Pisos de cooperativas un 8% más caros por las trabas urbanísticas de Carmena

Disgustos, noches de insomnio, problemas económicos y, por si fuera poco, viviendas más caras. Los trámites y retrasos urbanísticos y administrativos que afectan al proyecto de la cooperativa que compró al Ministerio de Defensa el solar de Raimundo Fernández Villaverde por 111 millones de euros se han convertido en una auténtica pesadilla para sus 355 socios.

Sus casas, tras renunciar a 460 plazas de garaje, tal y como impuso el Ayuntamiento de Madrid para poder aprobar el Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI), son ahora entre un 7% y un 8% más caras. Un porcentaje que si se traduce a dinero, estaríamos hablando entre 16.000 y 62.500 euros más por cada vivienda, dependiendo de la tipología, puesto que el proyecto contempla pisos de 60 metros cuadrados y de hasta 230 metros.

“Ese ha sido el peaje que tuvimos que pagar para que dieran luz verde, en noviembre del año pasado, a la aprobación definitiva del PPRI. Ahora, de nuevo, nos quieren imponer nuevas exigencias para aprobar el convenio de gestión, necesario para poder empezar a construir nuestras casas", explica Juan Andrés García, uno de los cooperativistas y miembro del consejo rector de Residencial Maravillas.

Con 37 años y padre de un bebé de seis meses, ha depositado en este proyecto todos sus ahorros y los de su mujer. Su situación económica no es, aún, tan delicada como la de otros cooperativistas, algunos de los cuales se han visto obligados a pedir préstamos personales para poder seguir haciendo frente a los pagos.

La media del dinero aportado por cada uno de los socios se sitúa en 250.000 euros, aproximadamente entre el 30%-40% del precio final de sus viviendas. Pero el goteo de aportaciones continúa. De hecho, por el préstamo que tuvieron que pedir para efectuar el segundo pago al Ministerio de Defensa están pagando unos 1.500 euros de promedio.

Entre 16.000 y 62.500 euros más por cada vivienda, dependiendo de la tipología, puesto que el proyecto contempla pisos de 60 y hasta 230 metros

"Hay socios en una situación límite. Algunos incluso se están planteando darse de baja", explica este cooperativista. Pero salir de la cooperativa en estos momentos, y a pesar de que existe incluso lista de espera para convertirse en socio, no es tan fácil. "Como promotores, hemos asumido unos riesgos y no es tan sencillo salir. Y, aunque no se prevé suspensión de pagos por el momento, lo cierto es que no hay tesorería para afrontar la posible salida de socios", añade.

Algunos socios acusan directamente al consistorio de Manuela Carmena de chantaje. "Nos están chantajeando porque saben que no queremos perder nuestro dinero y queremos nuestras casas. Nos impusieron reducir las plazas de aparcamiento de 1.450 a 990 unidades, a pesar de contar con dos informes favorables de la DGT. Una imposición que ha supuesto que la vivienda que yo compré se haya encarecido en 30.000 euros, ya que contábamos con la venta de algunas de esas plazas para costear parte del proyecto", se lamentaba recientemente otro socio que ha desembolsado ya 300.000 euros por una vivienda de casi 600.000.

Sin plazo para la aprobación del convenio

"Para nosotros no es una cuestión de dinero, lo que nos duele es que el proyecto no avanza y que están jugando con nuestro hogar y nuestro proyecto de vida", apunta Juan Andrés García. "El tiempo juega en nuestra contra, un tiempo que controla el Ayuntamiento de Madrid, porque ellos no pierden nada mientras nosotros nos morimos de inanición. Y lo peor de todo, lo que realmente nos está perjudicando, es que, desde el punto de vista legal, no hay plazos para aprobar el convenio de gestión. Si el Ayuntamiento quisiera, podría firmarlo mañana mismo y nosotros podríamos pedir la licencia de obras".

Los cooperativistas pensaban recibir sus viviendas a finales de 2018, pero ahora todo está en el aire. "Yo tengo un niño de seis meses y ya contaba con pedir plaza en un colegio de la zona. Ahora no sé qué hacer. Esta situación nos está quitando a todos el sueño, y, además, nos sentimos indefensos", asegura este mismo socio.

El enésimo enfrentamiento con el consistorio madrileño se centra, precisamente, en la aprobación del convenio de gestión, que incluye nuevas exigencias a los cooperativistas bajo la amenaza subyacente de retrasar 'sine die' su aprobación. Estas exigencias se resumen en dos. La primera se centra en convertir el espacio del patio privado interior de la futura promoción de viviendas en un espacio libre público.

Este requerimiento "no tiene amparo legal alguno además de ser contrario a lo establecido en el Plan Parcial de Reforma Interior aprobado por el pleno del Ayuntamiento el pasado 27 de noviembre, en una votación que obtuvo los votos a favor de una parte de los concejales de Ahora Madrid", ha recordado Juan Alonso Márquez, otro de los socios de la cooperativa y miembro también del consejo rector.

Además, el Ayuntamiento quiere recibir la compensación de las redes locales mediante la entrega de locales comerciales por la cooperativa a precio de dotacional, y no de terciario, es decir, a un precio muy inferior al que se pagaría en el mercado. "Como sus exigencias no disponen de amparo legal, el consistorio pretende promover la tramitación de un Plan Especial que retrasaría aún más el inicio de las viviendas y que, en cualquier caso, podría incurrir en nulidad de pleno derecho al no ser un instrumento urbanístico legalmente habilitado para ello", explica este cooperativista. "Las peticiones del consistorio son contrarias a la normativa vigente y vulneran derechos elementales de los futuros residentes de las viviendas. Y nosotros no estamos dispuestos a saltarnos la ley", insiste Juan Alonso Márquez.

Piden una reunión con Carmena

La cooperativa no está dispuesta a dar su brazo a torcer como ya ha hecho en ocasiones anteriores. Además de renunciar a casi medio millar de plazas de aparcamiento, la cooperativa también cedió a la exigencia de retranquear la acera del solar que da a la calle Raimundo Fernández Villaverde para prolongar el jardín de uso público que hay en las dos manzanas siguientes, cuyas edificaciones tuvieron que ceder en su día el mismo espacio para uso público, pero que sin embargo pudieron conservar el uso privado de sus patios interiores."Queremos cumplir la ley, esta parálisis no beneficia a nadie. Sin embargo, parece que el Ayuntamiento no quiere que avance si no cedemos a sus exigencias", añade Juan Alonso Márquez.

Por el momento, los cooperativistas han presentado ya sus alegaciones al Ayuntamiento de Madrid, pero este no tiene establecido un plazo para darles una respuesta. Piden que las autoridades municipales les reciban, ya que la vía de emprender acciones legales retrasaría aún más el inicio de la construcción. De momento, no han sido recibidos por ningún cargo político, sino que los contactos han sido con departamentos técnicos del consistorio.