programa electoral para los comicios generales del próximo otoño un capítulo completo de reformas institucionales, leyes orgánicas y reglamentos del Congreso y del Senado; pero sin tocar la Constitución. Después de dar la impresión de que entraba al trapo del esbozo de iniciativa del PSOE en la materia, Mariano Rajoy ha dado instrucciones de volver a la posición original del partido: la reforma constitucionalno es necesaria y en este momento incluso contraproducente para los intereses de España y su unidad nacional.

El PP vuelve a repetir que para abrir la ley de leyes tiene que haber consenso antes incluso de entrar en el proceso y que sólo está dispuesto a escuchar propuestas concretas sobre puntos y artículos concretos,nunca sobre los principios y los fundamentos. Y sobre los actores principales en una hipotética negociación, en la sede de Génovahay todavía más precauciones porque ante la próxima legislatura los nacionalistas son más separatistas que nunca y la extrema izquierda (al alza)más radical o populista que el PCE de la reconciliación de1977 o la Izquierda Unida de Julio Anguita.

A falta de que los socialistas formulen en su programa electoral alguna reforma detallada de la Constitución, y dado que no pasan de hablar de federalismo en genérico, los populares sí que plantearán en su oferta para los comicios una segunda fase de cambios legislativos de calado sobre el funcionamiento de las instituciones. Reconocen como urgentes las reformas de los reglamentos del Congreso y el Senado atascadas desde hace cuatro legislaturas, un nuevo sistema de financiacón de las Comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades locales,una reforma de la ley electoral que incluya fórmulaspara garantizar que sean alcaldes los candidatos más votados por los ciudadanos, continuar con la reforma de la Administración que se queda a medias o sólo dictaminada en esta legislatura con el informe de la CORA, o medidas para avanzar en la unidad de mercado.

En el PP repiten en que si el PSOE insiste en las ideas de la reforma constitucional o del federalismo es para disimular sus propios problemas y diferencias internas entre los dirigentespartidarios de asumir la doctrina de los nacionalismos periféricos y los que tienen más claro el carácternacional del partido. Consideran que Pedro Sánchez es deliberadamente débil yambiguo ante el PSC, que propugna un trato aparte (político y financiero) para Cataluña, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que está en contra del "federalismo asimétrico".

En el PP repiten que si el PSOE insiste en las ideas de la reforma constitucional o del federalismo es para disimular sus propias diferencias internas

Los dirigentes del Partido Popular también han recuperado uno de sus argumentos de más peso para negarse a entrar en el debate sobre la reforma constitucional: no le interesa nada a los ciudadanos. Es evidente que no figura como problema o preocupación en encuesta alguna y al PSOE no le ha servido para levantar cabeza en los sondeos en el año que lleva centrado en presentarla como gran novedad de su oferta política.

El Título 8 de la Constitución, que sería el afectado para afrontar la reforma del Estado autonómico, tampoco concitapuntos de acuerdo posible entre los partidos. Con su apuesta por el federalismo, el PSOE no aclara si quiere más o menos competencias para los gobiernos regionales o si todos deben tener las mismas. En el PP les parece bien como está, al menos oficialmente. Los nacionalistas directamente quieren pasar de la autonomía al "Estado propio", como Convergencia, o a algún sistema confederal asimétrico o estatuto de Estado libre asociado.

El PP prefiere que se quede como está. Las encuestas del CIS demuestran que la mayoría de los españoles dan por bueno el sistema autonómico y que hay más partidarios de reducir competencias de los gobiernos regionales que de lo contrario. En el barómetro de julio pasado el 38 por ciento de los encuestadosestaba de acuerdo con la fórmula actual de "organización territorial del Estado", un 18 por ciento prefiere un Estado con un solo Gobierno(sin autonomías)y otro 12 por ciento se pronuncia por quitar competencias a los ejecutivos autonómicos. El porcentaje de ciudadanos que opinan lo contrario es menor: los que quieren más autonomía son el 14 por cientoy el apoyo a la posibilidad de la autodeterminación se queda en un 9 por ciento. Puestos a cambiar el Estado autonómico, hay más españoles partidarios de suprimirlo o de reducirlo que de aumentarlo.