Piquetes vecinales contra las cocinas fantasma: la guerra del 'delivery' explota en BCN

"Si conseguimos echar a los okupas de la calle Benavent hace cinco años, habrá que pelear también para quitarnos las cocinas fantasma del americano este, ¿no?", dice Anna Ramón, una vecina del distrito de Les Corts en Barcelona cuando se le pregunta por esa enorme chimenea industrial que asoma junto a un edificio de viviendas en su barrio. El americano del que se queja esta mujer de 70 años de edad es Travis Kalanick, ex-CEO y fundador de Uber y ahora mandamás de 'Cloud Kitchens'. En ese punto de la Ciudad Condal, enfrente del acceso 19 del estadio del FC Barcelona y a pocos metros de un parque infantil, un antiguo taller de una empresa textil colocado en el interior de una manzana ha sido reconvertido en una colmena de 40 'dark kitchens'. Una situación que ha puesto en pie de guerra a los vecinos de la zona y ha desatado un fuerte debate entre las autoridades locales sobre la necesidad de crear una legislación para este tipo de negocios, creados única y exclusivamente para surtir a plataformas como Glovo o Deliveroo. "No van a aportar nada al barrio y ni a los negocios de aquí".

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"Ahora hay cuarenta. Pero son 1.400 metros cuadrados. ¿Quién nos dice que ahí no metan más?", se queja Ramón, que es presidenta de una asociación de vecinos de la zona del Camp Nou. Hasta enero no fueron conscientes. "Te das cuenta cuando ves la chimenea. Ese local se compró en verano, por julio o así. Pero cuando empezaron las obras, preguntabas y no te decían nada. Una falta de transparencia total", lamenta. La empresa que está dando forma a la instalación es Cooklane, la subsidiaria con la que la 'start-up' de Kalanick actúa en España y otros países europeos. En apenas tres meses ha pasado de ser una firma completamente desconocida a ser una sospechosa habitual de estas polémicas: es la misma que ha montado 38 de estas cocinas en un patio de vecinos de Prosperidad y en otras zonas de la capital como Tetuán como desveló este periódico.

La compañía no maneja los fogones. Solo los monta y les pone un 'software' propio para gestionar comandas y otras cosas. Especialistas en 'real estate', compran los locales y los acondicionan para alquilarlos a restaurantes que quieran tener una ubicación, sin mesas ni zonas de comida, para preparar los pedidos a domicilio, no saturar así sus locales abiertos al público y servir a nuevas partes de la ciudad. También están ideados para aquellos que pasan de lo del servicio presencial y se quieren inventar dos o tres marcas virtuales y trabajar solo para las 'apps' de 'delivery'. Se trata de locales que oscilan entre 16 y 22 metros cuadrados. Por uno de 18 m2, se pagarían 2.600 euros al mes, como se podía ver en los anuncios de idealista de la propia compañía.

Lo ideal es que estos locales estén en zonas preferentemente muy céntricas. Si no es posible, buscan ubicaciones en barrios más modestos, con alta densidad de población, precios más baratos pero bien conectados. En lugares como en Londres o algunas ciudades de EEUU, hay empresas que están utilizando 'parkings' y 'containers' modificados para solucionar este problema de forma asequible.

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Ya existían de antes, pero la pandemia, que ha disparado este negocio, no ha hecho más que acelerar su llegada y en algunos casos, como el de Cooklane, lo han hecho como un elefante en una cacharrería. Algunas empresas del sector han calificado como "agresiva" la estrategia de esta compañía, "tanto por el número de cocinas que pretenden meter como las ubicaciones que escogen".

"Es una mezcla complicada, tiene muchas papeletas de generar problemas", opina uno de estos empresarios. No ha sido el mercado patrio en el único que han tenido roces: en Ixelles, un municipio cerca de Bruselas, les denegaron el permiso para acometer las obras debido al impacto que tendría en el vecindario.

La 'superisla' de Les Corts

"No tiene sentido ninguno que esto esté en una zona así. No solo es el ruido. Son las basuras que van a generar aquí todos los días, obligando a poner más contenedores. Verás tú con el calor y la humedad que hace aquí en verano. Cuando vino el regidor de distrito se quedó pasmado", recuerda Anna.

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A todo eso hay que sumarle el trasiego de bicicletas y motos yendo a recoger pedidos, especialmente los fines de semana y las noches, cuando se experimentan mayores picos de demanda. "No hay por donde cogerlo. El ayuntamiento montó una 'superille' (también conocidas como 'supermanzanas') para liberar el barrio de tráfico llevándola a las calles más grandes, ganar espacio peatonal y ahora permiten esto", lamenta.

En el caso de Les Corts, se ha conseguido retrasar la puesta en marcha de la colmena tras repetidas quejas al regidor del distrito. Los trabajos de finalización y el expediente están siendo revisados por Urbanismo, puesto que gozaban de permiso de obra menor y lo realizado hasta el momento excedía lo permitido por este tipo de licencia.

Pero no es el único incendio de este tipo. En la otra punta de la ciudad, en el distrito de San Martí, una obra para acondicionar una antigua carpintería de poco más de 500 metros cuadrados y convertirla veinte 'dark kitchen' ha entrado en punto muerto después de las sucesivas movilizaciones de los habitantes del barrio. "Todo se aceleró el 28 de febrero. Ese domingo apareció una grúa enorme que ocupaba toda la calle para descargar material de obra. Empezó a funcionar, por encima de coches aparcados, sin cortar el tráfico ni nada", recuerda Sheila Gascón, que reside en el edificio que está pared con pared con la nave. Uno de los que allí vive dio la voz de alarma y rápidamente se formó un piquete vecinal de forma espontánea para evitarlo.

"Protestamos, les silbamos, hablamos con ellos y les dijimos que no podían pasar. No tenían ni idea de lo que se estaba haciendo aquí. Cuando se lo explicamos, hasta empatizaban. Entendemos que tengan que hacer su trabajo, que ellos no son responsables, pero nosotros tenemos que defender también nuestro derecho a defender el barrio y defender que sea para nuestros mayores y nuestras familias", argumenta.

La escena se ha repetido en tres ocasiones. "Les hemos recibido con caceroladas siempre que han venido, hemos llenado el barrio de carteles para informar de lo que ocurre, estamos haciendo asambleas y concentraciones los jueves... Aún no nos hemos encadenado ni nada de eso", dice en clave anecdótica Verónica Soto, miembro de la plataforma de afectados por las cocinas fantasma, que este viernes se reunirá con representantes de Esquerra Republicana en el consistorio.

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Las suspicacias empezaron a levantarse cuando empezaron los trabajos para desmontar la cubierta de la nave. "Vimos a gente, sin ningún tipo de protección, picando el techo y resultaba que había amianto. Avisamos a la Guardia Urbana, se les notificó que no podían hacer ese trabajo en esas condiciones. Y semanas más tarde volvieron, ya con una empresa especializada", recuerda Soto.

En ese lapso de tiempo averiguaron de qué iba el proyecto y empezaron a correr la voz entre el vecindario, que ahora se coordina y se comunica a través de un grupo de WhatsApp con más de 160 miembros. En change.org han recogido más de 5.000 firmas en apenas dos días. "Muchos de los que viven alrededor es gente muy mayor. No tenían ni idea de qué era ni de qué suponía una 'dark kitchen", añade. "Están las entradas del mercado, una farmacia, un parque donde juegan los chavales. Hay mucho tránsito de persona para que anden de arriba para abajo tantas horas y tanto envío", remata Gascón.

Se quejan de una suerte de doble moral por parte del ayuntamiento. Critican que en zonas como El Example se ponga en marcha programas para fomentar el comercio local y aquí se haya dado luz verde a cosas así. "Esto se permite porque es un barrio obrero y humilde. Lo peor de todo es que a dos calles de aquí hay un polígono donde no habita nadie. Lo de estar cerca de los núcleos urbanos es una falacia".

La papeleta de los ayuntamientos

El asunto ha entrado de lleno en la agenda municipal. Como ya quedase claro en Madrid, el fenómeno de las 'dark kitchen' ha pillado a pie cambiado a las autoridades locales, que no tienen sus licencias preparadas para este tipo de negocios u otros por el estilo como los 'supermercados fantasma'. No hay una figura concreta, así que lo que hacen es encajarlas en el que más se parezca. En el caso catalán, la ordenanza recoge la actividad de 'Platos preparados: obrados y cocina industrial para elaboración sin servicio al público'. Fuentes del sector consultadas indican que, aunque si uno atiende a la "literalidad" del asunto pueda parecer cubierto, no es así.

"No es lo mismo algo para hacer los menús a colegios que algo que puede estar en funcionamiento hasta altas horas de la madrugada", comentan. En la capital ocurre algo similar. La licencia que se les otorga es para "distribución a establecimientos de restauración o comercio de platos preparados y 'catering'. "Si fuese una sola cocina o tres, aún. Pero con este volumen hay muchas cosas que te van a generar conflicto si lo pones en una zona residencial", añaden estas voces, que incluso muestran su sorpresa porque esto haya ocurrido en Barcelona, "donde hay muchas ordenanzas y normas orientadas" a respetar "el descanso y el espacio de vida de los vecinos".

Hasta ahora, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal se había limitado a responder que con la normativa en la mano el proyecto de San Martí cumplía la legalidad, a diferencia del de Les Corts, cuyo expediente está siendo reexaminado.

Como no había una licencia específica, se les daba la que más se pareciese

Sin embargo, el ruido generado ha obligado al equipo de Gobierno a mover ficha. Janet Sanz, segunda teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, anunció esta misma semana la creación de un "plan" contra estos negocios "no previstos en la normativa actual". La oposición pide incluso que se paralice por completo los proyectos para evitar que ocurra como con Airbnb y otras plataformas de pisos turísticos: que cuando se legisle, el fenómeno esté tan extendido que sea más complicado de encauzar y atar en corto.

En Madrid, el Gobierno municipal también anunció que revisaría los protocolos y las normas, semanas después de que la crisis explotase en Madrid. Mariano Fuentes, concejal de Urbanismo, anunció incluso un programa de inspecciones específicas para controlar estas instalaciones. "Se va a revisar la regulación de los usos urbanísticos, en especial, el industrial", explicó. Mientras tanto en Prosperidad, un grupo de afectados ha interpuesto un recurso contra la licencia que se le concedió a Cooklane, que fue aceptado por el juzgado y esperan que resuelva para final de año. Para evitar la puesta en marcha hasta que la Justicia decida, la Junta de Distrito de Chamartín aprobó con apoyo de todos los grupos una propuesta de MásMadrid para no conceder el permiso de carga y descarga hasta que hubiera una resolución judicial. La compañía, por cierto, emitió un comunicado el pasado viernes, asegura, entre otras cosas, que cumple "estrictamente" con las regulaciones locales, incluidos los requisitos de construcción, salud, seguridad y medio ambiente.