El Gobierno se atasca con la reforma eléctrica por las dudas sobre su legalidad

El Gobierno ha decidido ampliar la incertidumbre en el sector eléctrico al menos una semana más. Todo pese a que el mismo viernes por la mañana se daba por hecho en Moncloa que el grueso de la reforma –el paquete fiscal que avanzó a mediados de semana José Manuel Soria- se aprobaría este viernes en el Consejo de Ministros. ¿Qué ha pasado? “Que Soria lanzó la batería de medidas sin el visto bueno de Montoro. Y tienen que volver a hacer los números, porque no salen”, aseguran fuentes del Gobierno. Eléctricas y renovables ya habían advertido: el aluvión de tasas hace inviable el sector.

Como publicó El Confidencial, Industria y Hacienda hacían esfuerzos contrarreloj el jueves por la noche por consensuar el documento de medidas fiscales que debe atajar el déficit de tarifa, que este año podría alcanzar los 30.000 millones de euros. Fracasado el envite, ahora falta por ver si la prórroga es un mero trámite o si supone cambios drásticos en la apuesta, lo que dejaría a Soria a los pies de los caballos. “Si hay un retoque, pase. Pero ¿y si dentro de una semana se descuelgan con un impuesto al beneficio?”, apuntan estas fuentes.

Desde el sector se lanza una interpretación plausible. “Hacienda no se fía y quiere cerciorarse de que las nuevas tasas son aplicables dentro de la legalidad. No en vano estamos hablando de gravar el mismo bien con un impuesto diferente en función de cómo se ha generado. Además, Montoro sabe que las eléctricas recurren todo ante los tribunales por sistema. Para Industria la cuestión es diferente. Tiene muchas presiones y frente abiertos, la minería incluida. Su intención era sacar el tema adelante lo más rápido posible”. El planteamiento del Ejecutivo pasa por gravar la facturación de los diferentes agentes del sistema.

La reforma eléctrica cobraba una nueva dimensión cuando a primeros de junio Soria recurría a Hacienda, a quien otorgaba la última palabra para decidir cómo atajar el problema estructural del déficit de tarifa. No faltaba quien este viernes recordaba lo grosero del planteamiento. “En lugar de llevar a cabo un planificación energética seria, al final todo se resuelve con más impuestos, con un paquete fiscal. Se han cargado el sector financiero y el eléctrico es el siguiente”, explicaba un ejecutivo del sector. El Consejo de Ministros se limitaba ayer a incluir, dentro de real decreto ley de mejora de la competitividad, “algunos elementos tendentes a la eliminación del déficit de tarifa”. Sin embargo, aparcaba de nuevo la esperada batería de medidas fiscales.

También podría haber dilatado el proceso la airada reacción de los afectados. Sobre todo la escenificada por las compañías eléctricas, lastradas en bolsa en los últimos días por el contenido de la reforma. “Se come todos los beneficios de distribución y generación. Se cargan el sector”, lamentaba un ejecutivo el pasado jueves. Según datos de la patronal (Unesa), el beneficio neto de las eléctricas en España alcanzó en 2011 los 3.063 millones de euros. Una cantidad similar a la que el impuesto planteado detraería de su facturación. No son los únicos que ayer clamaba por las medidas en ciernes. Muchos promotores fotovoltaicos, a los que se amenaza con una tasa del 19%, directamente ya se plantean entregar al banco las llaves de los proyectos.

“El recorte a la distribución y pagos por capacidad de unos 800 millones de euros aplicados en el primer paquete de medidas adoptado por el Gobierno para solucionar el déficit de tarifa, supuso una caída del resultado del mismo tenor. En caso de aplicarse las medidas publicadas hoy [por ayer], se produciría una nueva caída de resultados dejando el beneficio de estas empresas en España a cero. Podría afectar a su visibilidad y hay que tener presente que estas empresas son las responsables de garantizar el suministro eléctrico, que es un servicio esencial”, zanjaba Unesa en un comunicado.