El alquiler entra de lleno en la agenda política tras el 'boom' de precios

Viernes 16 de febrero, se cumple el plazo de 30 días para que el Gobierno decida si veta o no la propuesta de Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentada a finales del pasado mes de enero. Cuentan con el apoyo de Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT y Bildu. Sábado 17 de marzo, el PP registra su veto contra el proyecto cuyas líneas básicas se centran en la paralización de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social, al tiempo que incluye medidas contra la pobreza energética y de protección a los inquilinos frente a los arrendadores fijando, por ejemplo, un límite a los alquileres. La decisión última corresponde a la Mesa del Congreso el próximo martes donde tienen mayoría PP y Ciudadanos —cinco asientos frente a los cuatro de PSOE y Unidos Podemos—.

Jueves 16 de marzo, dos días antes del veto del PP a la propuesta de la PAH, el PSOE presenta su propia propuesta de ley para fomentar un parque de alquiler estable en España recuperando la duración de los contratos de arrendamiento hasta los cinco años e incorporando incentivos fiscales para aquellos que decidan alquilar sus viviendas a precios limitados. Dentro de 30 días, los populares deberán pronunciarse de nuevo.

El incremento del alquiler es especialmente abultado en ciudades como Madrid y Barcelona, con aumentos del 33% y de 54%, respectivamente

El alquiler ha entrado de lleno en la agenda política en pleno 'boom' de precios y está por ver si durante los próximos meses, más allá del alcance del recién aprobado Plan Estatal de Vivienda, consigue hacerse hueco entre las prioridades del Gobierno, a un año de las elecciones municipales y a dos de las generales y en medio de una gran agitación social por el problema de las pensiones, que este fin de semana han vuelto a sacar a las calles a miles de jubilados.

En la vida de miles de ciudadanos, el alquiler, de hecho, ya se ha convertido en un problema económico. Desde 2014 —año en el que marcaron mínimos— hasta 2017, los precios de los alquileres se han disparado un 25% en toda España. El incremento es especialmente abultado en ciudades como Madrid y Barcelona, con aumentos del 33% y de 54%, respectivamente. Solamente en el último año, el encarecimiento ha sido del 9% en la capital de España y del 6,6% en la Ciudad Condal. En ambos casos, los precios se encuentran en máximos históricos. En Baleares, la subida roza el 50% en los últimos cuatro años, mientras que en Canarias o la Comunidad Valenciana, los porcentajes son cercanos al 30%. Y sumando.

Los datos proceden fotocasa ya que, por sorprendente que pueda parecer, no existe ninguna estadística oficial que recoja la evolución de los alquileres en España. Los que ofrece este portal inmobiliario —como los de idealista— son precios de oferta, por lo que resulta imposible saber a ciencia cierta cuál es el precio real al que se firman los contratos de arrendamiento. No obstante, en un contexto como el actual, todo apunta a que tanto los precios como los incrementos posiblemente sean mayores.

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Son varios los factores que han provocado este 'boom' del alquiler: la escasez de la oferta, el auge del alquiler turístico, el enorme apetito inversor por este tipo de activos o la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad, entre otros. Y aunque algunas comunidades autónomas sí han comenzado a regular los arrendamientos por temporadas, a nivel nacional, el alquiler tradicional aún no ha entrado de lleno en la agenda política a pesar de que, aproximadamente, el 17% de los hogares españoles vive arrendado y de que en unos meses se producirá una auténtica avalancha de renovaciones de aquellos que firmaron sus contratos hace cinco años con la normativa vigente entonces y los que lo hicieron a partir del 1 de abril con la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que limitó la duración de los mismos a tres años —más uno de prórroga— y son ya cientos los inquilinos que han recibido notificaciones de sus caseros comunicándoles una fuerte actualización al alza de las rentas.

A todos ellos se suman, además, los cientos de familias y jóvenes que a diario buscan un piso en alquiler y son testigos directos de cómo las viviendas ofertadas en los principales portales inmobiliarios 'vuelan' en cuestión de horas a unos precios desorbitados. Todas estas escenas no son nuevas, ya se vivieron en la última burbuja inmobiliaria hace una década. Entonces, en un contexto de enorme financiación —basta con recordar las hipotecas al 110% que concedieron algunos bancos—, muchos inquilinos decidieron comprar.

Expulsados de la compra y del alquiler

En la actualidad, por el contrario, esa opción no está sobre la mesa de la mayoría de ellos. El grifo de la financiación sigue cerrado para quien no dispone de, al menos, el 30% del valor de la vivienda ahorrado, por lo que el alquiler es, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, la única opción posible, aunque buena parte de la población también comienza a estar excluida de este mercado. Y es que en un contexto de recuperación del empleo, pero de salarios aún muy bajos y alquileres al alza, el pago de las rentas comienza a ser insostenible para la economía de muchas familias —hogares que destinan más del 30% de los ingresos al pago del alquiler— que se están viendo desplazadas hacia las zonas periféricas de las grandes ciudades u obligadas a regresar al hogar paterno-materno.

En la actualidad, cientos de familias no pueden acceder a una vivienda en propiedad, pero tampoco pueden hacerlo a una en alquiler

A pesar de las dificultades de acceder a una casa, ya sea en régimen de propiedad o de arrendamiento, la problemática en torno al acceso a la vivienda parecía, hasta hace un par de meses, un tema tabú en la agenda política del Gobierno, muy centrado en taponar la herida de los desahucios. Desde marzo de 2015, cuando entró en vigor la nueva LAU, el alquiler no ha vuelto a entrar en el debate parlamentario. Ni siquiera en un momento, tal y como consideran los expertos, que comienza a generar un gran malestar social que podría derivar, tarde o temprano, en movilizaciones como ha sucedido con las pensiones.

De hecho, en 2017, con el mercado residencial en pleno auge y el mercado del alquiler en plena ebullición, el Gobierno se vio obligado a prorrogar el anterior Plan Estatal de Vivienda. Y este año, el nuevo ha llegado con dos meses de retraso, y previsiblemente no entrará en vigor antes del verano —aunque tendrá carácter retroactivo—. Las medidas, previstas para los tres próximos años, están muy centradas en facilitar el acceso a una casa en alquiler a los menores de 35 años, pero son sumamente restrictivas para quienes superan dicha edad, hogares unipersonales, familias monoparentales o familias con hijos. Además, al tratarse de ayudas directas, todas las voces apuntan a que seguirán alimentando la subida de precios. "La solución a la vivienda de alquiler es fomentar lo escaso (la oferta) y no lo abundante (la demanda). Si la segunda se incentiva, el precio sube y el subsidio al alquiler se transforma en subvención al propietario", señala Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.

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Sin embargo, excepto la iniciativa de la PAH y la del PSOE, por lo pronto no parece que frenar el 'boom' del alquiler esté entre las prioridades del ejecutivo, una vez puesto en marcha el Plan Estatal de Vivienda. De hecho, desde la PAH temían, precisamente, que pudiera plantear el veto a la ley alegando su repercusión presupuestaria. Si finalmente no sale adelante, el PSOE tiene en sus manos, durante el próximo mes, agitar la conciencia de miles de ciudadanos que están sufriendo en primera persona la fuerte subida de los alquileres.

Hay dos propuestas de ley en el Congreso para pinchar la burbuja de los precios del alquiler a escala nacional y facilitar el acceso a la vivienda

Y si consigue que salga adelante, el alquiler entrará de lleno en la agenda política ya que se incorporaría al calendario del pleno, y en seis o siete meses podría estar lista para su votación, tal y como calcula Maro Rominguera, portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y Diputada por Zamora. La propuesta de los socialistas, al igual que la de la PAH —con algunos puntos en común y muchos otros en los que divergen— busca un objetivo claro, pinchar la burbuja de los precios del alquiler a escala nacional y facilitar el acceso a la vivienda, a través de una regulación integral de todo el mercado de la vivienda en España y mediante la modificación de diversas leyes (LAU, Ley del Suelo, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Hipotecaria...).

Limitar los precios de los alquileres

El proyecto de ley de la PAH plantea, por ejemplo, fijar un precio máximo en el alquiler de una vivienda. Ya sea en un contrato entre particulares o con una sociedad. La idea es fijar un índice de precios a escala nacional —aunque podrían fijarlo los distintos ayuntamientos— en función de las características de la vivienda, como su ubicación o el número de habitaciones. En definitiva, un índice que permita establecer techo en el precio que nunca se pueda sobrepasar.

El PSOE es menos radical en su propuesta ya que aboga por desgravaciones fiscales para incentivar a aquellos arrendadores que alquilen sus pisos en base a un sistema público de precios de referencia en función de la zona en la que se ubique el inmueble. Dicho sistema, según Beatriz Corredor, exministra de Vivienda y secretaria del PSOE de Ordenación Territorial y Políticas de Vivienda, deberá ser fijado por los ayuntamientos y todos aquellos caseros que respeten dichos límites podrán acogerse a una deducción en el impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF).

Ambos proyectos coinciden en recuperar la duración mínima de los contratos de alquiler hasta los cinco años, un plazo que la nueva ley limitó a tres. El objetivo, dar estabilidad del inquilino, evitar la especulación y que no se renueven los contratos o se fuerce la cancelación de los mismos para subir los precios.

El debate en torno al alquiler y las dificultades para acceder a una vivienda ha irrumpido en el Parlamento a un año de las elecciones municipales y a dos de las generales. ¿Se atreverá el Gobierno a incluirlo en la batalla política?