El Gobierno no reformará la Ley de Extranjería, pero aplicará un plan de choque frente a la ola de cayucos

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha transmitido a los partidos aliados que, por ahora, no hay intención de reformar la Ley de Extranjería, en contra de las expectativas creadas para paliar la oleada de cayucos que sufre las Islas Canarias, según fuentes conocedoras de estas conversaciones.

En su lugar, el Ejecutivo elabora estos días un plan integral de choque en el que están todos los ministerios implicados. Las bases de este plan global serán entregadas al resto de las formaciones políticas para intentar alcanzar un consenso parlamentario.

El Gobierno ofreció hace unos días al PP un pacto de Estado en materia de inmigración, pero este partido rechazó suscribirlo al considerar la oferta “hipócrita”. El motivo: el pacto se ofrecía en plena crisis de desembarco de miles de inmigrantes en las costas españolas y después de que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, rechazara acordar con el PP la regularización masiva de 2004.

Ayer, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, acusó al Ejecutivo socialista de "no tener ninguna política de inmigración”, de estar “dando bandazos, generando problemas a la sociedad española y apareciendo como muy incompetente y muy ineficaz. "Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es debatir las propuestas que ha presentado el PP tanto para España como para Europa y creo que esa puede ser una buena base para una política de inmigración razonable".

Mientras tanto, la reforma de la Ley de Extranjería ha quedado aplazada en vista de la negativa del PP, añaden las mismas fuentes. Pero también influye el rechazo de los aliados de izquierda a endurecer la legislación, como es IU.

Además, el Gobierno rechazará la propuesta presentada ayer por el PP de crear una comisión de estudio entre el Congreso y el Senado que abordaría soluciones a la inmigración ilegal. El Ejecutivo considera que tal comisión sería inoperante y sólo serviría para que los populares enredaran con este asunto, según fuentes parlamentarias. En su lugar, prefiere centrarse en el plan de choque.

Malestar con el portavoz del PSOE

En el seno del Ejecutivo hay malestar por el anuncio que el portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, realizó este verano referido a proponer una modificación legal para dar el derecho de voto a los inmigrantes, según fuentes parlamentarias. Aunque se trata de una idea consensuada por todos los partidos, en el Gobierno se considera que hay que evitar cualquier efecto llamada en plena crisis.

Paulino Rivero, portavoz de Coalición Canaria (CC-NC), denunció ayer que el Gobierno haya “cortado” los canales de comunicación con el Ejecutivo canario, después de que éste criticara la gestión gubernamental de la crisis. También aseguró que De la Vega no se ha puesto aún en contacto con ellos para negociar un plan de choque.

‘No’ a ser el campo de concentración de África

Rivero presentó una batería de medidas legislativas con la esperanza de que el Congreso las apoye. Ofreció su apoyo leal al Gobierno, pero advirtió a José Luis Rodríguez Zapatero de que no están dispuestos a que las Islas Canarias se convierta en “el campo de concentración de África”.

La proposición no de ley de CC incluye un plan específico que abarca desde reforzar el control de fronteras, a medidas políticas y sociales, aumento de recursos para mejorar los centros de internamiento, y la adopción de soluciones urgentes contra la inmigración clandestina.

Propone modificar la legislación de extranjería para adoptarla a la realidad actual; modificar el Código Penal para incluir el delito de tráfico de personas, y crear un Ministerio de Inmigración, entre otras iniciativas.

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