¿Quién asume el coste de salvar al taxi?

El coste de la 'guerra del taxi' del que el Gobierno no quiere hablar: 3.800 millones

El sector de las VTC ha puesto cifra a las indemnizaciones que pedirán por vía judicial si se retiran permisos aprobados: 3.800 millones de euros. El Gobierno, de momento, se lava las manos

Foto: Taxistas golpean un coche de Uber durante la huelga del pasado julio. (Reuters)
Taxistas golpean un coche de Uber durante la huelga del pasado julio. (Reuters)

"Estamos cogiendo aire para la que se avecina". Así describe un alto directivo del sector de las VTC la situación de calma tensa que se vive estos días en el sector. La semana que viene será crucial para el futuro del taxi, Uber y Cabify. Se espera que aterrice sobre la mesa el borrador de Fomento con los detalles concretos de su receta para solucionar el conflicto. Se da por descontado que propondrá habilitar a las CCAA para regular las VTC y abrir la puerta a que estas y los ayuntamientos exijan a las empresas que operan con Uber y Cabify una licencia urbana extra. Esta medida, sin embargo, encenderá automáticamente un incendio mayor: ¿qué hacer con las miles de licencias VTC ya concecidas por el Supremo y los tribunales superiores autonómicos que, con la nueva medida, no podrán operar?

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se enfrentará en los próximos días a un entuerto de difícil solución. El sector del taxi, abanderado políticamente por Podemos, apoyo del que depende el Ejecutivo para sacar adelante, entre otras cosas, los próximos presupuestos generales, exige habilitar a las CCAA para que estas puedan regular, junto con los Ayuntamientos, a las VTC. Igual que ocurre con el taxi, pero ahora con Uber y Cabify. El Gobierno ya ha dicho sí. Solo falta ver la forma jurídica que empleará, pero todo apunta a un 'decretazo' que se aprobaría en Consejo de Ministros el viernes 14 o el 21 de septiembre.

Este decreto-ley sería, curiosamente, la mayor victoria política en la carrera de Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona ha impulsado el reglamento que desembocó en la huelga de julio, un reglamento que permite al consistorio dos cosas: exigir una licencia urbana extra a Uber y Cabify y limitar el número de licencias VTC en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a solo 400 para cumplir el ratio 1/30 (una VTC por cada 30 taxis). Es decir, sobrarían más de 1.400 permisos ya aprobados y concedidos, muchos por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Bajar de más de 1.800 licencias en la actualidad a 400 en Barcelona sería el fin definitivo de Uber y Cabify en Cataluña y en cualquier CCAA que decidiera seguir la misma hoja de ruta. El Ayuntamiento de Madrid ya se mostró favorable a la medida. En la capital operan 5.000 VTC. Para cumplir el ratio 1/30 tendrían que desaparecer casi 4.500. Estas licencias están en manos de inversores millonarios y empresas de gestión de flotas que han gastado una fortuna y ahora ven cómo, de repente, su dinero se podría evaporar. ¿Qué hacer? Es el coste del que nadie quiere hablar y, mucho menos, asumir.

El Gobierno ya ha dicho que se lava las manos. "No vamos a expropiar ninguna licencia VTC", zanjó la semana pasada el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al ser interpelado por el portavoz del PP, José Alberto Herrero Bono. Fue un visto y no visto. No dio ninguna explicación adicional. Las CCAA, entre ellas la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, ya han asegurado que sin dinero sobre la mesa para pagar esas expropiaciones no van a asumir ninguna competencia extra. Los taxistas miran temerosos el juego de ping-pong. Y Uber y Cabify han pasado al ataque.

Unauto, la patronal de las compañías de coches VTC que operan con estas plataformas, ha encargado un informe a la auditora Ernst & Young que calcula el valor actual de todas esas licencias 'sobrantes' de las que nadie se quiere hacer cargo. Para llegar a una cifra, han tenido en cuenta variables como el valor de mercado de las licencias, ingresos potenciales futuros, valor de los empleos directos e indirectos que se perderían o los descuentos en flujos de caja. Los resultados son, como era de esperar, contundentes.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos. (EFE)
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos. (EFE)

Ernst & Young calcula que solo en Cataluña el Gobierno (o la CCAA) debería hacerse cargo de una indemnización de 888 millones de euros, por la expropiación de 4.116 licencias VTC, entre aprobadas y en curso de aprobarse. En la Comunidad de Madrid, la indemnización ascendería a 1.613 millones de euros para ventilarse casi 7.500 licencias. En Andalucía, 496 millones por 2.303 VTC. En la Comunidad Valenciana 166 millones por 771 licencias, y en el País Vasco 76 millones por 354 permisos. Es el top-5.

El informe de E&Y, que será presentado hoy jueves, asegura que el Gobierno debería hacer frente a un coste de 3.785 millones de euros para expropiar 17.549 licencias de las 19.700 que se calcula llegarán a estar aprobadas en total en los próximos años. Dicho de otra forma: para cumplir el famoso ratio 1/30, en España solo podrían operar 2.200 VTC por 66.000 taxis que ya hay en la actualidad. Todo lo demás, sobra. Una sangría que el sector de las VTC no está dispuesto a dejar pasar.

"La gente piensa que en Fomento son idiotas, pero son políticos muy listos. Ellos van a habilitar a las CCAA a regular, pero no van a poner dinero. La mayoría de esas CCAA rechazará hacer nada. Cuando el taxi pida explicaciones de nuevo a Fomento, Ábalos dirá "¿Yooo? Pero si yo les he traspasado las competencias, son las comunidades las que no quieren, hacedles la huelga a ellos". Lo que no saben las CCAA es que también les han traspasado la responsabilidad judicial. Lo que va a hacer el Gobierno es un fraude de ley. Al día siguiente que apruebe su decreto-ley, Cataluña recibirá un pleito por 888 millones de euros. Igual que el resto de regiones que sigan el mismo camino", señala un directivo de las VTC que forma parte de las negociaciones con Fomento. Mientras el taxi amenaza con huelgas y volcar coches, Uber y Cabify tiran de pleitos.

(Reuters)
(Reuters)

"Los que han invertido en VTC son fondos de capital riesgo, inversores individuales y millonarios que sabían a lo que se atenían. El nombre lo dice todo: capital riesgo. Han tomado un riesgo y les puede salir mal", señala a Teknautas Jesús Fernández Matellanes, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. "¿Por qué tiene ahora el ciudadano que pagarles su especulación? ¿Y de dónde sacan esos 3.800 millones? No tiene sentido. Habría que preguntarles a los señores de Unauto cómo cuantificarían las 4.000 denuncias que tienen solo en la Comunidad de Madrid por incumplir la normativa".

De lo que decida Fomento la próxima semana, y cómo lo decida, depende el futuro de Uber y Cabify. "Les hemos escrito pidiendo una reunión, pero ni han respondido", confirma un alto directivo de Cabify, 'unicornio' español (el único) que ahora emplea a 1.600 trabajadores en 13 países y 130 ciudades. "Aún no sabemos nada, no nos han llamado", reconoce también Matellanes por el bando del taxi. Tensa (y larga) espera.

Tecnología

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
8 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios