Los impuestos ambientales 'made in CUP' que Albiol promete eliminar... pero no podrá

Quedan dos días para acudir a las urnas y el PP catalán ha aprovechado los últimos estertores de la campaña para atacar a los llamados "impuestos Made in CUP". En concreto, abogan por suprimir cinco impuestos propios de la comunidad autónoma aprobados durante la última legislatura por Junts Pel Sí y sus socios.

De estos cinco impuestos, tres son económicos: a las grandes superficies, a las viviendas vacías y a los bienes de lujo y los otros dos entran directamente en el ámbito medioambiental: impuesto a los elementos radiotóxicos, es decir, a los residuos de las centrales, e impuesto a los gases contaminantes.

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Si son ustedes catalanes mayores de 18 años y les ha convencido esta última estrategia a la hora de dar su voto a Xavier García Albiol, deben saber que hay algo que el candidato popular no les ha contado acerca de estos dos impuestos que pretenden suprimir. Principalmente, que no proceden de la CUP o que ya han sido desarbolados por el Tribunal Constitucional.

Impuesto a los gases contaminantes

El Parlament aprobó, en marzo de este año, un paquete de medidas fiscales que incluían, entre otros tributos propios, el citado impuesto al CO2. El conjunto de medidas, ideadas para servir como complemento recaudatorio a los presupuestos de 2017, era un plan de Oriol Junqueras, no de la CUP aunque éstos llevaron las medidas a uno de sus consejos políticos para ser votadas (y se entiende que las aprobaron, ya que siguieron adelante).

Según las crónicas de la época, la CUP no estaba tan interesada en este impuesto concreto como en los artículos de reforma del IRPF o el impuesto de sucesiones y donaciones.

Retirar el 'impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica' costará al PP catalán sangre, sudor y lágrimas. Eso sí, si llega a salir adelante, ya que actualmente se encuentra recurrido y en manos del Tribunal Constitucional, como declara aquí la Agència Tributària de Catalunya.

El Govern fue lo suficientemente hábil como para incluir este impuesto en la futura Ley de Cambio Climático de Cataluña, votada en agosto de 2017 y que fue aprobada con el respaldo de todos los partidos, incluidos PSC y Cs, y la única abstención de los once diputados del PPC.

Actualmente, 19 países de la UE, entre ellos España, han aprobado algún tipo de tasa a las emisiones de CO2 de los vehículos, bien en la compra del coche o del carburante. También la industria europea de la automoción ve con buenos ojos esta tendencia, aunque echa en falta más uniformidad a la hora de aplicar estos impuestos.

Impuesto a los elementos radiotóxicos

Esta ley entró en vigor el 1 de abril de 2017 tras muchas idas y venidas. El Govern quería una normativa para cobrar a las centrales nucleares que hay en su territorio (Ascó y Vandellós II) un total de unos 60 millones de euros anuales, pero el Tribunal Constitucional frenó también estas aspiraciones, debido a que ya existe en España un gravamen a la producción de energía nuclear.

Dado que la primera versión preveía cobrar a las centrales por producir energía eléctrica de origen nuclear, planes que escapaban a las competencias atribuidas a la Generalitat, en agosto del año pasado, Neus Munté, por entonces portavoz del Govern, admitió que la nueva ley ya no gravaría la producción de electricidad sino "los riesgos ambientales de la producción, manipulación, transporte, custodia transitoria y emisión de elementos radiotóxicos de combustible nuclear".

Sin embargo, esta ley tampoco estuvo perfilada, como sugiere el PP catalán, por la CUP (aunque la formación antisistema apoyara con sus votos la propuesta) sino principalmente por Esquerra Republicana de Catalunya, asesorada por expertos como Marcel Coderch, ingeniero de telecomunicaciones y militante de la formación republicana.

¿Y los otros impuestos?

Sería altamente improbable que el PP catalán, aunque ganara las elecciones, lograra suprimir los otros impuestos. Los motivos son variopintos:

En primer lugar, el Tribunal Constitucional admitió, el pasado mes de septiembre, el recurso de Moncloa contra el impuesto a los bienes de lujo, lo que suspendía su aplicación.

En cuanto al impuesto a las grandes superficies, que actualmente aplican también Aragón o Asturias además de Cataluña, la Unión Europea avaló su legalidad hace apenas un mes a través de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott.

En lo que respecta al impuesto que grava las viviendas vacías, el otro que García Albiol ha prometido eliminar, ya fue restringida por el Tribunal Constitucional ya que, según explicó el ministro Rafael Catalá en su momento, ese impuesto ya aparecía en el actual sistema de financiación de las haciendas locales, que prevé recargos de hasta el 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En resumen, muchos de esos impuestos ya han sido cercenados por el Tribunal Constitucional, y los que fueron aprobados cuentan con apoyo más allá de los partidos nacionalistas. Si planean votar a Xavier García Albiol este próximo 21-D, que sea por otras causas.