Carmena pide 80.000€ a 340 familias para construir sus pisos en el centro de Madrid. Noticias de Vivienda
último trámite para aprobar el convenio de gestión

Carmena pide 80.000€ a 340 familias para construir sus pisos en el centro de Madrid

El consistorio que dirige Manuela Carmena exige a los cooperativistas el pago 41 millones de euros en concepto de monetización de las redes locales

Foto: Infografía de las futuras viviendas de Raimundo Fernández Villaverde
Infografía de las futuras viviendas de Raimundo Fernández Villaverde

Nuevo encontronazo entre el Ayuntamiento de Madrid y la cooperativa que en 2014 compró al Ministerio de Defensa, por 111 millones de euros, unos terrenos situados junto al Paseo de la Castellana donde levantar sus futuras viviendas. El consistorio que dirige Manuela Carmena exige a los cooperativistas el pago 41 millones de euros -tres veces más respecto a los 14 millones inicialmente previstos- en concepto de monetización de las redes locales.

Un desembolso necesario para que el convenio de gestión del proyecto obtenga la aprobación definitiva por parte del ayuntamiento y pueda arrancar la construcción de las 340 viviendas que componen el mismo. Si tenemos en cuenta el precio licitación de solar - 90 millones de euros-, esta monetización supondría el 30% del valor del mismo.

Estos 41 millones de euros tendrán un duro impacto sobre los bolsillos de los cooperativistas ya que supondrán un desembolso adicional de unos 80.000 euros para cada una de esas más de 300 familias que, de media, ya han pagado unos 200.000 euros, aproximadamente el 40% del coste total de sus futuras casas. Un coste extra que, tal y como reconoce Juan Andrés García, portavoz de la cooperativa, muchas familias no podrán asumir.

"La monetización de las redes locales, que no puede materializarse en el ámbito, y que se concreta en 10.772,50 metros cuadrados, estaba contemplada en los pliegos de la subasta, en el Plan Parcial de Reforma Interior del ámbito y en la aprobación inicial del convenio y en esos tres casos, la valoración inicial empleada por el Ayuntamiento de Madrid para acordar el importe de la monetización ascendía a unos 14 millones de euros, tres veces menos de lo que actualmente nos reclama el consistorio", asegura Juan Andrés García, portavoz de la cooperativa y uno de los afectados. Sin duda un nuevo revés económico sobre el que la cooperativas debe tomar una decisión en menos de quince días.

El ayuntamiento exige a los cooperativistas el pago 41 millones -tres veces más de lo previsto- en concepto de monetización de las redes locales


Desde la cooperativa critican que el ayuntamiento "está trabando desde el inicio esta promoción. Para la aprobación del Plan Parcial ya renunciamos a finales de 2015 a 460 plazas de garaje que nos han supuesto otro quebranto económico de unos 15 millones de euros, y accedimos a ceder al consistorio un espacio para una guardería porque, aunque no estaba contemplado en el proyecto, entendíamos que era positivo para el barrio. Ahora, siete meses después de la aprobación inicial del convenio de gestión nos encontramos con que han triplicado el importe que debíamos monetizar por la parcela que le corresponde y que por tamaño no se le puede ceder al ayuntamiento", explica Juan Andrés García. "Han puesto a la cooperativa en una situación de indefensión hasta tal punto que su viabilidad está en peligro", añade.

Tres años de gestiones urbanísticas

El tortuoso camino urbanístico de la cooperativa arrancó en noviembre de 2014. Ese mes se impusieron en la subasta por el solar en manos de Defensa con una oferta de111 millones de euros, por encima de lo que ofrecieron Ferrovial, Construcciones Amenabar o Pryconsa.

Fue necesario un año para la aprobación del Plan Parcial de Reforma Interior del ámbito -noviembre de 2015-, para cuya aprobación, la cooperativa renunció a la construcción de casi medio centenar de plazas de garaje. Un año después, en enero de 2017 se aprobó inicialmente el convenio de gestión, trámite urbanístico necesario, junto al proyecto de reparcelación y de urbanización para emitir la licencia de obras que permita construir las viviendas.

"Si volvemos a ceder a las exigencias del ayuntamiento podríamos tener la licencia de obras en tres o cuatro meses, pero lo cierto es que tampoco nos fiamos de que por el camino puedan surgir nuevos problemas", asegura Juan Andrés García. "El 10 de marzo finalizaba el plazo de alegaciones, ya deberían haberse respondido, pero ya llevamos siete meses de retraso", añade el portavoz de la cooperativa Residencial Maravillas. "Y en estos tres años de tramitación urbanística y administrativa seguimos pagando alquileres y préstamos sin saber cuándo podremos llegar a tener nuestras casas".

Según reconocen desde la gestora, este nuevo quebranto económico, la renuncia a las 460 plazas de aparcamiento y los retrasos en el arranque de las obras se traducirán, inevitablemente, en unas viviendas más caras de lo inicialmente previsto, de unos 3.200 a unos 4.000 euros el metro cuadrado. Es decir, que para una vivienda de 100 metros cuadrados, estaríamos hablando de 400.000 euros y no de 320.000 euros, es decir, un 25% más cara.

Todos los contratiempos han encarecido las viviendas que han pasado de costar 3.200 euros el metro cuadrado a 4.000


La cooperativa achaca este cambio en la tasación a la aceptación por parte del consistorio de una alegación "presentada de forma irregular, sin registro de entrada ni firma del alegante. Según esta alegación", señala David Alcantarilla, representante de Domo, gestora de la cooperativa, "la valoración inicial empleada por el Ayuntamiento de Madrid, hasta en tres informes, para acordar el importe de la monetización correspondiente a la cesión de redes locales fue errónea y solicita una nueva valoración aplicando un criterio adicional".

Tal y como explica Alcantarilla, "la cooperativa cuenta con dos dictámenes de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid que avalan en ambos casos el criterio de valoración establecido previamente y del que ahora se quiere desdecir el Ayuntamiento. La aplicación de este nuevo criterio supondría el establecimiento de una tasación que triplica la que se incorporó en el pliego de la subasta de la parcela".

Sin embargo, desde el consistorio aseguran a El Confidencial que "dicha alegacion no es la que ha motivado esta revisión, sino que durante el periodo de información pública del convenio han sido presentadas diferentes alegaciones, entre ellas una del PSOE, que cuestionan los criterios de valoración y en consecuencia, el importe de la compensación económica de las redes recogidas en sus estipulaciones".

Quince días para tomar una decisión

Y añaden que "ante la inexistencia hasta esta fecha de un criterio general que permita la valoración económica de la cesión de redes públicas en los ámbitos en que no existe suelo suficiente para su materialización, la Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística estableció el 6 de junio un criterio específico para la valoración de dichos suelos, con arreglo al que se ha procedido a valorar las redes a monetizar en este ámbito, criterio que ha sido confirmado por un dictamen de 28 de julio de 2017 de la Universidad Carlos III de Madrid, y de un informe de la Asesoría Jurídica de 6 de octubre de 2017".

Solar de Raimundo Fernández Villaverde.
Solar de Raimundo Fernández Villaverde.

Una nueva valoración que ha triplicado la tasación inicialmente prevista y que desde la cooperativa y la gestora de la misma achacan al hecho de que "han valorado esos terrenos como si su uso fuera residencial y no dotacional, como así habría sido si se hubiesen podido ceder los terrenos. Y, a efectos de valoración, ésta se debe realizar conforme a la finalidad de los terrenos que, en este caso, habrían sido dotacionales", concluye David Alcantarilla.

La pelota está de nuevo en el tejado de los cooperativistas, quienes deberán tomar una decisión en su próxima asamblea. "Tenemos la sensación de que pretenden que nos veamos obligados a vender la parcela para que alguien pueda dar luego un pelotazo, algo contra lo que siempre se han mostrado en contra en el ayuntamiento", apunta Juan Andrés García quien reconoce que hay socios que se están planteando darse de baja, "pero no porque quieran, sino por obligación".

Reconoce y lamenta la callada que ha obtenido por respuesta por parte del Ayuntamiento de Madrid a quien le han propuesto una mesa de diálogo para poder llegar a un punto de acuerdo ya que si la cooperativa decide no pagar esos 27 millones de euros adicionales -41 millones que fija la tasación actual menos los 14 inicialmente previstos-, el proyecto se quedará en punto muerto, un escenario que, de producirse, podría provocar la disolución de la cooperativa y la posterior venta del solar. El tiempo juega en su contra.

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