Operación contra el primer gran caso de corrupción de los fondos UE: 22 detenidos por el fraude de 600 M en Italia

La oficina de la Fiscalía Europea (EPPO) en Venecia ha lanzado una operación contra el mayor caso de fraude relacionado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el elemento central del conocido como Fondo de Recuperación que se estableció tras el primer impacto de la pandemia de coronavirus. En concreto, la EPPO ha informado de la detención de 22 personas en Italia, Austria, Eslovaquia y Rumanía en relación con el fraude de hasta 600 millones de euros. “En el radar de la EPPO se encuentra una asociación criminal sospechosa de orquestar, entre 2021 y 2023, una trama de fraude para obtener fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) italiano, parte del MRR, el principal pilar del Fondo de Recuperación”, señala la Fiscalía europea, con sede en Luxemburgo.

La operación ha sido llevada a cabo principalmente por la Guardia di Finanza de Venecia, que se ha incautado de Rolex y de vehículos de alta gama como un Lamborghini. En la actualidad hay unas 200 investigaciones de la EPPO en relación con el uso de los fondos europeos del MRR, muchas de ellas en Italia. El número de investigaciones se ha disparado en los últimos tiempos debido a que los desembolsos han empezado a aumentar también a partir del inicio de 2023. Los gobiernos de los Estados miembros están obligados a canalizar el dinero con mucha velocidad y las peticiones de que el plan se extienda más allá de 2026 para poder así desembolsar los fondos con más tiempo han sido siempre rechazados por la Comisión Europea.

Italia es el principal beneficiario del Fondo de Recuperación, con más de 190.000 millones de euros asignados, seguido de España. Desde el primer momento, los Estados miembros más hostiles a este plan, como Países Bajos o Dinamarca, han advertido de que tendrían mano dura con la corrupción, y los socios que más fondos tienen asignados saben que se podrían enfrentar a críticas si no son capaces de evitar casos de fraude. Cada desembolso debe ser aprobado por el Comité Económico y Financiero del Consejo de la UE, donde están representados todos los países de la Unión.

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“En 2021, los miembros de la asociación delictiva solicitaron recibir subvenciones a fondo perdido para apoyar la digitalización, la innovación y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, con el fin de expandir sus actividades empresariales a mercados extranjeros. Los sospechosos supuestamente crearon y depositaron balances empresariales falsos para demostrar que las empresas estaban activas y eran rentables, cuando en realidad se trataba de empresas ficticias sin actividad”, señala la EPPO en su comunicado, en el que señala que se sospecha que toda una “red de contables, proveedores de servicios y notarios públicos ayudaron a los sospechosos a obtener con éxito” estos fondos, que luego fueron enviados de manera inmediata a cuentas bancarias en Rumanía, Austria y Eslovaquia.

“Los sujetos investigados utilizaban tecnologías avanzadas, como VPN, servidores en la nube ubicados en el extranjero, criptoactivos y software de inteligencia artificial, para llevar a cabo las conductas fraudulentas y ocultar y proteger el negocio ilícito”, añade la Fiscalía europea, que tiene como objetivo perseguir delitos de corrupción relacionados con el presupuesto de la Unión Europea.