Europa decide hoy la legalidad del ‘canon digital’ implantado en España
El Tribunal de Luxemburgo tiene previsto pronunciarse hoy sobre la legalidad del canon digital implantado en España por el Gobierno. En caso que el Tribunal de
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Este proceso se espera desde 2008, año en que la Audiencia Provincial de Barcelona planteó a este tribunal una cuestión prejudicial para aclarar si la aplicación del canon era acorde a la normativa comunitaria europea. En su opinión, el Gobierno vulnera la legislación. Desde entonces se encuentran en suspenso todos los juicios pendientes por el cobro de la tasa. La Audiencia defiende que las empresas, entidades públicas y despachos profesionales no deben pagar canon e insiste en que imponerlo a todos los artículos electrónicos, sin distinguir si éstos se van a utilizar o no para realizar copias, es ilegal.
La resolución llega en un ambiente más que caldeado. La plataforma Todoscontraelcanon presentó el pasado 12 de febrero tres millones de firmas reclamando la eliminación del canon digital ante el Congreso de los Diputados; y pocos días después se daba a conocer el dato por parte de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación de que el 78% de los internautas españoles se muestra contrario a esta medida.
Ayer mismo, una encuesta publicada por Facua-Consumidores en Acción rebelaba que el 91% de los españoles cree que el Gobierno favorece a la industria cultural frente a los usuarios, lo que evidencia la impopularidad de esta medida, que vuelve a la primera fila de la actualidad informativa después de varios meses protagonizados por la Comisión del Ministerio de Cultura y su intención de cerrar páginas sin resolución judicial.
La SGAE, por su parte, principal promotora privada del canon, ya dio por sentado en 2008 que el Tribunal de Luxemburgo respaldaría el canon digital, un cobro que según aseguraron entonces “no se cuestiona en Europa”, ya que se aplica en España “de un modo muy similar, con la diferencia de que en nuestro país el gravamen es más bajo por extenderse a todos los soportes”; aunque esa tasa indiscriminada y multisoporte es la principal baza de la Audiencia Provincial de Barcelona para dudar de la legalidad del canon.
Este proceso se espera desde 2008, año en que la Audiencia Provincial de Barcelona planteó a este tribunal una cuestión prejudicial para aclarar si la aplicación del canon era acorde a la normativa comunitaria europea. En su opinión, el Gobierno vulnera la legislación. Desde entonces se encuentran en suspenso todos los juicios pendientes por el cobro de la tasa. La Audiencia defiende que las empresas, entidades públicas y despachos profesionales no deben pagar canon e insiste en que imponerlo a todos los artículos electrónicos, sin distinguir si éstos se van a utilizar o no para realizar copias, es ilegal.
La resolución llega en un ambiente más que caldeado. La plataforma Todoscontraelcanon presentó el pasado 12 de febrero tres millones de firmas reclamando la eliminación del canon digital ante el Congreso de los Diputados; y pocos días después se daba a conocer el dato por parte de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación de que el 78% de los internautas españoles se muestra contrario a esta medida.
Ayer mismo, una encuesta publicada por Facua-Consumidores en Acción rebelaba que el 91% de los españoles cree que el Gobierno favorece a la industria cultural frente a los usuarios, lo que evidencia la impopularidad de esta medida, que vuelve a la primera fila de la actualidad informativa después de varios meses protagonizados por la Comisión del Ministerio de Cultura y su intención de cerrar páginas sin resolución judicial.
La SGAE, por su parte, principal promotora privada del canon, ya dio por sentado en 2008 que el Tribunal de Luxemburgo respaldaría el canon digital, un cobro que según aseguraron entonces “no se cuestiona en Europa”, ya que se aplica en España “de un modo muy similar, con la diferencia de que en nuestro país el gravamen es más bajo por extenderse a todos los soportes”; aunque esa tasa indiscriminada y multisoporte es la principal baza de la Audiencia Provincial de Barcelona para dudar de la legalidad del canon.