trabaja con unidos podemos en un nuevo real decreto

El decreto sobre alquiler pasa la patata caliente de los precios a las comunidades

El Gobierno llevará previsiblemente este viernes al Consejo de Ministros un nuevo decreto para intentar regular el mercado del alquiler en España

Foto: El Gobierno pasa la patata caliente de limitar los precios del alquiler a las Comunidades Autónomas (Foto:iStock)
El Gobierno pasa la patata caliente de limitar los precios del alquiler a las Comunidades Autónomas (Foto:iStock)

El Gobierno llevará previsiblemente este viernes al Consejo de Ministros un nuevo decreto para intentar regular el mercado del alquiler en España después de que su primera intentona no contara con el respaldo del Congreso de los Diputados.

El documento que llegrá al Consejo incluye una de las exigencias irrenunciables para que Unidos Podemos lo apoye y que no incluyó el decreto anterior: la regulación de los precios de los alquileres.

Sin embargo, no habrá una limitación directa de los alquileres, puesto que para ello sería necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero sí un sistema de índice de precios en el que podrán participar las comunidades autónomas, en quienes recaerá la responsabilidad de incentivar a los propietarios de las viviendas en alquiler para que respeten los precios de dichos índices. No en vano, las comunidades tienen transferidas las competencias en materia de vivienda.

Este sistema de índices deberá ser aprobado por la Administración central y se realizará, según la Cadena Ser, en base a datos de la Agencia Tributaria y el Catastro y sobre él, las comunidades podrán elaborar índices propios para desarrollar sus políticas de vivienda.

"Estamos trabajando en la creación de un índice estatal sobre el alquiler al que se vincularán diferentes estímulos para quienes alquilen a precios asequibles", ha dicho hoy Helena Beunza, secretaria general de vivienda durante su intervención en la Conferencia "Precios de Vivienda en España: Venta y Alquiler. Evolución 2018 y Tendencias 2019".

"Este índice estatal", tal y como ha dicho Beunza, "será compatible con los autonómicos que puedan poner en marcha las comunidades, quienes tienen transferidas las competencias en materia de vivienda. Lo elaboraremos a la mayor brevedad posible porque la transparencia es necesaria para el buen funcionamiento de este mercado", ha dicho al tiempo que ha asegurado que "de momento", no se está hablando de limitar los precios del alquiler de vivienda en las negociaciones del decreto.

En un encuentro con los medios posterior a la inauguración de la jornada, también ha destacado que "solo puede asegurar que se está trabajando en ello y que va en buen camino". Sobre si el Real Decreto en materia de vivienda se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros, Beunza ha resaltado que "dependerá de cómo vayan las negociaciones" y ha apuntado que aunque van bien y se está hablando con todos los grupos políticos, "todavía no hay nada definitivo".

Bonificaciones en el IBI

Para incentivar a los propietarios que se ajusten a dicho índice, tal y como avanza Expansión, se contemplan bonificaciones del 80% de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). No obstante, la elaboración de dichos índices podría demorarse hasta ocho meses.

Otra de las grandes novedades del nuevo real decreto respecto al anterior radica en la actualización de las rentas. El nuevo documento stablece que las subidas interanuales en los contratos se vinculen de forma obligatoria al IPC, con el fin de que no puedan establecerse tramos con mayores subidas en los contratos.

Como en el anterior decreto, se eleva a cinco años la duración mínima de los mismos -frente a los tres actuales-, siete en caso de ser el propietario una empresa. Asimismo, el decreto recoge diferentes modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de introducir mayores garantías en los desahucios que afecten a personas en situación de vulnerabilidad, ya que los juzgados deberán de oficio ponerse en contacto para comprobar esta situación.

El borrador establece que, ante todo caso de desahucio, los juzgados deberán contactar con los servicios sociales y, de detectarse una situación de vulnerabilidad, este deberá aplazarse un mes si la propiedad una persona física, y tres meses en caso de ser una empresa. Los lanzamientos de la vivienda que dictamine un juez deberán especificarse con fecha y hora exacta, y no con fecha abierta, aunque este aspecto está aún pendiente de confirmarse con el Ministerio de Justicia.

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