El juez tira de las orejas a Goirigolzarri por defender a Rato en lugar de a los accionistas

Aunque el magistrado juez de la Audiencia Nacional centra el auto contra el consejo de administración que dirigió la constitución de Bankia y su posterior salida a bolsa, Fernando Andreu no entiende el porqué el nuevo presidente del grupo financiero, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido en dos ocasiones el supuesto comportamiento delictivo de Rodrigo Rato y el resto de consejeros a los que acusa de asuntos tan graves como falsedad en las cuentas, administración desleal, maquinación para alterar los precios y apropiación indebida.

“¿Cómo es posible que el consejo de administración entrante -que supuestamente ha de velar por los intereses de sus accionistas, al igual que el saliente-, dedique todos sus esfuerzos a justificar la actuación del consejo saliente en vez de depurar las responsabilidades incurridas por los anteriores gestores?” dice el titular del juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional en el escrito.

Andreu considera “desmesurado” el interés de Goirigolzarri y los nuevos miembros del órgano de gobierno de Bankia y de Banco Financiero y de Ahorro en defender la actuación de Rato y Fernández Norniella (vicepresidente y número dos del grupo), hasta el punto, según el juez, de que el actual presidente señaló que los inversores sabían los riesgos que conllevaba comprar acciones en la salida a bolsa.

En la junta de accionistas celebrada el pasado viernes, Goirigolzarri indicó que los folletos de ofertas públicas de venta o suscripción (OPV u OPS), como el que fue autorizado para Bankia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), están “extremadamente regulados” y que el documento de 403 páginas advertía suficientemente de los riesgos (33 páginas). Una posición que, por el contrario, no fue óbice para que el primer ejecutivo del banco no aprobase el informe de gestión de 2011 del equipo precedente.

Sin embargo, para Andreu dichas advertencias no contemplaban “que las cuentas fueran falsas y que hubieran de ser reformuladas”, además de que la sociedad “se encontrara en realidad en causa de disolución y de que fuera necesario inyectar 19.000 millones adicionales de fondos del FROB para sanearla”. No obstante, el juez matiza que “no estamos en condiciones de afirmar en este momento” si formaba parte del plan de fraude el “exagerar” o sobredimensionar los riesgo de la inversión en el folleto, “a fin de pretender luego exonerarse de responsabilidad”.