Madrid Aloja calcula que 8 de cada 10 pisos turísticos desaparecerían con la nueva ley

El alquiler turístico sufre un nuevo revés. Al recibido durante la pandemia se suma ahora la modificación que plantea el Ayuntamiento de Madrid para los pisos turísticos. Según se aprobó en la Junta de Gobierno, a partir de ahora, solo podrán destinarse a este uso aquellas viviendas que se encuentren situadas en las plantas bajas o en las primeras plantas de los edificios residenciales o en las plantas inmediatamente inferiores a las viviendas habituales.

Es decir, siempre que no haya una vivienda debajo. Cualquier otra vivienda que se destine a alquiler turístico que no cumpla con este sencillo requisito será considerada ilegal a ojos de la Administración.

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E. Sanz

La medida, tal y como avanzó ayer Mariano Fuentes, delegado del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, supondrá la práctica desaparición de miles de pisos turísticos que actualmente operan en la capital, unos 14.000 según cálculos del Ayuntamiento de Madrid, de los cuales, hasta ahora y según el consistorio, un 985 estarían funcionando de manera ilegal.

La asociación Madrid Aloja, que aúna casi una de cada cuatro viviendas turísticas en la capital, ha cuantificado el impacto de esta medida que tiene, además, carácter retroactivo, y calcula que supondría eliminar ocho de cada 10 alojamientos que operan en la ciudad tras realizar una encuesta entre sus socios después de conocerse ayer las primeras modificaciones en las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.

La asociación destaca que esta limitación "tendrá un impacto directo en el crecimiento del PIB madrileño, ya que pone en juego alrededor de 1.450 millones de los más de 1.800 millones de euros que esas viviendas inyectan, actuando además como dinamizador económico del comercio de proximidad". Cada huésped realiza un gasto superior a los 550 euros por estancia, de los que seis de cada 10 euros son en tiendas cercanas al lugar de alojamiento, según el VI Barómetro de Alquiler Vacacional de la Universidad de Salamanca.

Malestar en el sector

A la espera de conocerse el documento, que estará sometido a consulta pública durante los próximos tres meses, la asociación considera que la exigencia de contar con la autorización de la Comunidad de Madrid y la licencia municipal "supone borrar de un plumazo los miles de pisos turísticos que vienen operando desde hace ocho años (con declaraciones responsables exigidas por Turismo de la CAM) y permite la entrada indiscriminada de nuevos actores cuyo saber hacer está por demostrar".

Madrid Aloja recuerda que el pasado mes de junio trasladó al consistorio una batería de medidas para devolver la seguridad jurídica al sector y garantizar la convivencia con los vecinos. Entre ellas destacaban un censo con un sistema de plazas limitadas —de acuerdo con criterios objetivos—, pero dinámico, para garantizar un crecimiento sano y sostenible.

La asociación insiste en que "no se pueden generalizar los casos aislados de mala convivencia vecinal y hacer que paguen justos por pecadores. Según la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid del Ayuntamiento de Madrid de 2019, solo un 3,5% de los ciudadanos lo reconoce como un problema, porcentaje muy inferior al de otros como la limpieza de las calles (36,3%), la contaminación del aire (24%) o el tráfico y los atascos (16,5%)", insisten desde la asociación.

"Vemos con buenos ojos que se haya retirado la exigencia de que las viviendas tengan un acceso independiente, diferente al del portal, clarificando el futuro del sector. Pero iría contra el sentido común prohibir las que ya existían, puesto que la normativa que se hace es para regularlas y no para sepultarlas. La retroactividad de esta medida sería una bomba de relojería para un sector económico clave para la región y para la proyección de Madrid como destino turístico de primer orden", ha declarado el presidente de Madrid Aloja, Adolfo Merás.