La Junta valorará el patrimonio, y no sólo la renta, para las ayudas públicas

Hasta ahora sólo tenía en cuenta la renta. El Gobierno andaluz está dispuesto a penalizar el patrimonio a los solicitantes de ayudas públicas en la Junta de Andalucía. Los principales afectados por la medida, que articulará la Consejería de Hacienda y Administración Pública, serán los andaluces que pidan una beca o los que soliciten una subvención.

Susana Díaz, consejera de Presidencia e Igualdad, la número 2 del bipartito Griñán-Valderas, celebró el primer aniversario del Gobierno de coalición, marcado por el aumento del paro y la pobreza, con el anuncio de una ley contra el fraude fiscal “y social”. La intención se basa en lograr “un elemento de equidad y contribuir a que el reparto de la carga de la crisis sea más justo”.

La Junta de Andalucía iniciará el trámite parlamentario antes del verano, aunque tendrá que pedir la vez: en primer lugar se encuentra la ley de participación ciudadana y la de de transparencia, más prioritarias para Griñán que esta de ayer anunciada por sorpresa por Díaz en el transcurso de su comparecencia tras el Consejo de Gobierno andaluz de los martes.

La iniciativa pretende una conexión con la Agencia Tributaria estatal y se promociona como una ayuda a las clases medias y trabajadoras. “No existe un objetivo recaudatorio”, indicó la consejera, que añadió: “Hay que cambiar la filosofía de ayuda a las familias, no sólo a los más necesitados, sino a las clases medias, que son las que más soportan el coste de esta crisis. Si somos exigentes podremos atender a más familias”, destacó Díaz. 

VPO con Jaguar

Ignacio García, vicepresidente del Parlamento andaluz, de Izquierda Unida, cree que la medida del Gobierno (“no me atrevería a decir que es de IU”), servirá para que se puedan detectar “ingresos ilegales de algunos profesionales liberales y autónomos que por sus ingresos optan a pisos de protección oficial y, aunque sea un poco tópico, tienen un Jaguar en la puerta de su casa”, explicó a El Confidencial.

García, que presidió la comisión de investigación parlamentaria de los ERE falsos, califica como “muy sorprendente”, que hasta ahora no se haya impulsado esta ley. “Ya es hora de que se vaya ajustando esto y ahora es un buen momento, precisamente cuando hay más concurrencia y mucha economía sumergida”.

Sostiene la popular Esperanza Oña, vicepresidenta del Parlamento de Andalucía y alcaldesa de Fuengirola, que la ley también debería incluir una investigación de cada uno de los miembros del núcleo familiar para ver si aportan o no. “En Fuengirola siempre hemos mirado si en una familia hay pagas de viudedad o pensionistas. Se ha mandado a veces a los asistentes sociales para elaborar un informe de la familia, así intentamos evitar los engaños y que te llevas sorpresas”, relató Oña a este diario.

La exportavoz del PP-A en la cámara autonómica admite que los que tienen nómina están más controlados. “Entiendo que para la Junta de Andalucía tiene que ser más complicado hace este tipo de informes, pero son importantes para desvelar posibles delitos”, remata la primera edil del municipio malagueño.