la eliminación del canon es incompatible

El Supremo suspende la Ley de Propiedad Intelectual hasta que la UE se pronuncie

El Tribunal Supremo ha entrado en el terreno legislativo para plantear una posible impugnación de la columna vertebral de la nueva Ley de Propiedad Intelectual -conocida
Foto: José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, responsable de la LPI. (EFE)
José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, responsable de la LPI. (EFE)

El Tribunal Supremo plantea una posible impugnación de la columna vertebral de la nueva Ley de Propiedad Intelectual –conocida vulgarmente como Ley Lassalle– por considerarla incompatible con la directiva de la Unión Europea: duda de que el sistema de compensación por copia privada sea legítimo en Bruselas. Por eso ha lanzado hoy las preguntas –después del recurso contencioso-administrativo interpuesto por tres entidades de gestión de derechos, VEGAP, EGEDA y DAMA– al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las dos cuestiones que plantea, en el auto al que El Confidencial ha tenido acceso, son: 

A - "¿Es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas?".

B - "Si la anterior cuestión recibiese una respuesta afirmativa, ¿es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 que la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio?".

Ley suspendida

El TS avisa de que el proceso natural de la ley Lassalle queda suspendido "hasta que sean resueltas las anteriores cuestiones prejudiciales". Después del bochornoso espectáculo de su aprobación en el Congreso, con toda la oposición del Gobierno en contra, la Ley de Propiedad Intelectual tiene todas las papeletas para quedar invalidada en mitad del proceso de creación, antes de que llegue al Senado. Y el motivo es la supresión del canon digital, en diciembre de 2011, primera gran decisión política tomada por el Gobierno de Rajoy.

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle. (EFE)
El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle. (EFE)

Efectivamente, el centro de la controversia es el sistema de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por valor de cinco millones de euros. Si la Unión Europea responde a la primera pregunta de manera negativa, es decir, no es partidaria al sistema de compensación que ha ejecutado el Gobierno, pone en un grave aprieto el espíritu reformista de Mariano Rajoy y de su ministro José Ignacio Wert. Entre otras cosas, porque tendrá que hacer frente a una deuda acumulada con las sociedades que representan a los autores cercana a los 350 millones de euros por haber eliminado el canon digital.

Estaban avisados

El Ejecutivo ya estaba avisado de que el sistema que implantaron para compensar a los autores no era el adecuado. A finales del pasado año, el Consejo de Estado emitía un durísimo informe contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en el que se detallaba cuáles eran los fallos de la propuesta. El estudio fue menospreciado por la cartera de José Ignacio Wert, cosa que ahora no podrá hacer.

El organismo se expresaba sin lugar a dudas sobre la compensación a los creadores, tras la anulación del canon: “No resulta suficiente para cubrir las necesidades”. Avisaba de que el sistema planteado por el Gobierno español “no tiene paralelo en ningún otro Estado miembro” de la Unión Europea. En el informe de casi 200 páginas se pedía la revisión de los artículos 25 y 31 de la LPI, “a fin de garantizar su ajuste en el Derecho europeo, en los términos en que ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la UE”.

El varapalo económico que sufren desde 2011 los autores y las sociedades de gestión de sus derechos supone una pérdida de casi 100 millones de euros anuales. De ahí que el Consejo de Estado pidiese “una profunda revisión” del artículo 31.2, pues “se ajusta con dificultad a la jurisprudencia del Tribunal de justicia de la Unión Europea, desconoce o trata de soslayar la realidad sobre la que se proyecta aplicar y presenta muy serias dudas sobre su capacidad para lograr la adecuada retribución del perjuicio causado a los titulares de los derechos”.

A pesar de la claridad de las críticas emitidas por el órgano consultivo del Gobierno, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lanzaba un comunicado en el que se hacía una peculiar lectura del informe y daba carpetazo al asunto. “Señala que el sistema de compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado es admisible y encaja en el Derecho europeo”, rezaba la comunicación de la cartera de Wert a pesar de todo.

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