Bruselas apela por un 'tasazo' equitativo entre renovables y eléctricas para atajar el déficit

Bruselas está pendiente de todo cuanto ocurre en España. También de la esperada reforma del sector energético, a la espera de que el Gobierno termine de perfilar su contenido. Mientras desde La Moncloa se trabaja para hacer desaparecer las diferencias existentes entre los ministerios de Industria y Hacienda, corresponsables del diseño del paquete de medidas fiscales que se quiere imponer al sector, el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, sigue de cerca el desenlace de los acontecimientos, alertado por las quejas de algunos de los potencialmente afectados por ese tarifazo.

A finales del pasado mes de julio, el alemán Oettinger recordó por carta al presidente de la Asociación Europa de la Industria Solar Termoeléctrica (ESTELA), el español Luis Crespo, que la Comisión Europea está ‘monitorizando’ de manera activa el desarrollo de la política energética renovable que lleva a cabo España. Esta misiva es la respuesta a un documento previo que la patronal termosolar europea remitió al comisario para informarle de las posibles medidas que baraja el Gobierno de Mariano Rajoy para atajar el problema mil millonario del déficit de tarifa.

En este contexto, Oettinger se hace eco de la preocupación existente entre los productores termosolares, alarmados ante la posibilidad de que Industria consiga imponer un impuesto en función de cada tecnología, que según el borrador inicial que se filtró afectaría a esta tecnología renovable con una tasa a la generación del 19%, o ante la opción de que se apruebe otro recorte a las primas, “un derecho consolidado a una determinada retribución para las instalaciones inscritas en el registro de preasignación, lo que constituiría una supuesto de retroactividad en grado máximo".

El comisario alemán es consciente de la crítica situación que atraviesan las finanzas de España y de los pasos urgentes necesarios para reducir el gasto público, incluida la resolución del conocido problema del déficit de tarifa. Dicho esto, Oettinger asegura que cualquier medida que adopte el Gobierno español para abordar la reforma del sector energético debe ser “tecnológicamente neutral” y “no debe suponer un tratamiento desfavorable” para los proyectos renovables, apreciación que comparte el propio ministerio de Hacienda, preocupado por legalidad de una tasa heterogénea.

Para tranquilidad de los termosolares, desde Bruselas recuerdan que los países miembro deben evitar medidas retroactivas y las modificaciones repentinas que afecten al mercado de las energías renovables. Sin embargo, a pesar de estas palabras, en la línea de las recomendaciones que la Comisión ha hecho públicas para España, la incertidumbre existente sobre el desenlace final de la reforma del Gobierno ha hecho que todos los operadores del sector hayan optado por presionar al legislador, incluso de manera pública, como hace unos días el presidente de Iberdrola.

Para las eléctricas convencionales, el Tribunal Supremo ha abierto la puerta para que el Ejecutivo se atreva a recortar las primas a las renovables con carácter retroactivo. En un fallo fechado el pasado 26 de junio, el alto tribunal, para justificar la desestimación de la demanda presentada por la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anper) que los titulares de este tipo de plantas (huertos fotovoltaicos), determinó que estos productores no disponen de un «derecho inmodificable» a que se mantenga inalterado el régimen de primas a la generación de energía.

Y es que mientras unos apelan a Bruselas, otros apelan directamente al poder decisorio de La Moncloa. Hace ya varias semanas, los presidentes de Endesa, Borja Prado, de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de Gas Natural-Fenosa, Salvador Gabarró, remitieron una carta a Mariano Rajoy pidiéndole una reunión y solicitándole que se replantease la reforma en ciernes. Hasta el propio presidente de Italia, Mario Monti, primer accionista de Enel, a su vez propietario de Endesa, abordó este asuntó en su reunión de la semana pasada con el presidente del Gobierno español.