Industria carga sobre nuclear e hidráulica la subida de impuestos al sector energético

Conmoción en el sector energético. Mariano Rajoy adelantó ayer la implantación de un nuevo "esquema de fiscalidad energética" para repartir entre los "diferentes sectores implicados" la solución "definitiva" al déficit de tarifa. Aunque no detalló dichos cambios, las bases del nuevo tarifazo incluyen un impuesto a la facturación para cada una de las tecnologías (convencional, nuclear, ciclos combinados, hidráulica, renovable…) de manera no proporcional, por lo que dependiendo de la fuente de generación los tipos impositivos serán distintos, según las fuentes consultadas.

El programa fiscal diseñado por los ministerios de Industria y de Hacienda se reparte por bloques. Para el régimen ordinario, el impuesto a la facturación será del 4%, lo que supondrá una carga de 2 euros por mw/hora a la generación nuclear, hidráulica, carbón y fuelgas. Por el contrario, el régimen especial gestionable tendrá una tasa diferente, que afecta de manera distinta a biomasa (4,5%), cogeneración (4%), minihidraulica (3%) y termosolar (13%), sobre la que se carga un porcentaje más elevado para rebajar de manera indirecta la prima de esta tecnología, que aún mantiene rentabilidades superiores al 10%.

Respecto al régimen especial no gestionable, la energía eólica asumirá un impuesto del 11% sobre su facturación, mientras que la tasa para la tecnología fotovoltaica será de hasta un 19%, incrementos con los que Industria espera recaudar hasta 950 millones de euros. El elevado impacto que representa estos porcentajes puede dejar a muchos de los operadores de estos sectores, sobre todo los referidos a la tecnología solar, con rentabilidades inferiores al 5%, por lo que su interés por continuar operando queda prácticamente eliminada al carecer del retorno mínimo exigido dado su nivel de apalancamiento.

Además de las tasas anteriores, el Ejecutivo ha reservado unos impuestos especiales para la generación nuclear e hidráulica. La tecnología radiactiva asumirá un rejón impositivo extra, ya que Industria le aplicará una tasa de 10 euros/mw en concepto de residuos, por el que las arcas públicas esperan recaudar 550 millones de euros más. Para el recurso hídrico habrá también un canon de 15 euros/mw, recargo que debe aportar otros 400 millones. Con estas tasas, el regulador da por buena la tesis de que estas tecnologías están ya amortizadas, un desequilibrio conocido como windfall profits.

Toda esta batería de tasas e impuestos, que pueden anunciarse mañana viernes tras el consejo de ministros como segunda parte de la reforma del sector energético que ya se inició con el primer paquete de medidas de finales de marzo, pone en cuestión la viabilidad del sector. Según los distintos operadores, alarmados por las consecuencias que esta revisión fiscal tendrá sobre sus beneficios, la revisión puede afectar por extensión a su solvencia financiera, a punto de colocarse en la categoría de bono basura a raíz de los abultados niveles de deuda que acumulan -68.000 millones, sólo las eléctricas.

Tampoco queda libre de cargas el gas natural. La tasa para la tecnología que emplea esta materia prima (hidrocarburos gasesos) será de 4 céntimos/metro cúbico. También está previsto que los carburantes sean gravados con el denominado "céntimo verde", con una subida en torno a 7 céntimos/litro, para que el sector petrolero contribuya a financiar parte del coste de las energías renovables. Además, Industria impulsará un real decreto ley para disminuir más costes del sistema, tanto en la retribución del transporte, del que sacarían otros 50 millones, como en el régimen extrapeninsular, que perdería 100 millones.

Estos cambios en el sector energético se enmarcan dentro del conjunto de reformas emprendidas por el Gobierno para reducir la bola de nieve que representa el déficit de tarifa. En este sentido y en reiteradas ocasiones, el ministro de Industria, José Manuel Soria, había asegurado que la solución del déficit de tarifa debía ser repartida entre el Estado, las empresas y los ciudadanos, que en las dos últimas revisiones de la tarifa de último recurso (TUR) han tenido que hacer frente ya a subidas del 9,4 % en abril y del 4 % en julio. Ahora es turno de los productores, que ya temían que el negocio de la generación fuera deficitario.