No a la caza (y los toros) y apagón nuclear: las polémicas ideas 'verdes' de PSOE-Podemos

El preacuerdo firmado esta semana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deja algunas pistas sobre las prioridades del futuro gobierno si finalmente sale adelante la coalición de izquierdas. Y muchas van a levantar ampollas. El tercer punto habla de las cuestiones medioambientales, pero solo tiene 24 palabras. "Lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales", dice literalmente. ¿Qué hay de verdad detrás de esta declaración de intenciones?

En plena negociación de los detalles, los partidos se niegan a hablar de medidas concretas, pero un análisis de sus programas políticos y su posicionamiento público en los últimos años sirve para adivinar por dónde irán los tiros. Y hay una conclusión clara: hay más similitudes que divergencias entre las políticas de ambos partidos relacionadas con clima, medio ambiente y maltrato animal. "Los objetivos son los mismos, aunque es verdad que Podemos va un paso más allá en asuntos como la creación de empresas públicas y que tiene una visión más agresiva frente al oligopolio energético", afirma a Teknautas Andreu Escrivà, ambientólogo y divulgador especializado en cambio climático.

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El partido de Iglesias recoge en su programa la creación de una empresa pública eléctrica para bajar la factura de la luz y un Banco de Inversión para la Transición Tecnológi­ca y Económica (BITTE). La idea es que esta nueva entidad podría invertir en la expansión de las energías renovables, del coche eléctrico y de otras industrias verdes.

Sin embargo, es poco probable que en el contexto de una coalición se lleguen a materializar medidas tan ambiciosas. "Cuando un partido tiene menos compromisos en un determinado ámbito, al final los objetivos comunes se rebajan. Todo dependerá de quién se quede las competencias de energía, biodiversidad, agricultura o movilidad; y habrá que ver si se coordinan bien y son operativos o se solapan. Y también de si Más País, que tenía un programa ambiental muy completo, se suma y tiene capacidad de influir", señala este experto.

2050: solo renovables

En el frente 'verde' parece que los socialistas no están dispuestos a ceder ciertos sillones. Teresa Ribera, ahora en funciones, seguirá siendo la ministra de Transición Ecológica. La creación de esta cartera y con esta denominación sorprendió positivamente a los expertos cuando Pedro Sánchez formó gobierno en junio de 2018. "Pasamos de tener un ministerio que, básicamente, trabajaba en contra del medio ambiente a otro que lo hace a favor. El paradigma cambia, pero girar el timón es muy difícil y ha faltado tiempo para percibir los cambios", opina Escrivà.

Más que medidas tangibles, lo más destacado ha sido el discurso: "España estaba a la cola de Europa en cuanto a compromisos climáticos y ahora estamos a la cabeza, somos uno de los países que más empujan y protestan si los objetivos no son lo suficientemente elevados". El máximo exponente de esa voluntad de liderazgo internacional ha sido la decisión de organizar la cumbre del clima COP25 en diciembre en Madrid ante la renuncia de Chile.

El concepto de "transición ecológica" habla de cambiar el modelo de producción y consumo para que sea sostenible. La idea es plasmarlo en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según el programa del PSOE, establecerá el objetivo de que en 2030 el 74% de la electricidad provenga de fuentes renovables y en 2050, el 100%.

No obstante, hablar de una transición ecológica "justa", como dice el documento del preacuerdo, agrega un matiz social tan relevante como difícil de abordar. Para los partidos de izquierdas no es fácil elegir entre cerrar minas y centrales térmicas de carbón, con la consiguiente destrucción de empleos, y mantener sus emisiones contaminantes, así que en los últimos años han tenido que lidiar con algunas contradicciones.

Los de Iglesias establecen un plazo muy corto para el cierre de las nucleares, "antes del fin de 2024", mientras que el Gobierno piensa en 2035

"Habría que cerrar ya las centrales de carbón, pero teniendo en cuenta que haya una alternativa energética y, evidentemente, oportunidades justas de reconversión para la gente que pierde su trabajo o que ve mermadas sus expectativas laborales", comenta el experto. Por eso, en el contexto internacional se habla de Green New Deal, un acuerdo para el crecimiento verde de la economía que los socialistas recogen en su programa y se comprometen a impulsar en la Unión Europea.

O nucleares o coches eléctricos

Tanto el partido de Sánchez como los morados pretenden también cerrar las centrales nucleares, pero los de Iglesias establecen un plazo muy corto, "antes del fin de 2024", mientras que el Gobierno piensa en 2035. Para los expertos, esta propuesta es más difícil de digerir teniendo en cuenta que la energía que producen garantiza un buen porcentaje del suministro.

"Son una muleta, esperamos que en el futuro podamos andar sin ella, pero ahora tenemos el pie escayolado y, si la soltamos, vamos mal", opina Escrivà. "Hay que ir cerrándolas conforme finaliza su vida útil, eso no lo discute nadie, pero no nos podemos permitir un apagón nuclear a no ser que la gente esté dispuesta a bajar un 20% el consumo eléctrico y vamos justo a lo contrario, porque se están electrificando muchos servicios. El gran reto es la llegada del coche eléctrico", asegura.

Por eso, "es muy arriesgado plantear escenarios en los cuales dejes de disponer de una potencia tan fiable y regular". Así que quizá la solución pasaría por otro tipo de propuestas: "Podríamos cerrar cuatro y abrir una más nueva y más segura", apunta el experto. Sin embargo, no parece que sea una opción que se vaya a contemplar.

Aunque parezca mentira, y a pesar de tantas cuestiones abiertas en torno a este tema, no todo se reduce al cambio climático. La gestión del territorio, la restauración de ecosistemas o la contaminación son otros problemas que urge abordar, según los científicos. El documento que firmaron Sánchez e Iglesias hace una referencia explícita a la conservación de la biodiversidad. La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recoge que en España hay más de 500 especies vegetales y animales con algún tipo de amenaza, aunque el problema tiende a estabilizarse y mejorar.

Poner el foco en esta cuestión es un acierto político porque "va a ser uno de los grandes temas de los próximos años", opina el ambientólogo, "no tardaremos en darnos cuenta de que los servicios ecosistémicos que necesitamos para vivir están basados en la diversidad, que quizá no pasa nada porque desaparezca una especie concreta de mariposa o de pez, a pesar de que tienen un valor en sí mismos, pero no sabemos cuántos tornillos se le pueden quitar a la máquina antes de que deje de funcionar".

"Pago por servicios ambientales"

Cuando el programa del PSOE menciona la biodiversidad hace referencia al "pago por servicios ambientales". Fernando Rodríguez, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca y experto en capital natural, explica este concepto, que no es nuevo en otros países. "Primero, hay que hacer cálculos sobre el valor de los elementos de la naturaleza, por ejemplo, una dehesa, un pasto y un cultivo tradicional; y de actividades como la cría de la oveja. Todo esto tiene un valor medioambiental porque contribuye a mantener la naturaleza y produce un aumento del bienestar en la sociedad. El siguiente paso es retribuirlo y esto no es ciencia ficción, Brasil tiene más de 200 programas activos de este tipo, también los hay en Costa Rica y se están planeando en Nicaragua, Ecuador y Colombia", asegura a Teknautas.

De hecho, en España, los pagos por cultivos ecológicos que realiza la PAC (Política Agraria Común de la Unión Europea) "se parecen a un pago por servicios ambientales". Así, "los ganaderos extensivos podrían recibir un pago extra por el servicio que realizan sus animales, ya que comen la hierba y abonan el suelo".

No obstante, el pago no tiene por qué salir solo de las arcas públicas. "Podrían ponerse normas para que las empresas minimicen sus impactos. Al hacer una autopista, se calcula su impacto en la naturaleza y la compañía que la construye puede compensarlo retribuyendo a personas que conservan el medio ambiente y logran un aumento de los servicios ecosistémicos", afirma el experto. Este "mundo invisible" se ha ido estructurando en los últimos años y muchas grandes empresas ya lo tienen en cuenta, pero "la parálisis política de los últimos años ha impedido que se estén implementando medidas concretas en España".

Leyes de bienestar animal

Al margen de la referencia a la biodiversidad, el tercer punto del preacuerdo de gobierno señala explícitamente el compromiso de que los animales reciban un "trato digno". De hecho, los dos partidos incluyen entre sus propuestas una Ley de Bienestar Animal. "Como indica la comunidad científica", justifican los socialistas, "son capaces de sentir emociones".

Antonio Velarde, investigador del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de la Generalitat de Cataluña, explica que ya hay directivas de la Unión Europea que se ocupan de este tema de forma general o en aspectos más concretos relacionados con la cría porcina, avícola, del transporte de ganado o del sacrificio. "La legislación europea es la más avanzada en el mundo, pero a nivel nacional se puede completar, hay países que son más restrictivos, va en función de las demandas de la sociedad", comenta a este diario.

Por ejemplo, en la actualidad hay activistas que tratan de promover que ningún animal esté enjaulado. "Algunos países están empezando a trabajar en sistemas alternativos, hablamos de gallinas o de cerdas en periodos de maternidad que se recluyen en jaulas para proteger a los lechones", señala. Al final, esas mejoras también repercuten positivamente en la calidad de los productos, como la carne y la leche, según el experto, aunque la motivación para implementarlas es más bien de carácter ético.

No obstante, como responsable del Programa de Investigación de Bienestar Animal del IRTA, Velarde considera que para dar pasos en esa dirección es necesario realizar estudios. "Hay que investigar qué sistemas son los más beneficiosos y cómo adaptarlos, cualquier medida legislativa siempre tiene que basarse en evidencias científicas para saber que, efectivamente, va a tener un impacto en la mejora de las condiciones del animal", comenta.

Además, la legislación actual sobre bienestar animal "se aplica a los sistemas productivos", aclara el experto, de manera que "otras actividades relacionadas con el ocio y la cultura están fuera del reglamento". Por eso, resulta una incógnita si estas leyes que plantean los partidos de la futura coalición progresista incluirán también aspectos que regulen también la caza y los toros.

Ambigüedad sobre la caza y los toros

Esta cuestión, que probablemente haya movilizado el voto a favor de Vox en algunos territorios, no se menciona directamente en los programas electorales. De hecho, la palabra "caza" no aparece ni una sola vez ni en el de PSOE ni en el de Unidas Podemos. Sin embargo, los morados sí hacen referencia a utilizar "métodos éticos para el control poblacional de animales silvestres" y proponen "eliminar ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquia", además de "prohibir otros espectáculos que impliquen maltrato animal".

A título personal, la ministra Ribera se ha mostrado partidaria de prohibir la caza y los toros. En diciembre de 2018 aseguró no entender a "todas aquellas personas que disfrutan en la caza o en los toros, viéndolos sufrir". Aquellas palabras desataron la polémica y dividieron al PSOE. Por lo tanto, no parece que la prohibición vaya a ser la opción elegida, pero está por ver si el peso de Unidas Podemos en un gobierno y este tipo de posicionamientos personales entre los socialistas podrían repercutir en que estas actividades sufran más trabas.

Los expertos coinciden en que las leyes sobre estas cuestiones también deberían tener una base científica. Según Andreu Escrivà, "ha cogido fuerza el discurso que presenta la caza como si fuera la única forma de aprovechamiento del medio rural o la única forma de garantizar la biodiversidad y esto no es cierto".

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En su opinión, "es inviable prohibir la caza", pero "debería haber un mayor control y restringirse a los momentos, lugares y métodos que las autoridades técnicas competentes consideren apropiados". Por ejemplo, ante una situación excepcional como la superpoblación de jabalíes actual, puede servir de apoyo. "Causan problemas en cultivos, en zonas urbanas y en carreteras, así que puede haber una justificación y, de hecho, la hay, para cazar jabalíes dentro de un territorio, un tiempo y unas condiciones determinadas", señala.

Sin embargo, "la caza no es más que un parche para paliar un síntoma que no ataca la raíz del problema. Cuando hay un desarreglo ecológico, es que existe una disfuncionalidad del ecosistema, por problemas de fragmentación del territorio, degradación, contaminación o porque faltan otras especies, así que tenemos que pensar cómo mejorar el ecosistema para que recupere las condiciones que impedían esta presencia masiva de jabalíes".