Europa ha conseguido evitar el desastre del covid en las cárceles, pero ¿a qué precio?

Vangelis Stathopoulos, preso en la cárcel de Larissa (Grecia), es uno del más de medio millón de encarcelados en Europa en plena pandemia de covid-19. La prisión en la que cumple condena reúne, como muchas otras, las condiciones perfectas para la proliferación de virus: una tasa de ocupación mayor a la debida, unas condiciones de vida precarias y a menudo unas medidas higiénicas escasas.

"Cuando me contagié de covid en diciembre del año pasado, casi la mitad de los reclusos también estaban enfermos", cuenta Stathopoulos. "Nos trasladaron a un pabellón con 60 personas, en un espacio de unos 110 metros cuadrados. Era imposible predecir cuánto nos iba a afectar la enfermedad".

Durante la pandemia nos hemos acostumbrado a recibir datos sobre el covid-19 actualizados meticulosamente, y la opinión pública se ha fijado especialmente en los espacios con un mayor riesgo de brotes, como las residencias de ancianos. No obstante, no se ha dado a conocer mucha información sobre la propagación del coronavirus en los centros penitenciarios.

Junto con otras 11 redacciones pertenecientes a la European Data Journalism Network, El Confidencial ha recogido información de 32 países que muestra cuántos casos y muertes se han declarado en las cárceles, cómo ha avanzado la campaña de vacunación y qué medidas se han tomado para frenar la propagación del virus.

"En muchas cárceles hay tanta gente que es imposible guardar la distancia necesaria", afirma Filipa Alves da Costa, consultora de salud pública para el Programa de Salud en Prisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Por lo tanto, cuando alguien contrae el virus, se transmite mucho más fácilmente".

"En muchas cárceles hay tanta gente que es imposible guardar la distancia necesaria", afirma Filipa Alves da Costa, consultora de la OMS

Las personas encarceladas están desprotegidas

Da Costa asegura que el riesgo en las cárceles es similar al que experimentan las personas que viven en centros residenciales, como los asilos o los centros de acogida.

Muchas personas encarceladas se ven afectadas por múltiples factores que les exponen a un mayor riesgo de padecer formas graves de covid-19, incluyendo enfermedades como el VIH o antecedentes de consumo de tabaco u otras drogas. La marginación, la pobreza o las dificultades para recibir atención sanitaria tienden a repercutir en estos sectores de población incluso antes de su ingreso en prisión, y las condiciones en las cárceles suelen agravar la situación, según la OMS. "De hecho, en las cárceles consideramos a los mayores de 50 años como tercera edad, aunque en la sociedad no se consideren como tal", afirma da Costa.

Los brotes en las cárceles nos afectan a todos

Los brotes en las prisiones no solo afectan a las personas que trabajan o están encerradas ahí, sino también a las comunidades vecinas. "No es un entorno completamente cerrado", cuenta Da Costa. "Hay gente que entra y sale a diario. No solo el personal, sino también los proveedores de servicios, abogados o los propios reclusos. Si no se protegen las prisiones, no se protege a la comunidad".

En Estados Unidos, donde el coronavirus se extendió rápidamente en sus centros penitenciarios durante el 2020, numerosos estudios muestran cómo los brotes originados en las cárceles se propagaron a las comunidades vecinas. Una comparación a nivel nacional descubrió que los casos de covid-19 crecían más rápido en los condados con más personas encarceladas y vinculó la encarcelación masiva con más de medio millón de casos adicionales de covid-19 dentro y fuera de las prisiones.

La recopilación más reciente de datos a nivel europeo, realizada por la Universidad de Lausana, recogió el número de casos en las cárceles hasta septiembre de 2020. Desde entonces ha transcurrido más de un año, marcado por varias olas, nuevas variantes y una campaña global de vacunación.

La primera reacción fue suspender todas las actividades

Un estudio realizado por investigadores en Barcelona muestra que la mayoría de los países confinó rápida y firmemente las cárceles al inicio de la pandemia.

Las visitas se suspendieron o se limitaron inmediatamente en casi todos los países. En muchos centros penitenciarios también se suspendieron las actividades deportivas y recreativas y el trabajo. Los permisos de salida se interrumpieron. "Incluso pusieron nuestra correspondencia en cuarentena", recuerda Csaba Vass, que está en una cárcel de Hungría. Países como Alemania, Bélgica y Hungría pusieron en cuarentena a los recién llegados y a aquellos que mostraban síntomas.

Tasas de infección semejantes a la población general

La información recopilada para esta investigación pone de manifiesto que, a primera vista, estas medidas contribuyeron a evitar lo peor: en general, las cárceles no se han convertido en focos incontrolables de la enfermedad. De acuerdo con los datos disponibles, parece que la tasa de infección en las cárceles de muchos países es más o menos similar a la tasa de la población general.

Cuando las tasas de infección eran altas entre la población general, también solían serlo en las prisiones. Esto es cierto en países como Eslovenia, Estonia o Bélgica, donde más de una de cada 10 personas ya se han infectado. En países como Croacia o Grecia, los reclusos se contagiaron en un porcentaje mucho mayor que la población general. Sin embargo, en muchos países los casos notificados en cárceles se mantuvieron por debajo de los casos en la población general, según los últimos datos disponibles. Esto ocurrió incluso en Hungría y Francia, países con cárceles cuya ocupación supera con creces la capacidad oficial.

En las cárceles españolas, que tienen unos niveles de ocupación más bajos de todo el continente, hubo menos contagios que en la población general. Salvo en Cataluña, que tiene transferidas las competencias y gestiona los centros penitenciarios en su territorio desde 1984. Allí, la incidencia de covid fue más alta entre los internos.

No obstante, incluso en los países con las tasas de infección más bajas, algunas cárceles concretas pueden ser el escenario de brotes importantes. Hace poco, más de 50 personas dieron positivo en la cárcel de Béziers (Francia), que actualmente alberga a 638 personas en un espacio construido para 389.

Es posible que las cifras oficiales no lo expliquen todo. "La mayoría de administraciones penitenciarias no recopilan datos de manera sistemática", afirma Adriano Martufi, que investiga las condiciones de vida en las cárceles europeas en la Universidad de Leiden. "Tengo la sensación de que no se están notificando todos los casos", dice Martufi.

Por ejemplo, la cárcel de Larissa en Grecia solo dio parte oficial de 200 casos hasta julio de 2021. Stathopoulos afirma que ha contado muchos más. "Creo que hemos tenido más de 500 casos desde diciembre de 2020", cuenta.

Esta falta de información no tiene por qué ser deliberada, sino que puede emanar de problemas organizativos. "Los servicios sanitarios en las prisiones no tienen ni el personal ni el equipamiento suficiente", dice Martufi. "Ni siquiera sé si cuentan con la capacidad técnica para recopilar y gestionar todos esos datos".

El precio de reducir los casos puede ser muy alto

Incluso si el número de contagios se toma al pie de la letra, las restricciones impuestas para minimizar la propagación del coronavirus suelen tener efectos secundarios. "La tragedia que temíamos no ocurrió, pero lo logramos evitar a costa de unos sacrificios enormes de la población reclusa: suspensión de actividades y de la enseñanza; el fin del poco trabajo que existe en la cárcel, etc.", comenta Dominique Simonnot, que dirige el organismo público independiente de Francia para supervisar las condiciones en los lugares donde se priva la libertad de las personas. "Desde un punto de vista social, el precio es exorbitante".

Durante los últimos 18 meses, en muchas prisiones se ha confinado mucho más que de costumbre.

Una cárcel de Malta mantuvo a los recién llegados en celdas con solo un colchón en el suelo y un váter abierto en el suelo 23 horas al día durante dos semanas, en unas condiciones que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ya había condenado en 2013.

Las Reglas Nelson Mandela de la ONU, o las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, establecen que el confinamiento solitario solo debe usarse como último recurso, durante el menor tiempo posible y nunca más de 15 días. Aun así, durante la pandemia, el aislamiento de reclusos se ha convertido en una medida corriente en muchos países.

En Irlanda, los presos de más de 70 años o los que padecían enfermedades crónicas fueron automáticamente trasladados a un confinamiento solitario entre abril y junio de 2020. Los detenidos en estas condiciones expresaron sentirse deprimidos e incluso tener pensamientos suicidas. En algunas prisiones de Alemania, a los detenidos en prisión preventiva se les aislaba durante dos semanas tras cada comparecencia judicial.

Las personas que no estaban en cuarentena también debían recluirse en sus celdas durante buena parte de la jornada y no se les proporcionaba prácticamente nada para pasar el rato.

Las visitas, una vía de escape crucial para los presos

La prohibición de las visitas fue especialmente difícil para muchos reclusos. "Las visitas son una tabla de salvación importantísima", cuenta Catherine Heard, directora del Programa de Investigación Mundial sobre los Centros Penitenciarios. "Es difícil exagerar la diferencia que supone para ellos poder estar en contacto con sus familiares y seres queridos". De acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los reclusos tienen derecho a una vida familiar.

En octubre de 2020, las personas encarceladas en la prisión de Rec (Albania), iniciaron una huelga de hambre en señal de protesta por la suspensión de visitas cuando se declaró la pandemia. Desde marzo solo habían podido contactar con sus familias por vía telefónica.

"Antes de la pandemia teníamos dos horas y media de contacto físico dos veces al mes. Su falta ha causado muchos problemas psicológicos", relata Vass desde Hungría. Al final, la cárcel acabó dando la opción de hacer videollamadas para al menos permitir los contactos virtuales. "Facilitó las cosas", dice.

La mayoría de los países ha adoptado medidas para permitir esas visitas virtuales, aunque la mala conexión y las limitaciones de uso siguen causando problemas. "Muchas cárceles europeas han avanzado mucho para poner en marcha sistemas de videoconferencia", afirma Martufi. "Antes de la pandemia ni siquiera se planteaba en muchos países. Así que es una evolución positiva".

Martufi advierte que uno de los riesgos posibles es que las cárceles intenten sustituir a largo plazo las visitas en persona por videollamadas: "Tenemos indicios de que algunos administradores de centros penitenciarios dijeron: 'Bueno, ahora tenéis Skype, podéis arreglaros con eso. Ya no hay necesidad de daros permiso para ver a la familia o a los abogados en persona'". "Aún no sabemos si se ha producido un cambio en el sistema, pero cabe la posibilidad de que estas medidas permanezcan aun cuando la pandemia haya terminado".

Aparte de las videollamadas, Catherine Heard no ha presenciado muchos más esfuerzos para paliar los efectos de las restricciones. "No se me ocurre nada significativo que se haya hecho", afirma. "Por ejemplo, se ha desperdiciado la oportunidad de ofrecer material de lectura, grabaciones o acceso a cursos en línea. Se podrían haber hecho muchas cosas; es más, se deberían haber hecho muchas cosas, pero no se hicieron".

Los Países Bajos fue uno de los países que consiguió reinstaurar las actividades en la cárcel relativamente rápido mediante medidas como sistemas rotatorios o grupos fijos reducidos, cuenta Heard. Sin embargo, la mayoría de países no introdujo ninguna medida de este tipo.

Los problemas estructurales empeoraron la situación

Como en tantos otros ámbitos de la sociedad, la situación empeoró a causa de los problemas estructurales existentes mucho antes de la pandemia.

"Las restricciones más severas y duraderas se dieron en países con las cárceles más colapsadas", comunica Heard. La falta de espacio hace que las medidas de distanciamiento sean imposibles de adoptar, y recurrir a medidas alternativas es complicado debido a la falta de personal. "Si no hay personal suficiente para llevar a la gente de un lado a otro de la cárcel —dice—, no queda más remedio que dejarlos encerrados en sus celdas casi todo el día y la noche".

Tanto los investigadores como las ONG y los reclusos aluden al colapso como la clave del problema. En uno de cada tres países europeos los centros penitenciarios están por encima de su capacidad oficial.

En muchas cárceles concretas la situación es mucho peor que la media nacional. "Estoy en una celda que en principio es para cinco personas. Ahora somos ocho. Es imposible mantener la distancia", contó una persona en huelga de hambre a un medio de comunicación croata al inicio de la pandemia en marzo de 2020. "No podemos ver a nuestras mujeres e hijos, y, Dios no lo quiera, igual alguno de nosotros no los volverá a ver. Prácticamente nos sentimos como los presos en el corredor de la muerte, esperando a que el coronavirus llegue a la cárcel".

Durante la primera ola, muchos países europeos pusieron en libertad a un número de personas sin precedente para descongestionar las cárceles. "Los expertos llevan pidiéndoselo años, pero era demasiado arriesgado políticamente", dice Heard. "Creo que el covid fue la excusa de muchos países para reducir discretamente el número de reclusos".

Heard calculó que la población encarcelada podría haberse visto reducida en hasta medio millón de personas entre marzo de 2020 y junio de 2021 en todo el mundo. Países como Eslovenia, Bélgica, Francia e Italia, que contaban con un exceso de capacidad, redujeron hasta un 25% el número de reclusos, quedando por debajo o al nivel de la capacidad oficial.

"No podemos hacer frente a otra crisis con esta cantidad de reclusos en toda Europa. Hay que reducirla", dice el investigador Adriano Martufi

"Una lección que los países habrán aprendido es que han reducido sus cifras de encarcelación sin que haya pasado nada", dice Heard. Ya que la pandemia ha ofrecido una razón sanitaria para reducir el número de presos, la investigadora considera crucial que los países mantengan la tendencia.

Sin embargo, parece que muchos países están echando por tierra el progreso conseguido desde la primavera de 2020. Tras la reducción inicial, el número de personas encarceladas está aumentando otra vez en casi la mitad de los países europeos estudiados. En algunos casos se han superado los niveles iniciales. Por ejemplo, las cárceles francesas y eslovenas vuelven a acercarse al colapso, y algunas cárceles en concreto alcanzan niveles aún peores.

Retraso en la vacunación

Con estos problemas estructurales que empeoran una situación ya de por sí complicada, la 'vuelta la normalidad' en las cárceles depende de lo mismo que en el resto de la sociedad: de la vacunación.

"Cuando se anunció que habría una vacuna, todo el mundo se tranquilizó", relata Vass. "Hasta donde yo sé, prácticamente todos los reclusos se la pusieron. Me dieron la primera dosis en mayo, la segunda en junio y, como muchos otros, la tercera en septiembre".

Pero no todos han recibido el pinchazo todavía. Una de las razones principales es que, aun con el riesgo que supone para los propios reclusos, el personal penitenciario y la población general, la mayoría de países no consideró prioritario a este grupo en los planes de vacunación. Muchos de ellos ni siquiera los mencionaban.

Por ejemplo, en Alemania se dio prioridad explícitamente a las personas que vivían en comunidad, como en las residencias, pero se siguió vacunando a los reclusos al mismo tiempo que al resto de la población.

"Diferentes organizaciones supranacionales independientes han indicado en varias ocasiones que los reclusos deberían ser un grupo prioritario", cuenta Martufi. "Es un claro ejemplo de la discrepancia absoluta entre las recomendaciones y la realidad".

Muchos lo achacan a una falta de voluntad política. En algunos casos, afirma Martufi, se dificultó el acceso prioritario a las vacunas por razones políticas. "En Bélgica, la decisión de priorizar la vacunación de los reclusos se convirtió en una discusión política —cuenta— y, como resultado, los presos se quedaron fuera de la campaña de vacunación hasta el último momento". Por otro lado, en Italia o España la Administración decidió vacunar a las personas encarceladas de manera prioritaria, sin que se produjera un debate público.

Esto supuso que el inicio de la vacunación en las cárceles se retrasase significativamente, con algunos países empezando con la primera dosis en junio, y otros a finales de marzo.

Afrontar el segundo invierno pandémico

Con la campaña de vacunación en las prisiones alcanzando por fin el nivel de la población general en muchos países, unido al bajo número de contagios del verano, los reclusos pudieron tomarse un respiro gracias a la reanudación de las visitas y las actividades, con las condiciones sanitarias pertinentes.

Sin embargo, con la llegada del invierno y el inicio de una nueva ola en la mayoría de países europeos, la pandemia no ha terminado para nadie, y es claramente peor para las personas encarceladas. "No nos van a devolver pronto nuestra antigua vida, nuestros beneficios", lamenta Csaba Vass desde Hungría. En Italia, los datos semanales indican que los casos entre el personal y los reclusos están subiendo. Recientemente, el ministro de Justicia de Croacia confirmó que más del 20% de las personas encarceladas se han infectado con coronavirus: aproximadamente una tasa 1,5 veces mayor que en la población general.

Lo que hemos aprendido para el futuro

Los expertos recomiendan a los países reducir drásticamente el número de presos para así estar mejor preparados de cara al futuro. "No podemos hacer frente a otra crisis sanitaria con esta cantidad de reclusos en toda Europa", afirma Martufi. "Hay que reducirla".

No obstante, las fuentes consultadas también ven motivos para el optimismo. "El covid tendría que haber sido la llamada de atención para mejorar las condiciones en las cárceles y para reducir el número de penas de prisión", afirma Catherine Heard.

Para que esta llamada de atención sea escuchada, el interés público y la voluntad política desempeñan un papel fundamental. "Es el momento de reconsiderar la idea de que los reclusos son ciudadanos de segunda", dice Martufi. "No nos podemos permitir dejar a nadie atrás. Todos nos veremos perjudicados".

Este artículo ha sido editado por Milan Gagnon, Giana-Carina Grün y Peter Hille.

El proyecto es una colaboración dentro de la European Data Journalism Network.

Responsable del proyecto: Deutsche Welle.

Colaboradores: Alternatives Economiques, Civio, El Confidencial, EUrologus, Il Sole24Ore, iMEdD, MIIR, OBC Transeuropa, Openpolis, Pod črto, VoxEurop.