Las eléctricas, en armas: "El paquete fiscal de Industria deja nuestro beneficio a cero"

“La reforma se come todos los beneficios de distribución y generación. Se cargan el sector”, lamentaba ayer un ejecutivo del sector eléctrico. Y es que el paquete fiscal que prepara el Ministerio de Industria para atajar el déficit tarifa detraerá de las arcas de las compañías eléctricas en torno a 2.000 millones de euros, una cifra a la que se suma el recorte de 800 millones ya aplicado en la primera batería de medidas adoptada el pasado mes de abril. Según datos de la patronal (Unesa), el beneficio neto de las eléctricas en España alcanzó en 2011 los 3.063 millones de euros. Eran los más indignados de un sector revolucionado tras conocerse el miércoles la hoja de ruta que maneja el Ministerio para los ajustes.

“El recorte a la distribución y pagos por capacidad de unos 800 millones de euros aplicados en el primer paquete de medidas adoptado por el Gobierno para solucionar el déficit de tarifa, supuso una caída del resultado del mismo tenor. En caso de aplicarse las medidas publicadas hoy [por ayer], se produciría una nueva caída de resultados dejando el beneficio de estas empresas en España a cero. Podría afectar a su visibilidad y hay que tener presente que estas empresas son las responsables de garantizar el suministro eléctrico, que es un servicio esencial”, zanjaba Unesa en un comunicado.

Las eléctricas, tradicionalmente mimadas por los gobiernos, no sólo no se salvan esta vez de la quema, sino que vislumbran los números rojos. Para ellas, con la mayor parte de su negocio en el régimen ordinario (nuclear, hidraúlica, carbón y fuelgas), la cuestión es de fuerza mayor. Soria no sólo les coloca un gravamen del 4%. También plantea una tasa específica para la nuclear y la hidráulica de 10 y 15 céntimos el megavatio hora, respectivamente. Una apuesta por la que el Gobierno prevé recaudar 950 millones extra, pero con daños colaterales. “Es un palo gordo para todos. Las nucleares y las hidráulicas podrían entrar directamente en pérdidas”, analizaban ayer fuentes del sector. Las grandes, Iberdrola y Endesa, son las más perjudicadas por la decisión.

Más doloroso, la decisión del departamento de José Manuel Soria parece venir a zanjar en su contra un debate en el que las eléctricas se han empleado a fondo en los últimos años. ¿Están las centrales hidráulicas y nucleares amortizadas y se benefician de los llamados windfall profits o beneficios caídos del cielo? El debate arranca en mayo de 2008, cuando la Comisión Nacional de la Energía (CNE) cuestionó abiertamente el mercado mayorista de la electricidad, al advertir que las energías nuclear e hidráulica se pagaban al precio más caro del ‘pool’ -fijado por el carbón y el gas-, cuando en realidad afrontan costes muy inferiores al estar ya amortizadas, una premisa que niegan las eléctricas. La diferencia les reportaría pingües beneficios.

Otro de los temores de las eléctricas pasa por las dificultades para financiarse. “La generación entrará en pérdidas y veremos más bajadas de los rating”, apuntaba un ejecutivo del sector. Un temor que las eléctricas ya expresan sotto voce desde hace semanas, inquietas ante la posibilidad de que la reforma les condene a una calificación de bono basura, con una deuda superior a 68.000 millones. “Nos jugamos mucho en los cambios que prepara el Ejecutivo. De hecho, la incertidumbre ya nos ha costado rebajas en los ‘ratings’. Y no parece que la cosa vaya a tocar tanto a las renovables, como las eléctricas tradicionales”, se vaticinaba desde una compañía. Moody’s acababa de dejar a varias compañías del sector al borde del abismo, con apenas uno o dos escalones sobre el bono basura.

Dar las llaves a los bancos

No son los únicos que ayer clamaba por las medidas en ciernes. Muchos promotores fotovoltaicos, a los que se amenaza con una tasa del 19%, directamente ya se plantean entregar al banco las llaves de los proyectos. “Con un gravamen del 14%, mi proyecto mejor estructurado alcanzaría una rentabilidad del 6%, por debajo del precio del dinero. No quiero ni pensar en un 19%”, aseguraba ayer uno de los afectados. La Unión Española Fotovoltaica (Unef) apostaba ayer por aplicar un gravamen lineal a la generación o sobre los beneficos –una suerte de tasa Robin Hood-, para evitar que las medidas discrimen por tecnología.

La energía eólica, que inicialmente sufrirá una tasa del 11%, reaccionaba con cierta incredulidad. “Muchas instalaciones han supuesto un enorme esfuerzo inversor y se trata de activos no amortizados. Un impuesto de este tipo no permitirá en muchos casos hacer frente a los pagos a los bancos. Además, no hay que olvidar cuando haces las inversiones no tienes en cuenta el nivel de cargas que afronta la eólica. Y además de los impuestos comunes, también hay autonomías con diferentes cánones”, explica Rocío Sicre, presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). “La situación es crítica y claro que está en cuestión la viabilidad del sector”, puntualiza, al tiempo que lamenta el hermetismo del Ministerio de Industria a la hora de pactar la reforma. Un sentimiento compartido.

La termosolar, en comparación, puede incluso cantar victoria a tenor del plan que maneja Industria. No en vano era la tecnología que más estaba bajo la lupa. Salvará la situación con un impuesto del 13%, lo que rebajará la prima pero mantendrá rentabilidades razonables. Las eléctricas han culpado tradicionalmente a esta tecnología del déficit de tarifa y la veían como una clara fuente de ahorro. Sin ir más lejos, la CNE explica en un reciente informe que actualmente están inscritos en el registro de preasignación –y por tanto tienen derecho a las ayudas- 1.600 megavatios que aún no tienen acta definitiva de puesta en marcha. Cuando estén en funcionamiento, previsto para el año 2014, supondrán una carga de 1.600 millones de euros anuales más. El recorte que logra Industria con su ofensiva fiscal se sitúa en torno a 2.500 millones.