varapalo del supremo órgano consultivo

El Consejo de Estado reprocha al Gobierno no compensar al autor por copia privada

El Consejo de Estado se ha pronunciado: está a favor de los autores y en contra del Gobierno. El profundo y extenso análisis no deja lugar a dudas

Foto: El ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la entrega de las medallas al Mérito Deportivo, a la selección femenina de balonmano. (Efe)
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la entrega de las medallas al Mérito Deportivo, a la selección femenina de balonmano. (Efe)

El Consejo de Estado se ha pronunciado: está a favor de los autores y en contra del Gobierno. En un profundo y extenso análisis, al que ha podido tener acceso El Confidencial, sobre el anteproyecto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual el organismo se expresa sin lugar a dudas sobre la compensación a los creadores por copia privada, una vez anuló el Canon Digital en diciembre de 2011: “No resulta suficiente para cubrir las necesidades”.

A juicio del Consejo de Estado “no puede obviarse la potencial afectación del mercado interior” que dicha compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado está provocando. Además, muestran su disconformidad con el hecho de que este sistema “no tiene paralelo en ningún otro Estado miembro” de la Unión Europea. Incluso la forma de aceptar su vigencia es cuestionada: “Podría ser admisible y podría encajar en el Derecho europeo”. Podría.

También carga contra la falta de definición de límite de copia privada en el anteproyecto, así como en la implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada. De hecho, al tener los créditos presupuestarios limitativos (a cinco millones de euros al año) obligaría –en el caso de no alcanzar el nivel adecuado de compensación exigido por la UE- a recurrir a ampliar los créditos presupuestarios previstos. “Esta situación, que no es en absoluto descartable, supondrá de producirse una tensión en el sistema de compensación equitativa que no es deseable”, aclara el supremo órgano consultivo del Gobierno.

Y por si alguno a estas alturas del informe (casi 200 páginas) no se ha dado por aludido remata con una petición de revisión de estas materias, recogidas en los artículos 25 y 31 de la LPI, “a fin de garantizar su ajuste con el Derecho europeo, en los términos en que ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la UE”.

El varapalo es considerable. Más adelante considera que debe efectuarse “una profunda revisión” del artículo 31.2, pues “se ajusta con dificultad a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), desconoce o trata de soslayar la realidad social sobre la que se proyecta aplicar y presenta muy serias dudas sobre su capacidad para lograr la adecuada retribución del perjuicio causado a los titulares de los derechos”.  

El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría. (EFE)
El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría. (EFE)
A pesar de las críticas emitidas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lanzó a última hora del día un comunicado oficial, en el que se hace una peculiar y muy interesada lectura de los dictámenes del Consejo de Estado. “Señala que el sistema de compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado es admisible y encaja en el Derecho europeo”, se puede leer. Sin embargo, ya hemos destacado que utiliza la fórmula condicional para aceptar la compensación impuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y pide una revisión para adecuarlo al paradigma legal de la UE.

“El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha iniciado el análisis detallado de las observaciones realizadas por este órgano consultivo del Gobierno y tendrá en cuenta varias de las mismas, con el objetivo de enriquecer y perfeccionar el anteproyecto de Ley”, añaden. En las “próximas semanas” el anteproyecto de Ley será remitido al Consejo de Ministros para su segunda lectura y aprobación como proyecto de Ley, para remitirlo a las Cortes e iniciar la tramitación parlamentaria.

El Consejo de Estado también valora las medidas del anteproyecto contra la piratería. La conclusión tampoco es muy satisfactoria: “En tanto esas disposiciones mantengan su redacción actual es posible aventurar que la reforma de la LEC incluida en el anteproyecto tendrá dificultades para convertirse en un instrumento eficaz en la lucha contra la piratería en el entorno digital, habida cuenta de la práctica seguida hasta la fecha en los tribunales españoles”. 

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