CNMC expedienta a Santander, BBVA, Caixa y Sabadell por prácticas anticompetitivas

La CNMC ha abierto el primer expediente sancionador en el sector bancario español por prácticas contrarias a la competencia. El organismo único de regulación ha decidido pasar a la ofensiva para investigar las actuaciones llevadas a cabo en el mercado crediticio español por las cuatro grandes entidades financieras, como son el Banco Santander, BBVA, Caixabank y Banco Sabadell. La resolución supone un verdadero hito en España, dado el control de la supervisión bancaria, que ha sido ejercido tradicionalmente de manera exclusiva por el Banco de España y ahora por el Banco Central Europeo (BCE).

El motivo del expediente reside en la eventual existencia de acuerdos anticompetitivos entre las entidades, para la fijación de precios y el intercambio de información comercial sensible en relación con la contratación de derivados de tipos de interés utilizados como instrumentos de cobertura del riesgo de préstamos sindicados. Con independencia del resultado de las pesquisas, la intervención de la CNMC supone un aviso a navegantes en la estrategia comercial de las principales entidades financieras del país, y no se descarta que sirva como precedente para indagar también en la gestión del pasivo y la retribución de los depósitos bancarios en nuestro país.

Las conductas analizadas tienen origen en una denuncia presentada por Inversiones Empresariales Vapat, SLU y sus empresas filiales, por una posible infracción de la normativa de competencia y, en particular, del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).

En el marco de la información reservada practicada, la Dirección de Competencia ha tenido conocimiento de cierta información de la que puede deducirse la existencia de indicios racionales de una infracción del artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para su instrucción

La CNMC tomó su primera iniciativa en el mercado financiero el pasado verano a raíz de la polémica suscitada por el cobro de comisiones en los cajeros automáticos. La fijación de precios fuera del marco de la competencia alertó a los responsables del regulador para incluir al sector financiero dentro del ámbito natural de sus atribuciones como entidad encargada de velar por el buen funcionamiento de los mercados en España. La autoridad de la competencia efectuó requerimientos de información a los bancos, alertando de la apertura de un expediente sancionador ante la posible existencia acreditada de infracciones contra la citada Ley de Defensa de la Competencia.

Salvo dicha excepción, la banca española ha permanecido hasta el momento alejada de la lupa supervisora de la CNMC que, sin embargo, ha llevado a cabo una intensa labor de inspección y sanción en la mayor parte de los mercados regulados. La crisis financiera y el consiguiente rescate bancario han impuesto un ritmo frenético de control por parte de los reguladores financieros, pero siempre con el objetivo de garantizar la solvencia del sistema bancario.

El planteamiento de la CNMC obedece a una naturaleza muy distinta, ya que ahora su función esencial no es otra que la defensa de la competencia en beneficio del consumidor final, que ha sido todos estos años la víctima propiciatoria de la gran parte de escándalos protagonizados por el sector. La existencia de productos especialmente complejos ha sido también perseguida desde la CNMV en su calidad de regulador bursátil.

La CNMC se suma con este expediente a las tareas de vigilancia en un momento especialmente delicado para el mercado financiero, cuando la reducción de los márgenes operativos obliga a ajustar el negocio trasladando el peso de muchas decisiones a la relación con los clientes. La entidad que preside José María Marín Quemada considera que esta situación exige también una labor activa de control y supervisión para parte de una institución que fue creada como autoridad encargada de defender la competencia en España.