La agente literaria que quiso demostrar un fraude médico y arruinó su vida en el intento

Pilar Ocón es una agente literaria poco común. Su empresa, con sede en Granada, se especializaba en literatura científica inédita, es decir, en 'papers' que aspiran a ser publicados en revistas o libros. Era la única en la mitad sur de la Península haciendo eso, en una ciudad de mucha tradición universitaria. Su agencia pronto subió como la espuma y en los años buenos, entre 2003 y 2008, llegó a trabajar (según su estimación) con más de 9.000 autores, universidades extranjeras o las editoriales científicas internacionales más relevantes, como Springer o Elsevier.

Sí, hablamos en pasado de la empresa. Desde hace una década, está sin actividad, dado que su fundadora tuvo que dejarla aparcada mientras permanece aún enfrascada, a medio camino entre la heroicidad y la insensatez, en un contencioso administrativo contra el Servicio Andaluz de Salud, al que demandó por fraude científico.

TE PUEDE INTERESAR

El satélite español Ingenio irá más ligero: 6M de euros en instrumentos se quedan en tierra

Antonio Villarreal

"Yo era la única que hacía algo así", recuerda Ocón, especialista en esa intersección entre la literatura científica y los derechos de autor. "Estudié y conocí esta profesión en el extranjero, y con lo que ha ocurrido, ya tengo todas las puertas cerradas en el aspecto laboral".

Así saltó la liebre

Cuando hace 15 años Ocón montó la primera y única empresa de gestión de derechos científicos de la ciudad, hubo escepticismo. ¿Para qué necesita un investigador más intermediarios cuando de toda la vida se han remitido directamente los artículos a las revistas? Pero como no cobraban a los autores y además les ayudaban a colocar sus artículos en revistas internacionales, pronto el boca a boca comenzó a hacer efecto, especialmente entre universitarios que buscaban sus primeras publicaciones.

Para los editores, Ocón disponía de un escaparate de artículos científicos que ofrecer a revistas y editoriales que, además, habían pasado sus estrictos controles de revisión previa. Inspirada en sistemas que había visto en el extranjero, la agente había ideado una fórmula que bautizó como Método IWE, consistente en un escrutinio del artículo llevado a cabo por revisores internacionales mediante el sistema doble ciego —el revisor no sabe de quién es el artículo ni el autor quién lo revisa— y acuerdos de confidencialidad.

Todo esto sucedía antes de enviar cada artículo, que luego era sometido a la revisión por pares o 'peer review' que aplicaba cada revista o grupo editorial. "Cada artículo debe entenderse como un informe médico que relata el proceso diagnóstico y la finalidad del tratamiento, aunque no se comprenda en absoluto el tratamiento descrito ni la bibliografía imprescindible a toda investigación clínica", explica la agente. "La eficacia del método IWE en la aceptación o rechazo se encuentra en esta fase, que nunca la hará un especialista en la materia sino un simple lector sin conocimientos técnicos de la especialidad".

Es decir, era una especie de 'check-list' que evaluaba la coherencia argumental, plagios, comprensión, unidad o estructura narrativa del artículo. Si un 'paper' no superaba el Método IWE de Ocón, era rechazado sin más argumentación. Esta forma de trabajar no tardó en generar conflictos a ambos lados de la cadena de publicación.

Si hay un fallo o un plagio en literatura, se puede resolver con un acuerdo, pero en un estudio científico hay vidas en juego

No solo protestaron muchos autores siguiendo la fórmula "¿pero quién se cree esta?" sino también los revisores de las revistas —extrañados de que un artículo que esperaban recibir hubiera sido rechazado por una extraña entidad intermediaria de la que lo desconocían todo— y de las editoriales. "Les molestaba que yo negociara los inéditos", dice la agente.

"Cuando el autor me llega a mí, quien lo remite luego soy yo", se defiende Ocón. "Si hay un fallo o un plagio, ¿quién es responsable, él o mi empresa? En la literatura convencional, un plagio se puede resolver con un acuerdo privado para que no trascienda, pero en literatura científica, estamos jugando con la vida de las personas".

Material sospechoso

Los artículos con los que su cabeza hizo clic pertenecían a un ensayo clínico que comparaba dos intervenciones quirúrgicas para el cáncer colorrectal, con el objetivo de comprobar cuál tenía mejores resultados. En el estudio COLOR —que luego tuvo dos continuaciones— participaban 24 hospitales de Holanda, Alemania, Francia, Italia y España. Ocón comenzó a revisar aquellos artículos y comprobó que muchos contenían información incompleta, documentación de preoperatorio sin rellenar incluida como anexo, hojas de tratamiento rellenadas a bolígrafo y tachadas... Nada que implicara directamente que las conclusiones del estudio fueran inválidas, pero que despertaba muchas suspicacias sobre el seguimiento estricto del método científico por parte de los autores.

En primer lugar, Ocón puso este tipo de casos en conocimiento de las editoriales extranjeras como Elsevier. "Eché en falta a quién exponer esta cuestión personalmente", dice esta agente. "Me indicaron un formulario web en el que narrarla y me remitieron, por vía telefónica, a la decisión de los tribunales".

Para ella, la oscura fuerza que promueve este tipo de prácticas es la búsqueda de publicaciones rápidas y de citas para engordar los CV

Para ella, la oscura fuerza que promueve este tipo de prácticas es la búsqueda de publicaciones rápidas y de citas para engordar los méritos curriculares. "Por eso en parte tenía tanto éxito con la agencia, porque trabajar con nosotros les favorecía a la hora de buscar citas", dice Ocón. "Las citas son clave a la hora de acceder a la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud o conseguir ascensos".

El drama que provocó la acción

A finales de 2008, una tragedia personal —la muerte de su hijo de 26 años tras varios errores de diagnóstico que acabaron en una hemorragia intestinal insalvable por los médicos— acabó de convencerla de que nada era casual, y que la falta de procedimientos claros emborronada por estudios como los que había encontrado era una parte crucial del problema. "Están circulando artículos fraudulentos realizados 'ad hoc' para conseguir méritos", dice, "y cualquier investigador honesto, que son el 99%, si no tiene en cuenta estos artículos, su trabajo resulta sesgado, y si los tienen en cuenta, involuntariamente está haciendo algo dañino".

Así, un día decidió retirar 700 traducciones de estos artículos —en realidad, el Grupo Ocón eran seis empresas bajo el mismo paraguas, una se dedicaba a la agencia o los derechos de autor y las demás a realizar pingües traducciones de literatura científica al inglés, alemán o italiano— y demandó al Servicio Andaluz de Salud por fraude científico exigiendo cinco millones de euros en concepto de lucro cesante. "Realicé un informe económico y salieron algo más de cinco millones hasta 2013, porque esto no es un trabajo o un artículo concreto, es una empresa que tuvo que retirar cientos de traducciones y que, con independencia del descrédito que te supone retirarlas, significaba perder los fondos que llevaba de una editorial médica".

En su cabeza, la demanda contra el SAS se prolongaría entre dos y tres años, pero en diciembre cumplirá 11. En este tiempo, su empresa ha paralizado la actividad que tenía, su flamante oficina con vidrieras en el centro de Granada ha dado paso a un 'coworking', su competencia en la ciudad ha crecido a base de quedarse con los autores que ella iba soltando e incluso el método de revisión que Ocón bautizó como IWE da nombre ahora a una organización sin ánimo de lucro llamada Instituto Wyckoff España.

Mientras todo esto ocurría, la agente gastaba en abogados y procuradores el dinero que había ganado durante los años buenos.

¿Errores o fraude intencionado?

Como cualquier otro servicio de sanidad donde se producen consecuencias no previstas, el Servicio Andaluz de Salud se ha visto condenado a pagar a muchos pacientes por errores médicos. El Hospital de Jerez, al que Ocón señaló particularmente en su demanda debido a su participación en el citado ensayo clínico COLOR, ha tenido que indemnizar en los últimos años con más de un millón de euros a una familia por no seguir los protocolos en un parto de alto riesgo en 2011, con 40.000 euros a otra paciente embarazada sobre la que se aplicó una mala praxis médica en 2010 o con 12.000 euros a un joven que, en 2014, se quedó con daños irreversibles en un dedo por el retraso en un diagnóstico.

La tesis de la agente literaria al presentar el contencioso-administrativo ante el SAS es que muchos de estos procedimientos acababan formando parte de estudios científicos realizados 'ad hoc' para obtener puntos y méritos, y que ella, como intermediaria, era corresponsable.

Como cabía prever, nadie la apoyó. La editorial Elsevier, muchos de cuyos autores formaban parte de la demanda, remitió un escrito en el que simplemente decía: "Lo que está documentado existe y puede ser evaluado, lo que no está documentado siempre estará sujeto a interpretaciones y por ello no puede ser considerado como una fuente fiable en el contexto pericial".

Entre medias, recursos que no prosperan, informes económicos que deben ser repetidos, abogados que dejan la causa y deben ser reemplazados (en total, Ocón ha contratado a siete letrados en este tiempo) y costes, costes, costes, todo para que, una década y una sentencia en primera instancia más tarde, la posibilidad de no tener que pagar las costas judiciales sepa como a victoria. "Tengo sentencia recurrible y tengo ingresados los 50 euros necesarios para hacerlo, sobre todo porque la sentencia no se pronuncia sobre el objeto de la demanda; existen referencias a cuatro artículos, otros dos más extensos y numerosa bibliografía, pero no se pronuncian sobre ello y las sentencias han de estar fundamentadas", razona Ocón. "No me han dado la razón, pero lo más importante es que no me la han quitado, lo fundamental es que no ha habido condena en costas y eso tiene un significado muy claro: he litigado honestamente".

No me arrepiento de haber iniciado acciones judiciales, solo de no haberlo hecho por la vía penal

"No me arrepiento de las acciones judiciales", zanja Ocón, "de hecho, lo volvería a hacer pero yendo por la vía penal".

Lo último que supo de Elsevier fue a través de una misteriosa mujer portuguesa que apareció en su vida a principios de este año. "Venía de parte de la editorial, me dijo que quería trabajar conmigo, saber qué estaba haciendo y ver por dónde iba...".

Se vieron varias veces en Madrid, pero la relación terminó en marzo, cuando la enviada por la editorial holandesa le recomendó que aparcara el lado científico de su agencia y se centrara en la literatura o las traducciones. "¡Querían que me dedicara a la literatura infantil y me olvidara de la ciencia!", exclama Ocón. "Lo que yo esperaba de Elsevier es que supiera que hay una agente literaria reclamando fraudes científicos que, desde que existe internet y la difusión de la información es instantánea, afectan a la comunidad internacional".

Una única persona enfrentándose al sistema a causa de un fraude de baja intensidad pero de consecuencias imprevisibles y potencialmente fatales, todo ello magnificado por un drama personal.

La perspectiva no es demasiado halagüeña, pero Ocón no tiene otra idea en mente que no sea llegar hasta el final. Y luego, quizá, volver a empezar.