La pugna Montoro-Soria amenaza con echar por tierra la reforma eléctrica

Falta de coordinación, improvisación rampante… Un interrogante marcaba ayer a última hora de la tarde el renglón de la reforma eléctrica en el orden del día del Consejo de Ministros. Con todo el sector en vilo, Industria y Hacienda hacían esfuerzos contrarreloj por consensuar el documento, cuyas líneas maestras el departamento de José Manuel Soria había trasladado a las eléctricas el pasado miércoles. “Las medidas se lanzaron sin ser evaluadas por el Ministerio de Hacienda. Hoy [por ayer] lo mirarán a toda prisa, pero…”, aseguraban a El Confidencial fuentes del Gobierno, incapaces de decir si el Ejecutivo daría hoy luz verde a los cambios que plantea Industria.

Las empresas mantenían el mismo nivel de duda… Y de enfado. Unos aseguraban que no daba tiempo a que el Consejo analizara la reforma. Otros que la Comisión Delegada había terminado dándole luz verde. Los más ambiguos apuntaban que una parte podía tener cabida y otra dejarse para la próxima semana. La primera pata de la reforma, centrada en el paquete fiscal, planteaba más problemas. El Real Decreto-ley que contemplará una serie de ahorros para el sector era mucho menos conflictivo. Ante la falta de certezas, Moncloa incluso manejaba tomar una decisión definitiva en el consejo deliberante que se celebra habitualmente antes del Consejo de Ministros. Todo un ejemplo de ideas claras.

El sainete escenificado ayer, toda una tarde de nervios, noticias contradictorias y teléfonos móviles, irrumpe como el colofón perfecto a siete meses de falta de información y hermetismo por parte del Ministerio de Industria, en los que ha sido difícil hasta ser recibido. Y cuando se ha logrado, no se ha sacado mucho en claro. “Las eléctricas están desesperadas porque no saben nada de lo que hace el Gobierno. No han sacado nada en claro de los pocos encuentros que han tenido con el ministro. Y son conscientes de que en el Ministerio se está trabajando más que nunca. Suben bocadillos a mediodía y siguen…”, aseguraban en febrero fuentes próximas a Industria.

Un esfuerzo que no parece haber tenido demasiado lustre. A primeros de junio, cuando el Gobierno ya llevaba un semestre en el poder, Soria parecía descubrir la piedra filosofal y volvía la mirada a Hacienda, a quien otorgaba la última palabra para decidir cómo atajar el problema estructural del déficit de tarifa, cuyo agujero amenaza con alcanzar este año los 30.000 millones. No faltaba quien ayer recordaba lo grosero del planteamiento. “En lugar de llevar a cabo un planificación energética seria, al final todo se resuelve con más impuestos, con un paquete fiscal. Se han cargado el sector financiero y el eléctrico es el siguiente”, asegura el ejecutivo de una compañía, bajo condición del anonimato.

A partir de ese momento, las empresas eléctricas y asociaciones afectadas buscaban más complicidad de las huestes de Montoro, sabedoras de que cualquier mediación tenía que pasar por el responsable de los Presupuestos. Sin restar importancia a otra figura imprescindible para entender el duro semestre que ha afrontado el sector. “Es Álvaro Nadal quien desde Moncloa acapara mayor peso en las conversaciones”, aseguraban fuentes próximas a Industria al principio del proceso. Nadal, responsable de la Oficina Económica de Moncloa y hombre de confianza de Rajoy, fue quien trató en primera persona con las eléctricas en los duros años de travesía hacia el poder.

“Vais mucho a Moncloa y poco a Génova”, bromeaba entonces con las compañías. Fueron días en los que hablaba a las eléctricas sin ambages de aceptar una quita de los fondos que se les adeudan por el déficit de tarifa. Aunque parecen salvado ese escollo, no parece que vayan a salir del todo bien libradas, con una reforma que lastran su facturación en 2.000 millones de euros. “Lo cierto es que el sector vive en la incertidumbre desde hace casi dos años, cuando el entonces ministro Miguel Sebastián sugirió que podrían revisarse las primas a las energías renovables con carácter retroactivo”, lamentan fuentes del sector. Fuentes internas del propio Gobierno admiten sotto voce que la percepción de que las decisiones se toman a salto de mata no ofende demasiado a la realidad.