La gran división europea: emociones, rencores y política para otro pacto migratorio

La crisis migratoria de 2015 y 2016 cambió para siempre la Unión Europea y provocó una fractura que marca el presente y el futuro del proyecto común. Más allá de las emociones y las divisiones internas, la gestión migratoria, convertida ahora en un dossier maldito, supone uno de los principales retos a los que tiene que hacer frente la Unión y una futura crisis migratoria que sea gestionada de forma caótica pondría de nuevo al club contra las cuerdas.

En 2015 la Comisión Europea, entonces dirigida por Jean-Claude Juncker, con el apoyo del Gobierno alemán, propuso un sistema de cuotas obligatorias. La idea provocó la furia de los Estados miembros del este, fundamentalmente el llamado grupo Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), así como de un joven ministro de Exteriores de Austria, Sebastian Kurz, que es hoy canciller del país. Aunque se logró un acuerdo por mayoría cualificada en el Consejo, Visegrado nunca ha cumplido con las normas. El acuerdo sobre migración de hace un lustro nació muerto y fue la firma de un divorcio emocional entre el núcleo duro de la Unión y el bloque del este.

La crisis migratoria fue la cerilla que prendió la revuelta iliberal en Europa. Líderes como Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, se negaron en redondo a recibir a refugiados con mensajes duros, explicando que no iban a aceptar "inmigrantes musulmanes", convirtiendo una cuestión humanitaria en una cuestión que suponía un peligro para la supervivencia propia de la nación. Lo que era un tabú, un discurso descarnado que chocaba frontalmente con los valores europeos, se convirtió en la norma. Primero se produjo el escándalo, después, poco a poco, más y más líderes europeos se fueron sumando a un discurso similar.

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Se normalizó hablar de “invasiones” de inmigrantes, y, en general, Europa vivió un trauma que ha marcado un cambio total en el panorama político. La llegada de los líderes extremistas al poder parece en algunos países una cuestión de tiempo. En otros es una realidad: EKRE llegó al poder en Estonia como socio minoritario y señalándose como simpatizantes del supremacismo blanco. En todos los países apareció, en caso de no existir previamente, un bloque antiinmigración radical que movió a la derecha a todo el espectro político. Dinamarca, una ejemplo del progreso social y gobernado por los socialdemócratas, ha entrado en los manuales de cómo hacer de tu país un infierno para la inmigración.

Este cambio de era se vio acompañado por un cambio en el discurso iliberal, que tiene su meca en Budapest. Estas fuerzas políticas no se consideran antieuropeas, al revés: se consideran las verdaderas europeas. Globalismo contra verdaderos patriotas es el nuevo marco del discurso. El que protege a Europa es el que frena la inmigración.

En ese marco, tóxico, venenoso y complicado, en el que las decisiones racionales y necesarias se mezclan con las emociones, la gestión migratoria se ha convertido en un asunto maldito. Cualquier intento de retomar el dossier se sospecha que pueda acabar convertido en un nuevo empujón al discurso antiinmigración y euroescéptico. Pero países como España, Grecia, Malta o Italia no pueden esperar más. La solidaridad no puede ser troceable: si Hungría o Polonia se benefician de la solidaridad de Roma y Madrid con sus contribuciones al presupuesto, Budapest o Varsovia no pueden sencillamente abstenerse de ayudar en las necesidades de otros Estados miembros.

Un nuevo frente

En ese difícil contexto la Comisión Europea ha presentado este miércoles una nueva propuesta, alejada de aquello que países de primera línea como España, Grecia o Italia querrían, y acercándose a lo que sería un buen resultado para Hungría o Polonia al eliminar las cuotas obligatorias y centrarse en más seguridad y más capacidad para realizar deportaciones de los migrantes que no tienen derecho a asilo.

No será un proceso fácil. En las próximas semanas comenzará la negociación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. Este último no se va a mostrar conforme con la propuesta que han puesto sobre la mesa Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, y Ylva Johansson, comisaria de Interior. Apretarán las tuercas y buscarán cambios.

Sin embargo, en ningún otro lugar se va a producir un choque comparable con el que ocurrirá dentro del Consejo. Las visiones son radicalmente distintas y las emociones están a flor de piel. Para Hungría o para Polonia este es un asunto crucial: sus Gobiernos han construido toda su agenda sobre la idea de la lucha contra la inmigración, lo que les ha permitido profundizar en un proceso de desmantelamiento del Estado de derecho y apuntalar su poder. Si pierden una batalla así contra otros socios europeos, ¿qué mensaje lanzan a sus votantes?

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Por eso la Comisión Europea ha presentado un acuerdo que sabe que es negativo. No es solidario y tiene muchos agujeros, pero Bruselas ha buscado una “vía pragmática” que permita que, incluso siendo deficiente, haya un sistema funcionando. Hasta ahora, tras el colapso del sistema común de asilo, el Ejecutivo comunitario coordinaba negociaciones improvisadas en las que distintos países se ofrecían a ayudar a los Estados miembros que acababan de recibir un gran desembarco de migrantes. El goteo constante de negociaciones caóticas y sin estructura era insostenible.

Bruselas busca un sistema estructurado. Que se pueda discrepar de la idoneidad de sus mecanismo, pero que al menos no pueda decirse que la Unión Europea no tiene ninguna herramienta para hacer frente a la migración como venía ocurriendo hasta ahora. Que si ocurre una nueva crisis como la de 2015-2016, la Unión tenga un punto de referencia y de inicio.

El problema es que con ese afán pragmático, la Comisión Europea ha presentado una propuesta que recibirá críticas por ambos lados. Para España o Grecia la reforma no será suficiente. El sistema establece una “solidaridad flexible” por la que los Estados miembros deben auxiliar al país que se encuentra en primera línea de la presión migratoria, pero pueden hacerlo acogiendo solicitantes, ofreciendo financiación, o bien deportando a aquellos solicitantes cuya petición haya sido rechazada.

El resultado es que diplomáticos y políticos esperan que el asunto acabe a nivel de líderes en una negociación que será tensa y frustrante, que habrá que apurar hasta el final sabiendo que, como ya ocurrió en el pasado, un acuerdo en el Consejo no es sinónimo de que después los Estados miembros vayan a cumplir con lo acordado. Nadie duda de que el asunto migratorio seguirá siendo el dossier maldito de la Unión Europea, envenenado y explosivo, con el que la única solución parece ser esperar a que la próxima crisis migratoria ponga a todos contra las cuerdas.