"No es lo mismo una farmacia de capital que de pueblo": la odisea de ser boticario rural

La implantación de la receta electrónica y los programas de gestión ofrecen grandes ventajas a los farmacéuticos de pequeños municipios, pero la falta de conexión y los bajos ingresos siguen suponiendo obstáculos para su actividad.

Aproximadamente, una de cada cuatro farmacias españolas se ubica en el medio rural, según los últimos datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. En cifras, hablamos de un total de 5.267 oficinas. De ellas, 3.938 se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes y 2.081 están instaladas en poblaciones con menos de un millar de empadronados.

Los boticarios que trabajan para dispensar medicamentos y prestar asistencia a estas pequeñas poblaciones (a veces, a varias de ellas) se enfrentan a las mismas dificultades que sus compañeros urbanitas, incluidos los 'subibajas' en el número de recetas expendidas anualmente y el coste por envase, pero con algunos obstáculos añadidos debido a las características específicas del entorno donde operan.

No es casualidad que más del 90% de las 895 farmacias españolas consideradas en viabilidad económica comprometida (VEC) en 2017 pertenecieran al medio rural. Esta categoría nació en 2011 con el lanzamiento por parte del Gobierno de un sistema para aplicar un índice corrector a los establecimientos con menos de 200.000 euros anuales de facturación, ubicados en núcleos de población aislados o socialmente deprimidos, de forma que su margen se pueda ver incrementado en reconocimiento a la labor social que ejercen.

La ya de por sí baja demografía de estas zonas, agravada por un problema de despoblación cada vez más manifiesto, hace que sea imposible para algunas oficinas obtener los mismos beneficios que aquellas ubicadas en grandes núcleos de población. La retribución que reciben las farmacias se basa en un margen fijado por el Estado y aplicado sobre el precio de los medicamentos que venden. Es una cuestión lógica: si hay menos ciudadanos que puedan comprarlos, sus ingresos serán menores.

“A todas las farmacias se les exige lo mismo, pero no es lo mismo una que está en la capital que una de un pueblo de 200 habitantes”, señala a El Confidencial una farmacéutica del entorno rural de Salamanca que prefiere mantener el anonimato. Aunque las ayudas que reciben permiten cierta holgura, el dinero continúa siendo una preocupación para los farmacéuticos de los pueblos, que disponen de menos recursos para instalar laboratorios de formulación o digitalizar procesos.

Los retos de la digitalización en el entorno rural

Las 22.000 farmacias que existen diseminadas por todo el territorio nacional están conectadas a la receta electrónica. Pero este sistema que permite retirar medicamentos con la tarjeta sanitaria sin necesidad de prescripción en papel no es la única pieza de una ola de digitalización que ha llegado también a los pueblos.

Las aplicaciones más utilizadas se encargan de agilizar gran parte de los procesos operativos, administrativos y de gestión del conocimiento. Más allá de la receta electrónica, existen herramientas, como los programas de gestión Farmatic y Novofarma y la plataforma Nodofarma, una red lanzada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) para interconectar las farmacias. Sin embargo, obstáculos como la falta de conexión pueden suponer un freno al aprovechamiento de estas tecnologías en el medio rural. “Atiendo a varios pueblos donde seguimos con formato papel, porque a los consultorios médicos no les llega la comunicación para receta electrónica”, cuenta la boticaria.

Más del 90% de las 895 farmacias consideradas en viabilidad económica comprometida (VEC) en 2017 pertenecen al medio rural

A pesar de contar con el servicio en su farmacia ubicada en la mayor de las poblaciones (con algo más de 200 habitantes), los médicos de otras cuatro localidades de menor tamaño a las que presta cobertura no tienen la posibilidad de prescribir en formato electrónico. “Más de la mitad de mis pacientes todavía utilizan el papel, pero yo he tenido que implantarla [la receta electrónica] y todos los meses me supone un gasto que antes no tenía”, advierte la farmacéutica.

Junto con Castilla-La Mancha y La Rioja, Castilla y León forma parte del conjunto de comunidades que el año pasado contaban con un mayor número de farmacias VEC en su red. Se trata de regiones eminentemente rurales: según un reciente informe de la Federación Española de Municipios y Provincias basado en datos del INE, el 90% de los municipios de Ávila, Burgos, Salamanca, Soria, Teruel y Zamora no pasa de 1.000 habitantes empadronados.

En España, el farmacéutico se considera un servicio privado de interés público con carácter sanitario que debe cumplir con los parámetros de equidad y universalidad propios del sistema sanitario público. Sin embargo, desde la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) critican el carácter uniforme y generalista de la normativa aplicada al sector. “No contempla la heterogeneidad de escenarios en los que tiene que actuar”, señalan. Por eso, desde Sefar defienden la instauración de un criterio de ubicación y de facturación para identificar las oficinas más vulnerables y aplicar nuevas medidas de protección que apoyen la labor de los boticarios.

Para Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, “a lo largo de los últimos años la farmacia en España ha dado muestras de responsabilidad sanitaria y compromiso con el paciente, ahora ha llegado el momento de reconocer este esfuerzo”. Por ello, Aguilar propone a las administraciones que “contribuyan a la sostenibilidad de la red de farmacias, empezando por las VEC, mediante la concertación con ellas de servicios asistenciales como el seguimiento farmacoterapéutico, la adherencia a los tratamientos o la conciliación; servicios que han demostrado que generan eficiencia al sistema y cubren necesidades sanitarias de los pacientes”.