La Unión Europea da a Londres hasta finales de mes para detener su órdago

La Unión Europea ha dado al Reino Unido hasta finales de mes para retirar de su Ley de Mercado Interior los artículos que anulan partes del Protocolo de Irlanda del Norte, parte crucial del Acuerdo del Brexit. Lo ha hecho durante una reunión de emergencia en Londres del Comité Conjunto, el organismo encargado de supervisar la implementación del Protocolo. De no hacerlo, Bruselas recuerda que estaría violando el derecho internacional, rompiendo la confianza de la Unión Europea y poniendo en riesgo las relaciones futuras por lo que considera una “violación extremadamente grave” del derecho internacional.

Las actuales tensiones comenzaron el pasado domingo, cuando el 'Financial Times' publicó que el Reino Unido tenía intención de poner en marcha una legislación que anularía parte del Acuerdo de Retirada. Aunque en un primer momento se tomó como una estrategia para aumentar la presión sobre el lado europeo en las negociaciones para un futuro acuerdo comercial, la verbalización por parte de un ministro en la Cámara de los Comunes el pasado martes y la posterior publicación de la propuesta hizo que Bruselas comenzara a movilizar todas sus herramientas.

La Comisión Europea, representada por el comisario Maros Sefcovic, ha comunicado al representante británico, Michael Gove, que no acepta las explicaciones por las que el Gobierno británico asegura que la legislación tiene el objetivo de que se respeten los Acuerdos del Viernes Santo que pusieron fin a la violencia en la isla de Irlanda y que tienen, como principal elemento, la desaparición de la frontera entre el Ulster (provincia británica) y la República de Irlanda. “De hecho - la Comisión Europea - opina que la ley hace lo contrario”, señala el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Una obligación "legal"

Sin el Protocolo de Irlanda, un complejo instrumento de ingeniería legal y económica que permite la inexistencia de controles entre Belfast y Dublín, la Unión Europea se vería obligada a establecer una frontera física entre el Ulster y la República para evitar que se ponga en riesgo la integridad del Mercado Interior. Pero esa no es una solución viable si se quieren respetar los Acuerdos del Viernes Santo, el gran rompecabezas al que los técnicos británicos y europeos dedicaron mucho tiempo a solucionar con el Protocolo que se pactó con Theresa May, anterior primera ministra, y que se adaptó después a las peticiones de Boris Johnson.

Sefcovic ha recordado a Gove que la implementación del acuerdo es “una obligación legal”. El vicepresidente de la Comisión Europea ha recordado en Londres que desde que el Acuerdo de Retirada entró en vigor el pasado 1 de febrero de 2020 “ni la UE ni el Reino Unido pueden cambiar, aclarar, enmendar, interpretar, ignorar o no aplicar unilateralmente el acuerdo”.

“Al presentar este proyecto de ley, el Reino Unido ha dañado gravemente la confianza entre la UE y el Reino Unido. Ahora le toca al gobierno del Reino Unido restablecer esa confianza”, señala la Comisión Europea en un comunicado en el que lanza una amenaza al Ejecutivo de Boris Johnson: “El Acuerdo de Retirada contiene una serie de mecanismos y recursos legales para abordar las violaciones de las obligaciones legales contenidas en el texto, que la Unión Europea no vacilará en utilizar”.

Todo esto ocurre mientras las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para la puesta en marcha de un futuro acuerdo comercial se encuentran atascadas a medida que se acerca el 1 de enero de 2021, día en el que se romperán los lazos económicos entre Londres y el resto del bloque comunitario que permanecían en pie mientras durara el periodo transitorio que Johnson decidió no extender. Michel Barnier, negociador jefe de la Comisión Europea, se encontraba esta semana en la capital británica donde debía mantener una nueva ronda de negociaciones junto a su homólogo británico, David Frost. Uno de los principales escollos es la igualdad de condiciones, especialmente en lo referido a unos estándares mínimos en ayudas de estado, asuntos fiscales, laborales o medioambientales.