España, país de "alto riesgo" para el tráfico de tigres

WWF ha advertido de que España es un país de "alto riesgo" para el tráfico de tigres, debido a la falta de normativa y controles "más estrictos", unos aspectos que lo convierten en uno de los principales países de la UE implicado en el tráfico de estos animales.

Asimismo, ha destacado que España es uno de los países donde la tenencia de tigres en cautividad está permitida por propietarios privados, como circos o instalaciones particulares.

Así lo refleja el informe conjunto de WWF y TRAFFIC 'Rompiendo el sistema: El papel de la población de tigres en cautividad de la Unión Europea y Reino Unido en el tráfico de tigres', donde alertan de que la legislación "débil" y los controles "limitados" de las instalaciones privadas de tigres en cautividad en la Unión Europea y el Reino Unido "facilitan" que las partes de tigre, como pieles y huesos, accedan al mercado ilegal.

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Las ONG piden la prohibición del comercio de tigre dentro y fuera de la Unión Europea, donde el análisis subraya que España, Francia y Eslovaquia son países de 'alto riesgo' para el tráfico de tigres.

El informe confirma que en la Unión Europea y en el Reino Unido existe un "elevado número" de tigres en cautividad y que continúa el comercio con tigres vivos y con sus partes con países donde se sabe que las granjas de tigres alimentan el comercio ilegal de tigres, como China, Tailandia y Vietnam.

También confirma que, según los casos checos, los tigres de la UE sirven como 'materia prima' para el mercado negro o tráfico de especies. Entre 1975 y 2018, se han notificado 95 incautaciones que incluyen varias partes y productos de tigre, además de tigres vivos.

El estudio afirma que las exportaciones comerciales se realizan a pesar de las restricciones establecidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), incluida la Decisión/sección 14.69, que establece que los tigres no deben criarse para el comercio de sus partes y productos.

Cautividad

En este sentido, subraya que el comercio de tigres en cautividad y sus partes está "muy relacionado" con el tráfico ilegal. "No solo porque dificulta los esfuerzos para aplicar la ley, sino porque también legitima el uso de productos de tigre y puede estimular la demanda del mercado", ha afirmado el líder de la iniciativa 'Tigers Alive' de WWF, Heather Sohl.

El informe de WWF y TRAFFIC destaca que "no existe normativa suficiente, ni tampoco un control suficiente de los registros e inspecciones de los lugares donde se tienen tigres en cautividad".

"Es casi imposible saber cuántos tigres en cautividad hay actualmente en la UE. Existen medidas limitadas y pocos requisitos para la presentación de informes que permitan evaluar con precisión y regularidad las cifras totales a nivel nacional, y mucho menos en la UE ", ha dicho la oficial de programa de Traffic y autora del informe, Louisa Musing.

En este sentido, la jefa del Departamento de Biodiversidad y de inspección ambiental checa de CITES, Pavla Ríhová, ha destacado que "hay muchos tigres" en Europa en cautividad, estimándose en un mínimo de 850, aunque se desconoce el número exacto y dónde se encuentran, porque cada país tiene diferentes regulaciones nacionales.

"Algunos países tienen registros sobre los propietarios, pero la mayoría no. Esta situación complica enormemente la aplicación de la ley en relación con el comercio de tigres en cautividad", ha dicho Ríhová.

Para la responsable del programa de especies de WWF España, Gemma Rodríguez, los principales retos de España, y del resto de países europeos identificados como lugares de riesgo para el tráfico de tigres, "son mejorar la legislación, realizar monitoreo e inspecciones regulares de las instalaciones, además de actualizar el registro del número de tigres en cautividad".

Ante esta situación, WWF y TRAFFIC proponen a la Comisión Europea, los Estados miembro y a Reino Unido prohibir el comercio de tigres en cautividad; y considerar prohibir la tenencia de tigres en circos e instalaciones privadas, salvo que los controles sean suficientes para garantizar su legalidad.