Un ex concejal del PP, condenado a 2 años de inhabilitación en el 'caso Funeraria'

El ex concejal madrileño del PP Luis María Huete considera que su condena de inhabilitación para ocupar un cargo público, por un delito de prevaricación en el caso Funeraria, se debe a que él era el portavoz del grupo popular cuando se produjo el acuerdo de venta del 49% de la funeraria municipal.

"Aunque estoy convencido de que ganaré en el Tribunal Supremo, asumo la condena con tranquilidad y se debe a que yo era la persona que figuraba como cabeza del grupo popular en el acuerdo que adoptó el Pleno", ha declarado a la salida de la Audiencia Huete que fue ex teniente de alcalde durante el gobierno municipal de José María Álvarez del Manzano. El ex concejal se refiere al acuerdo que adoptó el Ayuntamiento en 1992, cuando decidió vender por un precio simbólico de 0,60 céntimos de euro, el 49 por ciento de la funeraria municipal a la empresa Funespaña.

En la sentencia del 'caso Funeraria', dada a conocer hoy, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Huete por prevaricación a quedar inhabilitado para un cargo público durante dos años y un día, mientras que los también ex concejales del PP Simón Viñals y Antonio Moreno han sido absueltos de los delitos de prevaricación, maquinación, malversación y tráfico de influencias.

"Después de 16 años de calumnias e injurias y de salir en los periódicos como si fuese de ETA, hoy mis hijos y nietos pueden decir que tienen un padre y abuelo honesto", ha destacado Viñals en declaraciones a los periodistas, y ha mostrado su "confianza en la justicia" y su apoyo a Huete: "es tan inocente como yo". "Ya me han hecho la pascua bastante", se ha lamentado Moreno tras proclamar su inocencia, y ha acusado a los promotores de esta causa judicial de haberle dejado "políticamente destrozado"

Lo que dice la sentencia

En sus fundamentos jurídicos, la sentencia circunscribe el delito de prevaricación a la actuación de Huete en el proceso de adjudicación del concurso a Funespaña y a las "omisiones voluntarias de cuantas actuaciones le señalaron como necesarias los órganos técnicos del Ayuntamiento una vez adjudicado el concurso". Afirma, sin embargo, que "nada puede decirse" en cuanto a la selección del adjudicatario, puesto que "nada se ha probado que indicara que la oferta elegida no se ajustara a los pliegos rectores del concurso" ni fuera la "proposición más ventajosa", por lo que "no existe razón suficiente para considerar ilegal ese acto".

Respecto a la prevaricación, señala que fue cometida por Huete al proponer al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la adjudicación a Funespaña "a pesar de las advertencias de lo órganos técnicos de que el verdadero valor de la oferta elegida no era el que figuraba en ella, sino que el mismo era el equivalente al 49% del Patrimonio Neto de la EMSFMSA.