Stop Desahucios, el colectivo que pone en jaque a los bancos

Cuentan con mecanismos de comunicación específicos, virtuales y personales, a través de los cuales ponen en contacto a personas de diferentes ciudades para que acudan a impedir desahucios acordados por los jueces. Han sabido, además, hacer visibles esos enfrentamientos, que suelen estar acompañados por cámaras de televisión, de forma que la sociedad sepa no sólo que los lanzamientos se están deteniendo, sino que la familia expulsada de su vivienda tendrá que seguir pagando al banco por ese piso del que ya no podrá disfrutar. Y ambas cosas están siendo notablemente efectivas, toda vez que están ganando cada vez mayores simpatías entre una población que se ha acostumbrado ya a utilizar términos como dación en pago como sinónimo de justicia.

Pero la tarea principal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, asegura su portavoz, Ada Colau, no ha sido el de volver visible un problema, sino el de recuperar a unas personas que estaban emocionalmente rotas. “Cuando empezamos a trabajar hace dos años, nos encontramos con una problemática masiva que afectaba a cientos de miles de personas, muchas de las cuales estaban hundidas porque no sólo iban a perder su vivienda sino que iban a tener que pagar de por vida un dinero que no tenían. Pudimos hacerles ver que no era un problema individual, sino colectivo y que tenía que ver con leyes que se podían cambiar”.

A partir de entonces, y de una fuerte vinculación con el 15M, que puso la reivindicación sobre la vivienda entre sus asuntos prioritarios, el número de desahucios detenidos se ha multiplicado, ya que hay más gente dispuesta a defenderse, más personas presentes para impedir el desalojo y una opinión pública que tiende a ver con buenos ojos estas resistencias. Finalmente, mediante la campaña Stop Desahucios, asegura Colau, “se ha logrado generar un clamor popular que está consiguiendo que se puedan discutir temas como la dación en pago o el cambio de la ley hipotecaria”.

Sin embargo, esta no es la única forma de enfocar el asunto. También hay quienes aluden a que muchos de los hipotecados suscribieron un contrato que nadie les obligó a firmar y que si ahora no pueden pagar aquello que acordaron, deberían haberlo pensado antes. En gran medida, la crisis actual tiene que ver, aseguran muchos expertos financieros, con personas que quisieron vivir por encima de sus posibilidades y que, una vez devueltos a la realidad, quieren evadirse de las responsabilidades que contrajeron. Y eso sin contar a aquellos que compraron la vivienda para especular y que ahora pretenden que otros se hagan cargo de su mala apuesta.

Esta visión, según Colau, es notablemente errónea, toda vez que las personas que se hipotecaron sí están cumpliendo con sus responsabilidades, toda vez que están perdiendo la propiedad de su vivienda. “Al contrario que las entidades financieras, que fijaron las condiciones de los préstamos, que hicieron las tasaciones y que eran conscientes de lo que estaba ocurriendo en el mercado internacional. Había una parte que tenía mucha más información que otra, y que por tanto tenía una posición de superioridad a la hora de firmar el contrato. Y sin embargo, es esta parte la que no quiere asumir responsabilidad alguna”.

Lejos de ello, asegura Colau, “están intentando rentabilizar al máximo la situación, revisando las tasaciones firmadas y obligando a que mucha gente pague hasta el 150% del valor real de la vivienda. En segunda instancia, señala Colau, tampoco las administraciones públicas quieren afrontar sus responsabilidades, ya que no sólo dejaron actuar a las entidades financieras, sino que alimentaron activamente esta situación, liberalizando el crédito, desgravando la compra y mandando continuos mensajes de que alquilar era tirar el dinero cuando por el mismo precio se podía tener una vivienda en propiedad. Pretender ahora que los más vulnerables sean los únicos que carguen con la responsabilidad es como mínimo injusto”.

Pan para hoy y hambre

Pero parece que eso será lo que ocurra, asegura Eugenio Pérez de Francisco, profesor de derecho de la Universidad Nebrija, porque las acciones que se están llevando a cabo para detener los desahucios sólo conseguirán aplazar brevemente la situación. “Una vez acordado el desahucio por el juez, se fija fecha para el lanzamiento, y a él concurre un agente judicial, que normalmente acudirá con la policía municipal,  con la misión de cambiar la cerradura y dar la posesión del piso al propietario legal. Puede ocurrir que por razones de orden público y para evitar alteraciones graves, el desahucio se suspenda, pero lo volverán a señalar para otro día, el primero de los posibles. De modo que quizá periodísticamente estas acciones sean muy llamativas, pero son pan para hoy y hambre para mañana”.

Sin embargo, asegura Ada Colau, que el desahucio se pare es más importante de lo que parece, dado que también puede servir como elemento de presión. “Nuestra asociación intenta negociar antes y después del desahucio: hablamos con la entidad financiera, con el ayuntamiento y con los servicios sociales e intentamos toda clase de posibilidades, como que los antiguos propietarios puedan permanecer en la vivienda en régimen de alquiler. Si eso no se consigue hacemos una convocatoria pública para detener el lanzamiento mediante la resistencia ciudadana, para aplazarlo al menos unos meses. Esa acción también sirve para que aumentar la presión y para poner rostros a las estadísticas y que la gente visualice las consecuencias reales de las docenas de desahucios que se dan cada día en España”.

Pero el objetivo también es presionar a la banca para que recapacite y acabe aceptando sentarse a negociar. Según Colau, en algunos casos lo consiguen, “sobre todo cuando concurren intereses contables suyos. Antes había más casos en que estaban de acuerdo en la dación en pago pero ahora son más reticentes. Además, hay entidades financieras que acceden en unos casos y no en otros, o que de repente cambian su política y no aceptan lo que antes sí aceptaban”.

Por eso, el horizonte último es provocar un cambio de legislación, ya que “si la ley sigue protegiendo que los bancos puedan quedarse con la vivienda y que además los desahuciados tengan que seguir pagando, será muy difícil que las entidades financieras actúen de otra manera”. Y efectivamente, asegura el de la Nebrija, la ley lo permite, con lo que se puede decir que es injusto pero no que sea ilegal “Una vez que hay una sentencia y que el juez ha ordenado el lanzamiento, es muy raro que el banco dé marcha atrás: si les debes decenas o cientos de miles de euros, el banco los va a cobrar, y lo demás le da igual. Pero también le pasaría a un particular: si alguien te debe dinero, no se lo vas a perdonar porque sí”.

Por eso, asegura Colau, la solución estriba en un cambio de la legislación hipotecaria que vaya más allá del simple reconocimiento de la dación en pago, algo que nuestro ordenamiento jurídico ya contempla, pero que resulta de difícil aplicación en un contexto en el que la capacidad de negociación de las partes es tan desigual.

En realidad, señala Emmanuel Rodríguez, autor de La crisis que viene (Ed. Traficantes de sueños) “estamos viendo en un absoluto gobierno de las finanzas, que no sólo están especulando con los bonos de deuda soberana para cobrar mayores intereses, sino que están trasladando este mismo tipo de acciones al campo de la vida cotidiana. Cada vez más provisiones básicas, como la sanidad, las pensiones o la educación están obligadas a pasar por el crédito con el objetivo de que los bancos obtengan mayor tasa de beneficios. La vivienda es un buen ejemplo, ya que se convirtió en un mercado especulativo en el que la gente tuvo que contraer créditos hipotecarios imposibles a cuyo pago destinaban porcentajes altísimos de los ingresos mensuales, y ello justo cuando los costes de producción del bien eran muy bajos”.

Esta financiarización de la vida cotidiana, trazada con la intención de que los bancos tengan mayores ganancias, asegura Rodríguez, es la que ha llevado al 15M a tomar como referencia central  temas como la vivienda. “Elementos básicos para la vida, como las pensiones, la educación o la vivienda, que eran asumidas por el estado de bienestar europeo, están siendo convertidas en un terreno abonado a la privatización financiera tras la retirada del Estado”. Por eso entiende natural esa vinculación de las acciones para detener los desahucios con el 15 M y prevé que esta será una de las formas que harán que el movimiento siga activo. “Habrá generación de debate público al margen de los grandes medios de comunicación y habrá movilizaciones, pero también proseguirá en la lucha contra los desalojos, ya que es fundamental que se  encuentren espacios donde los conflictos se hagan carne, en los que exista una ocupación simbólica del espacio público que fuerce a tomar decisiones a los poderes públicos”.