La ley que protege al Ibex está ahogando a las 'startups' tecnológicas españolas

¿Tiene sentido que una inversión en un pequeño estudio de videojuegos deba ser autorizada por el Consejo de Ministros? La ambigüedad de una ley creada para proteger al Ibex en mitad de la pandemia está bloqueando innecesariamente la inversión en 'startups' tecnológicas españolas. Incluso inversiones minoritarias en sectores que no tienen nada de estratégicos requieren autorización del más alto órgano de gobierno de nuestro país, con los retrasos e incertidumbre que eso supone. Es urgente aprobar el borrador del reglamento de desarrollo de esta ley que solucione los problemas que se están creando en el sector.

Imagínese que es usted un inversor estadounidense con la intención de hacerse con el 12% de una 'app' de videojuegos que unos chavales españoles crearon hace un par de años y le explican que el presidente del Gobierno, junto a sus ministros, debe aprobar su operación. Usted hace una arriesgada inversión que se dedicará principalmente a pagar salarios de programadores y que contribuirá a crear un tejido productivo innovador, pero que en lugar de ser recibida con los brazos abiertos será sometida al más alto de los escrutinios. Ante tal recibimiento, es muy probable que descarte la inversión y con ella cualquier otra operación en nuestro país.

Opinión

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El impacto negativo de esta ley es fácil de minusvalorar. Aparentemente, es un trámite molesto e innecesario, pero de rutina. Tampoco podemos valorar el efecto negativo de esta ley por los retrasos generados o el número de autorizaciones condicionadas o rechazadas, porque el auténtico problema está oculto. Jamás sabremos ni cuántas operaciones incipientes se han abortado, ni cuántos inversores habrán salido corriendo ante la incertidumbre y largos plazos de un trámite de tal calibre. Ese es el drama.

Al principio de la pandemia, se temió que el desplome de la valoración de los gigantes del Ibex permitiese que actores extranjeros tomasen el control de empresas estratégicas españolas a precio de derribo. El Gobierno decidió aprovechar un reglamento comunitario de 2019 que fijaba el marco normativo donde los Estados miembros podrían controlar, por motivos de seguridad u orden público, las inversiones extranjeras directas en su territorio. Y lo hizo mediante un nuevo artículo 7 bis en la Ley 19/2003.

El problema es que la bienintencionada ley española copia literalmente parte de un reglamento comunitario que no fue pensado para ser transcrito sin detallarse y que de hecho habilitaba, pero ni siquiera obligaba, a establecer controles a las inversiones extranjeras. Otros Estados miembros han optado por no establecer mecanismos de control o hacerlo de forma precisa, sin interferir en absoluto con rondas de financiación de 'startups' tecnológicas, salvo que estén en sectores verdaderamente estratégicos o que afecten a la seguridad nacional. En definitiva, esto no es un problema que nos ha creado Europa, es un problema que nos hemos creado nosotros.

La falta de precisión y generalidad de la ley española hace que la regla general afecte potencialmente a todos los casos, cuando un procedimiento de este tipo debería ser una excepción limitada a cierto tipo de operaciones concretas. Una buena parte de los problemas se podría solucionar aprobando el reglamento de desarrollo de la ley, cuyo borrador lleva más de dos años esperando. Los sectores afectados por esta ley deberían ser únicamente los verdaderamente estratégicos, el energético, las telecomunicaciones, etc. La ley alude a datos personales sin concretar más como factor que determina la aplicación del régimen de autorización, con lo que basta guardar un dato tan poco relevante como el 'e-mail' para quedar dentro del ámbito de la ley. Otro aspecto a corregir sería el límite inferior, tanto en importe como en porcentaje de la sociedad, que actualmente incluye operaciones muy minoritarias y de nula relevancia estratégica para España.

Una ronda de inversión es un proceso agónico que hace encanecer temprano a los emprendedores. El dinero en caja va menguando mes a mes mientras se busca desesperadamente un inversor que financie la creación de la tecnología de la 'startup', es decir, alguien que pague los salarios del equipo de ingenieros mientras la empresa no sea rentable. Es una inversión que crea riqueza sobre el terreno y que los fundadores de la 'startup' luchan por conseguir, no una operación financiera para conseguir el control de una empresa estratégica.

En una ronda, primero hay que encontrar inversores interesados, luego negociar condiciones y por último rezar para que durante el proceso no suceda nada que haga desistir al inversor. La negociación puede saltar por los aires en cualquier momento y la mayor parte de las negociaciones se quedan en meras aproximaciones. Financiar una 'startup' es muy arriesgado y los fundadores deben generar una gran confianza, una confianza difícil de conseguir, pero que se puede perder en un segundo por cualquier razón extemporánea; un cambio en el sentimiento del mercado, un mal dato puntual o incluso una noticia sobre un competidor.

El tiempo es un factor clave, porque el mero paso del tiempo incrementa la probabilidad de un suceso que haga que la ronda descarrile. El dinero ya es suficientemente miedoso como para añadir un proceso administrativo de resultado incierto y de duración indeterminada. Honestamente, no creo que Pedro Sánchez deba supervisar personalmente el riesgo para la seguridad nacional de una ronda de inversión en el próximo 'Candy Crush'.

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