Rebelión en la banca: Guindos les pide 30.000 millones para el FGD, un 50% más de lo previsto

Nuevo enfrentamiento entre Economía y la banca española. El Ministerio de Luis de Guindos solicita ahora que la aportación extraordinaria del sector para que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubra las próximas subastas de entidades nacionalizadas alcance hasta 30.000 millones, según fuentes conocedoras de la situación. Hasta ahora, se había hablado de adelantar las aportaciones de los próximos ocho años, como informó en exclusiva El Confidencial, estimadas en unos 20.000 millones. Si el Gobierno impone finalmente su demanda, será un varapalo más para las sufridas cuentas del sector, que tendrá que aportar un 50% más. 

Lógicamente, las principales entidades del país se han plantado y se aferran a los citados 20.000 que parecían ya acordados, según informaba el diario Expansión hace unos días. Máxime después de las fortísimas provisiones sobre el crédito inmobiliario 'sano' que les ha impuesto el Gobierno con el Real Decreto-ley del viernes pasado, Sin embargo, el Ejecutivo considera que serán insuficientes para atender a todas las exigencias de las próximas subastas (inyección de capital más esquemas de protección de activos, EPA), de ahí su solicitud de más dinero para recapitalizar el FGD.

Esta demanda de mayores contribuciones explica por qué De Guindos no ha incluido en su segunda reforma las aportaciones al Fondo, como se esperaba en el sector. "Todo el mundo pensaba que la nueva reforma iba a cerrar de una vez la cuestión del FGD, por eso fue una decepción que lo volviera a aplazar, igual que la que supuso que finalmente no se creara un 'banco malo' sino unos vehículos que no sirven para nada", señala una de las fuentes consultadas.

"Es imposible poner más de 20.000 millones y ya es una burrada para las cuentas de resultados de muchas entidades; si la cantidad es mayor, debe ponerla el Estado", asegura el presidente de una de ellas. A su juicio, "sería muy malo hacer recaer todo el peso de la reestructuración bancaria en el sector y es imprescindible que el Estado comparta la carga". "Da igual quien haya causado esa situación porque es el Estado quien tiene que pagarla; y si no tiene dinero, que lo pida", añade.

Porque estas cifras se suman a los 54.000 millones del Real Decreto de saneamiento de febrero y a los aproximadamente 25.000 que supondrá el segundo Real Decreto de la semana pasada, que obliga a provisionar los créditos 'sanos' del ladrillo. Unas cifras que se pueden quedar pequeñas si, como teme todo el mundo en el sector, las tasaciones que van a realizar BlackRock y Oliver Wyman descubren nuevas minusvalías que también tendrán que ser provisionadas.

Las necesidades de las nuevas subastas

Frente a eso, las necesidades de las subastas en curso -Banco de Valencia y CatalunyaCaixa- más la que llegará en septiembre -NovaCaixagalicia- pueden ser mucho mayores. No hay que olvidar que CAM, con un tamaño similar al de las dos últimas, fue vendida a Sabadell con una inyección de capital de 5.300 millones y un EPA de 16.000 millones más (un EPA que, por cierto, debe cubrir el FGD con las aportaciones de los próximos 10 años que se van a adelantar). Los EPAs planteados en los cuadernos de venta de Valencia y Catalunya Caixa son muy moderados -4.000 millones en el primer caso y 8.800 millones en el segundo-, pero su cuantificación final dependerá de las pujas presentadas.

Y aunque a priori había numerosas entidades interesadas en estas subastas, el nuevo Real Decreto puede hacer que las más afectadas (las más débiles) se retiren ante la necesidad de buscar capital con el que hacer frente a las pérdidas que les supondrán las nuevas provisiones. Cuantos menos candidatos haya, mayor será el EPA que puedan pedir los que queden y, en consecuencia, mayores serán las necesidades de fondos del FGD, que se quedó vacío tras la subasta de Unnim.