Por qué el caso que hizo caer al gobierno luso tiene en vilo a un pueblo zamorano de 230 vecinos

Cuando, hace unos días, el ingeniero Vicente Merino vio en televisión las noticias sobre la Operación Influencer, el caso de prevaricación que sacude Portugal y que provocó la dimisión del primer ministro António Costa, no pudo evitar pensar lo siguiente: "Es una réplica". Estas tres palabras son las únicas que el quiso aportar a este periódico para no afectar a una investigación que está judicializada en varios frentes.

Los acontecimientos investigados por la Fiscalía lusa contienen muchos paralelismos con lo que él lleva padeciendo desde hace unos años, cuando se propuso levantar en su región una biorrefinería que podría aprovechar la materia orgánica agrícola que se cultiva en los alrededores —maíz y remolacha— para generar biocombustible y, además, hidrógeno verde como subproducto.

Este hidrógeno tiene un potencial enorme para descarbonizar sectores como la industria o el transporte pesado. Por eso, es uno de los ejes sobre los que Europa quiere vertebrar su estrategia de transición energética. Hay mucho dinero encima de la mesa esperando ser destinado a este tipo de proyectos, tanto de inversión privada como de ayudas europeas. Merino había trazado un plan de negocio impecable, que incluía la compra de materia orgánica a los agricultores de la zona y la venta de biocombustible o hidrógeno a países asiáticos.

El auge en la demanda de ambos productos a nivel mundial significaba que el sueño de Merino no era ninguna locura, sino algo absolutamente viable. Por supuesto, no era el único que había tenido una idea similar. Concretamente, al otro lado de la frontera con Portugal.

El H2 verde como trasfondo

En 2019, un emprendedor holandés llamado Marc Rechter lanzó un proyecto de hidrógeno renovable en la ciudad portuaria de Sines, al sur de Lisboa. La empresa que fundó, Resilient Group, comenzó también a asesorar al ministerio de medio ambiente en el asunto sin darse cuenta de que el Gobierno tenía otros planes. El titular de la cartera, João Pedro Matos Fernandes, convenció a los holandeses de que incluyeran en el consorcio que iba a ejecutar el proyecto de la planta de hidrógeno verde a las grandes compañías energéticas portuguesas: EDP, Galp y REN.

Estas empresas lograron expulsar al holandés de Green Flamingo, el consorcio original que renombraron como H2 Sines. Rechter volvió a fundar otro consorcio para poder presentarse a unas ayudas financiadas por Europa pero concedidas por el Gobierno portugués. Pero el Ministerio de Infraestructuras, cuyo titular João Galamba está siendo investigado, favoreció al consorcio portugués y dejó a los holandeses fuera de juego. La Fiscalía investiga ahora si pudo existir un modus operandi similar en las adjudicaciones de las minas de litio al norte del país, cerca de la frontera con Ourense.

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Todo aquello sonaba demasiado familiar para los habitantes de Barcial del Barco, el pueblecito de 236 habitantes que desde hace años lleva presenciando la lucha de Merino a varios niveles.

El ingeniero lleva desde 2006 dando forma a este sueño. Con ayuda de su familia y de un inversor alemán, la empresa echó a andar. En 2020, el ayuntamiento declarara el proyecto de "interés social" para desbloquear que la Diputación de Zamora adquiriera por 300.000 euros unos terrenos antiguamente dedicados a un proyecto de Iberdrola y los cediera a la iniciativa, que prometía generar más de 200 empleos directos.

"El proyecto era un revulsivo para un pueblo como este, con ingresos mínimos", dice a El Confidencial el entonces alcalde de Barcial, Carlos Neches. "Aquí el 90% vive de la agricultura y lo poco que hay son empresas ganaderas".

Por sus años de experiencia en el sector, a Merino no le costó encontrar socios que le acompañaran en este camino, pero la complejidad del proyecto requería de una empresa potente y consolidada. Tanteó a dos empresas capaces de llevar a cabo la biorrefinería con garantías: Acciona y el Grupo Cobra, la unidad industrial de ACS. Pese a que inicialmente llegaron a vislumbrar con Acciona obtener fondos Next Generation para el proyecto, finalmente el ingeniero castellanoleonés y sus socios se decantaron por los segundos. Ahí fue cuando comenzaron los problemas.

El 16 de noviembre de 2021, apenas unas semanas después de que las máquinas entraran en los terrenos destinados a la biorrefinería, Merino recibió la llamada de un directivo de Cobra que, afortunadamente para sus intereses, pudo grabar. En ella, Cobra daba un paso atrás donde ofrecían a Merino figurar como constructores pero no como inversores.

"Este tema va a hacer ruido seguro en determinados sectores de la Junta y nosotros no queremos que haya ningún tipo de interferencia"

"En estos momentos tenemos un montón de temas de renovables e inversiones en Castilla y León", explicó el directivo en una llamada a la que este periódico ha podido acceder. "Este tema [...] va a hacer ruido seguro en determinados sectores de la Junta y nosotros no queremos que haya... el dinero es muy cobarde... ningún tipo de interferencia de ese ruido con las otras inversiones que están pendientes de lograrse".

Merino sospechaba que la presencia en su empresa de Silverio Mayendía, quien figura como abogado de la acusación particular en la trama eólica —el mayor escándalo de corrupción de la historia de la comunidad, aún judicializado— podía ser la causa de esta vendetta. Así que un mes más tarde, después de recabar pruebas, el ingeniero presentó una denuncia contra varios altos cargos de la Junta.

Además de enumerar "hechos que pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de extorsión a inversores, prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, sabotaje industrial y fraude contra la propiedad industrial, amenazas, coacciones y señalamiento a los promotores así como difamación de los mismos", Merino aseguraba que el objetivo último era obligarle a abandonar el proyecto de biorrefinería, forzándole a vender a precio de saldo su participación en la empresa que fundó, consciente de que esta era la única salida que la administración regional le dejaba para que su sueño viera la luz.

Una batalla con muchos frentes

La apuesta era arriesgada, pero se admitió a trámite y ha ido progresando en la instrucción, que como el caso portugués se encamina ahora hacia la fase decisiva. En los próximos meses, varios exaltos cargos de la Diputación de Zamora, la Junta de Castilla y León o Acciona desfilarán en sede judicial para explicar si hubo o no extorsión a los promotores del que iba a ser el mayor proyecto industrial de la historia de la provincia.

En realidad, ninguno de ellos ocupa ya la posición que ostentaban en el ámbito público cuando se juzgaban los hechos. Francisco Igea, antaño vicepresidente de la Junta de Castilla y León, salió del Gobierno y más tarde del partido Cs. Francisco José Requejo, hasta este año presidente de la Diputación, es hoy un concejal más en el ayuntamiento de la capital bajo las siglas de Zamora Sí. Alberto Burgos, exdirector general de Industria de la Junta de Castilla y León, anuncia hoy en su LinkedIn que está "en busca de nuevos retos profesionales". Las elecciones anticipadas de febrero de 2022 hicieron tabula rasa entre los cargos que estuvieron implicados en este asunto.

Igea, en su última rueda de prensa como vicepresidente antes de ser cesado y en alguna entrevista, explicó que en su momento invitó a Merino a acudir a la justicia si creía que podía haber actuaciones punibles por parte de la Junta. Una vez esa denuncia se produjo, accedió a reunirse con los promotores de la biorrefinería. "La reunión estaba prevista para el 27 de diciembre de 2021, pero el 20 de diciembre yo ya era cadáver, estaba cesado", contó a un medio local.

No es el único frente abierto. En mayo de este año, la titular del Juzgado de Instrucción nº6 de Zamora ordenó abrir una pieza separada para investigar a Acciona por los mismos hechos que el promotor de la biorrefinería hizo llegar a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y que Bruselas está investigando también desde finales de 2022. Merino sospecha que la constructora pudo haber solicitado fondos europeos para el proyecto, basándose en cuatro patentes de propiedad industrial que están registradas a su nombre. El ingeniero ha implicado, además, a dos ministerios (Industria y Transición Ecológica) a quienes acusa de haber fabricado los documentos que remitió a la OLAF cuando esta los requirió a principios de este año.

"No habíamos calculado la magnitud del asunto, pensábamos que esto se quedaría en una cacicada a nivel local, pero ha ido escalando y quizá tenga que ver más con actuaciones del Gobierno", explica César Cocho Delacroix, abogado de Benavente que está llevando la acusación popular. "Se han realizado bastantes diligencias de prueba, solo estamos pendientes de las testificales".

Cocho añade que la denuncia está hecha "desde la plena certeza de que los fondos están solicitados", por parte de Acciona, "es que sabemos con qué concurso y todo: si se pone a desarrollarse un proyecto en el que los fondos van a otra entidad, que no es titular, a ver cómo se explica eso".

¿Está pasando en todas partes?

Los ejemplos de Sines o Zamora coinciden en el tiempo, pero no son los únicos. "Están sucediendo cosas parecidas en varios países: Alemania, Bélgica, Países Bajos, Rumanía... hay un nuevo mercado verde que se abre y eso va a atraer muchas personas interesadas en meterse a toda costa", explica a El Confidencial Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. "Lo que todos tienen en común es la presunta prevaricación a la hora de conceder estos proyectos".

Mertens indica que, pese a que Bruselas trata de enviar el mensaje de que existe un control férreo en la concesión de los fondos Next Generation, "la realidad es que dependen de los estados miembros y sus administraciones públicas, en las cuales evidentemente hay una interferencia del poder político".

El director de la OLAF, el finés Ville Itala, ya advirtió del riesgo de fraude en los miles de millones de euros que la Unión Europea puso a disposición de los estados miembros con los fondos Next Generation de recuperación. "Es un gran riesgo, eso está claro", declaró al Financial Times, "Porque no tenemos las mismas posibilidades de seguir los flujos de dinero y la información para encontrar a los beneficiarios finales".

Sin embargo, nada de todo esto sirve para explicar la dimisión del primer ministro portugués. Aunque suele emplearse el dicho "aquí nadie dimite", no sería lógico que nadie en Barcial del Barco, Zamora o Castilla y León lo hiciera en este punto de la investigación, cuando ni siquiera se ha citado a los testigos a declarar. En Portugal había otros factores más allá del judicial para explicar la caída de Costa y la convocatoria de nuevas elecciones. Mucho más cuando, como parece, ha habido errores en la investigación.

"Costa lo ha pagado caro porque siempre ha vendido la imagen de un político honesto y transparente", dice Mertens, "aunque sea declarado inocente, conlleva una responsabilidad política, porque en su entorno cercano sí que ha habido claramente prevaricación".

La dimisión de Costa va más allá de esta investigación: solo se explica políticamente

Su dimisión habría que explicarla políticamente: "Puede ser que aspire en el futuro a un cargo a nivel internacional, ya sea en la Unión Europea o en una agencia de una ONU", augura el experto de la Universidad Europea. "Por otro lado, la extrema derecha portuguesa está creciendo, aprovechándose de los problemas de inflación que presenta Portugal y la brecha que se presenta entre las clases sociales bajas y las ricas, y por último, Costa viene sufriendo un desgaste desde hace tiempo, detrás hay peleas entre los barones que se perfilan para sustituirle y además, están las elecciones anticipadas en Portugal y después las europeas".

Por esto, y no tanto por un presunto trato de favor, ha dado Costa un paso atrás. Son circunstancias que no se dan en Barcial del Barco, donde sus vecinos se preparan para el desenlace parsimonioso de un caso que ha resultado ser mucho más complejo de lo que el propio Merino imaginaba cuando colgó el teléfono aquel día de noviembre de hace dos años.

"Te quedas de piedra con las cosas que he visto o escuchado estando ahí dentro", reflexiona el antiguo alcalde, Carlos Neches.