Ecooltra, líder en motos de alquiler, pillada en un fraude de ayudas al vehículo eléctrico
La empresa, obligada a devolver 800.000 euros al acudir a subvenciones de Industria bajo diferentes nombres. La firma pacta con Fiscalía y Abogacía del Estado para cerrar el caso
La oferta es imbatible, ecológica y moderna. Por un pequeño alquiler, Ecooltra ofrece motos eléctricas en las principales ciudades españolas. Esta empresa fundada por el alemán Tim Buetefish en Barcelona descongestiona el tráfico y alivia la contaminación gracias a la tecnología. El nombre lo dice todo: transporte 'cool', al que luego se le añadió la e de eléctrico. La historia es perfecta. Pero detrás hay un caso en el que el Gobierno ha denunciado un fraude de subvenciones porque la firma acudió a las ayudas para compra de motos eléctricas como si fueran distintas empresas para vulnerar el tope previsto por ley. La empresa afirma que todo fue un malentendido y que en cuanto fue requerida devolvió unos 800.000 euros y acaba de pactar una conformidad en vía penal.
El pasado 9 de mayo, la dirección general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa emitió un informe según el cual Ecooltra había solicitado subvenciones a la compra de motos eléctricas para cinco empresas: Cooltra Motos SL, Cooltra Motos 2, Cooltra Motos 3, Cooltra Motos Ibiza y Ecooltra. En total recibió algo más de 800.000 euros en ayudas públicas para compra de vehículos eléctricos que Industria aprobó en 2012 y que fue prorrogado en varias ocasiones gracias al enorme éxito de convocatoria.
La firma insiste en que en cuanto Industria avisó devolvieron la subvención y con intereses
Sin embargo, Industria concluyó después que esas empresas deberían considerarse como una única firma a efectos del sistema de ayudas autorizado por la Unión Eropea. Así puso de manifiesto la Intervención General de la Administración del Estado. En esos informes consta que las filiales Cooltra Motos 2, Cooltra Motos 3, Cooltra Motos Ibiza y Ecooltra "carecían de sustantividad y autonomía dentro del grupo empresarial". El tope de subvención por empresa era de 200.000 euros, lo que el grupo Cooltra habría sobrepasado con creces. Todas las filiales menos la matriz (Cooltra Motos SL) habrían obtenido un exceso de 647.980,22 euros, según ha podido saber El Confidencial.
Fuentes próximas a la empresa explican que durante el proceso de la solicitud de ayudas preguntaron al ministerio si el tope de 200.000 euros por empresa se aplicaba a un grupo de empresas o a cada firma individualmente. Sostienen que fue el ministerio el que les dijo que podían optar empresas diferentes y esgrimen como prueba de que no hubo mala fe que los nombres de las empresas que solicitaron la subvención son prácticamente idénticos. Es decir, que no hubo voluntad de engañar a la Administración.
Cuando el Gobierno detecta una subvención mal gastada o mal concedida suele iniciar el reintegro de las subvenciones, un procedimiento que puede acabar en los tribunales pero al margen de la vía penal. En Cooltra insisten que en cuanto Industria avisó devolvieron la subvención y con intereses. Sin embargo, en este caso Industria denunció el caso a la Fiscalía. Esto puso en marcha un procedimiento penal contra directivos de la empresa que acaba de terminar con un acuerdo de conformidad. La acusación y la Abogacía del Estado y la Fiscalía han acordado cerrar el caso con una pequeña pena que no incluye el ingreso en prisión.
Las cuentas de Cooltra depositadas en el registro sobre el ejercicio 2016 ya daban pistas de que la firma tenía un problema con las subvenciones: "La subvención de capital no reintegrable recibida en el ejercicio 2013 procedente del Ministerio de Industria, de importe 131.959,69 euros, de los cuales afectan a patrimonio neto 34.639,41 euros en el ejercicio 2015. En el presente ejercicio se ha devuelto la subvención correspondiente al ministerio, tras la sentencia desfavorable para los intereses de la sociedad".
.@cooltra es el líder de alquiler de motos desde hace 11 años y apuesta por la movilidad eléctrica con @e_Cooltra. Nos lo contarán el 23 de noviembre en Madrid https://t.co/91mswEFJYV pic.twitter.com/2hSz8PX6Ck
— La Ruta Cero (@laruta0) 21 de noviembre de 2017
La empresa insiste en que todo ha sido un malentendido, que es una firma seria que lleva años en España, primero con motos convencionales y después con eléctricas, y que ha invertido unos 20 millones de euros en este tiempo. No son, pues, unos cazasubvenciones y han pactado para cerrar el caso lo antes posible sin problema. El Ministerio de Economía, del que depende Industria tras la última remodelación, afirmó que no puede comentar el caso porque se encuentra en la Fiscalía.
Industria ha sufrido numerosos abusos con sus subvenciones, desde las ayudas al carbón y a las que iban a reindustrializar zonas mineras. Fuentes conocedoras del sector explican que la mayoría de las subvenciones ya las conceden las comunidades autónomas y los mecanismos de control en la Administración central son menores. Aunque muchos casos se cerraban en vía administrativa con la devolución de las subvenciones, últimamente ha crecido el número de casos que iba a la vía penal por fraude de subvenciones. No solo en este asunto. La Agencia Española de Cooperación Internacional tiene varios frentes abiertos en tribunales por este tema y lo mismo ha hecho el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audivisuales (ICAA) con el fraude de la taquilla en el cine.
La oferta es imbatible, ecológica y moderna. Por un pequeño alquiler, Ecooltra ofrece motos eléctricas en las principales ciudades españolas. Esta empresa fundada por el alemán Tim Buetefish en Barcelona descongestiona el tráfico y alivia la contaminación gracias a la tecnología. El nombre lo dice todo: transporte 'cool', al que luego se le añadió la e de eléctrico. La historia es perfecta. Pero detrás hay un caso en el que el Gobierno ha denunciado un fraude de subvenciones porque la firma acudió a las ayudas para compra de motos eléctricas como si fueran distintas empresas para vulnerar el tope previsto por ley. La empresa afirma que todo fue un malentendido y que en cuanto fue requerida devolvió unos 800.000 euros y acaba de pactar una conformidad en vía penal.