Bruselas tutela el impuestazo de Hacienda a las eléctricas

El pulso entre los ministerios de Hacienda e Industria por la reforma del sector energético tuvo un tercer invitado. El controvertido impuestazo que aprobó la semana pasada el Gobierno estuvo arbitrado en todo momento desde Bruselas. Según fuentes próximas al Palacio de La Moncloa, la discusión entre un gravamen a la generación eléctrica equivalente para todas las tecnologías, como al final resultó (del 6%), o uno diferenciado por tecnologías, como propuso inicialmente el ministro José Manuel Soria, quedó resuelto ante las consultas efectuadas al responsable de Energía de la Comisión Europea, que viene siguiendo muy de cerca todo el proceso de reestructuración del sistema energético español ante los cambios regulatorios.

Desde el primer momento, el ministro Cristóbal Montoro pidió voz y voto sobre la reforma del sistema energético por limitarse a una mera revisión impositiva. A partir de ese punto, Hacienda desestimó la propuesta de Industria, dedicada a resolver el problema del déficit de tarifa, por cuanto que un "impuesto indirecto con impacto recaudatorio diferencial resultaba incompatible con la normativa europea", según explican las fuentes consultadas, que tratan de quitar hierro al pique entre los dos ministerios. Aun así, la demora que produjo el bloqueo entre ambas tesis, hecho público en verano, obligó al presidente Mariano Rajoy a delegar en la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría una solución inmediata.

Una vez que toda la documentación llegó a La Moncloa, las dudas fueron pocos. Según fuentes oficiales, "existen dos directivas que no permiten figuras tributarias con una estructura diferencias y con efectos discriminatorios", situación que en este caso provocaba el gravamen distinto por tecnologías. Además de resultar incompatible con las directivas vigentes, un modelo impositivo como el propuesto por Industria podría ser usa constitutiva de ayuda de Estado. A este respecto, según las fuentes consultadas, "existe una amplia jurisprudencia que avalaría cualquier recurso que se presentase a un nuevo impuesto de esa naturaleza". Ante estos argumentos, la vicepresidenta invitó a los dos ministerios a que acercaran posturas.

Fuentes conocedoras del procedimiento aseguran que la consulta es imprescindible en tanto la reforma energética se menciona de forma explícita en el llamado Memorandum of Understanding (MoU), documento que España suscribió en julio con Bruselas para facilitar el saneamiento de la banca y que le obliga a poner en marcha determinadas reformas estructurales. En efecto, se establece en el punto 31 que “las autoridades españolas se comprometen a implementar las recomendaciones específicas al país en el contexto del semestre europeo”. Entre ellas se incluye “completar las interconexiones de electricidad y gas con los países vecinos, y resolver completamente el déficit de tarifa eléctrica”.

Bruselas ya había dado muestras de su preocupación sobre la situación del sistema eléctrico en los meses anteriores, al punto de poner a las compañías eléctricas entre la espada y la pared. En un documento de trabajo de los Servicios de la Comisión hecho público en el mes de mayo, se cuestiona abiertamente el régimen de retribución de las centrales nucleares e hidráulicas. “Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas”, rezaba el documento en cuestión.

Los pingües beneficios de las nucleares

El argumento atacaba directamente a la línea de la flotación de las grandes eléctricas, en tanto ponía sobre la mesa un tema para ellas tabú: los denominados windfall profit. Es decir, ¿están las centrales hidráulicas y nucleares amortizadas y se lucran con beneficios caídos del cielo? El debate arranca en mayo de 2008, cuando la Comisión Nacional de la Energía (CNE) cuestionó abiertamente el mercado mayorista de la electricidad, al advertir que las energías nuclear e hidráulica se pagaban al precio más caro del ‘pool’ -fijado por el carbón y el gas-, cuando en realidad afrontan costes muy inferiores al estar ya amortizadas, una premisa que niegan las eléctricas. La diferencia les reportaría pingües beneficios.

Según aseguran fuentes conocedoras del episodio, las eléctricas llegaron a personarse en Bruselas para defender sus argumentos y presionar para que la recomendación final del Consejo no incluyera mención alguna a sus centrales nucleares e hidroeléctricas. A la vista del documento final, parece que lograron su objetivo. No en vano, el Consejo insta a España a “completar la interconexión de las infraestructuras eléctricas y gasísticas y abordar el déficit tarifario del sector eléctrico de forma global, particularmente mejorando la rentabilidad de la cadena de suministro de electricidad”. Una ambigüedad que no ha impedido que el Ejecutivo haya esgrimido repetidamente ante las eléctricas la posición de Bruselas para imponer un canon a la generación hidráulica y nuclear.

No tan beligerantes

A la vista de estos hechos, sólo queda en el aire una pregunta respecto a la reforma eléctrica anunciada el viernes por el Ejecutivo: ¿Por qué las eléctricas, tradicionalmente beligerantes y especialmente rápidas a la hora de defender sus intereses en los juzgados, no han arreciado contra el Gobierno, que además les ha impuesto un canon del 6% a sus ventas? Aunque es entrar en el terreno de la hipótesis, no falta quien defiende que su moderación obedece a que el  Ejecutivo podría haber contemplado un rejón mucho mayor, apoyado en las tesis de Bruselas. Primero, la tasa general la van a repercutir al consumidor. Y segundo, el canon nuclear e hidráulico que finalmente ha planteado el Ejecutivo mejora sustancialmente la propuesta que inicialmente planteó el Ministerio de Industria.

En efecto, según la propuesta que el departamento de José Manuel Soria filtró a principios de junio, el Gobierno pensaba aplicar una tasa de 10 euros/megavatio a la nuclear, un recargo por el que pretendía obtener 550 millones de euros. El recurso hídrico también sufriría un gravamen de 15 euros/megavatio, tributo que debería a las arcas públicas aportar otros 400 millones. En total, 950 millones. Sin embargo, la propuesta final del Ejecutivo, anunciada el pasado viernes, es mucho más amable en este punto para las Endesa e Iberdrola, principales afectadas. No en vano el tributo por la generación de residuos nucleares implicará para las grandes compañías el pago de 269 millones de euros en tres años y el hidroeléctrico –del 22%- les obligará a desembolsar 304,2 millones. Todo con el futuro de Garoña en el alero y el debate sobre los windfall profits aparentemente resuelto.