Vodafone se queda solo en el contrato de Igualdad de 41 M al que renunció Telefónica

Vodafone gestionará las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad. La operadora se ha quedado como única compañía que ha presentado oferta a un contrato público que este año, por primera vez, no cuenta con Telefónica, que llevaba gestionando el servicio desde su puesta en funcionamiento en 2009. La adjudicación aún no es oficial y la mesa de contratación tendrá que revisar en detalle la oferta de Vodafone, pero, salvo fallo o defecto de forma, resultará ganadora.

El concurso solo contaba con dos posibles licitadores, Vodafone y la firma británica Buddi Limited, pero el segundo ha sido apartado del proceso. Según el acta de la mesa de contratación publicada hoy, Buddi Limited cumplimentó el primer paso de presentación de la oferta, la huella electrónica del procedimiento. Sin embargo, no llegó a efectuar el segundo, la presentación de la oferta en sí misma (con todos los documentos pertinentes) mediante firma electrónica.

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Desde la compañía se ha alegado que, como empresa extranjera, no le correspondía firmar electrónicamente los documentos para que la oferta fuese efectiva. De todos modos, la mesa de contratación afirma que, al margen de los posibles problemas con la firma electrónica, Buddi Limited no completó el envío de todos los documentos de su oferta en las siguientes 24 horas, que era el plazo máximo permitido. Por tanto, ha apartado a la compañía británica del concurso.

Vodafone se queda, en consecuencia, como virtual adjudicatario de un contrato que, aunque ha ido aumentando significativamente su dotación presupuestaria en los últimos años, no resulta rentable a la mayoría de licitadores. A la mayor exigencia por parte de la Administración hay que añadir una creciente competencia entre operadores por hacerse con estos contratos, lo que está empujando los precios a la baja y ha hecho que Telefónica, después de casi 15 años presentándose y ganando este concurso, decida, por primera vez, no acudir.

Consultada al respecto recientemente, Telefónica ha preferido no dar explicaciones sobre la decisión de no concurrir a esta licitación. Sin embargo, varias fuentes del sector señalan las variables que están haciendo que muchos proveedores, tanto en este concurso como en otros, se lo piensen dos veces antes de presentarse. La primera es una creciente exigencia por parte de la Administración en la prestación del servicio, sin subir, sin embargo, el presupuesto de forma proporcional. En este caso, tal y como indican los pliegos consultados por El Confidencial, de los 3.000 dispositivos con los que se comenzó este programa en 2009, el número fue bajando paulatinamente y, en los últimos años, ha vuelto a subir. A finales de 2017, el Gobierno contaba con 1.019 pulseras activas en España, mientras que a finales de 2022 la cifra era de 3.230.

Además, la empresa que se lleva el contrato debe encargarse tanto de instalar el dispositivo (en caso de que una pulsera sea asignada a un nuevo maltratador) como de desinstalarlo (en caso de que se haya estropeado o de que el condenado deje de usarla por obligación legal). Así pues, mientras en 2017 hubo 939 instalaciones y 804 desinstalaciones, en 2022 estos números se elevaron hasta las 2.371 instalaciones y 1.761 desinstalaciones.

A la mayor exigencia por parte de la Administración hay que añadir la creciente competencia. "Hace unos años, Telefónica se llevaba la mayoría de estos contratos, pero ahora es diferente. Igual que ocurre en el mercado residencial, donde hay una competencia enorme, esto se ha trasladado al terreno de la Administración pública", señala un directivo del sector con conocimiento directo de este tipo de licitaciones.

Un ejemplo de esta competencia es el megacontrato adjudicado el año pasado por la Comunidad de Madrid a Orange por 52 millones de euros para gestionar todas las comunicaciones del organismo (voz fija, móvil y herramientas de videoconferencia). Se trata de un contrato tradicional de telecomunicaciones en el que el proveedor mejor posicionado siempre habría apuntado a Telefónica, pero que Orange empujó a la baja en precio, hasta el punto que Telefónica decidió no concurrir. Esta se llevó otros lotes del concurso, como la gestión del tráfico de datos entre diferentes centros de la CAM, por casi 24 millones de euros (de un megacontrato total de 117 millones de euros), pero no el lote principal.

Hay otra variable en juego: en muchos de estos contratos, el proveedor de referencia (Telefónica, Vodafone, Orange...) necesita buscar un socio tecnológico especializado que le ayude con ciertas partes del servicio. Por ejemplo, para ofrecer las pulseras antimaltrato, Vodafone ha acudido con un socio especialista en este hardware, lo cual estrecha los márgenes aún más. En su caso, Telefónica estaba ofreciendo el servicio en colaboración con Securitas Direct. A más complejidad, mayor coste de prestación y precios a la baja, menor rentabilidad. Las cuentas no salen.