¿Combatir la desinformación? A nivel europeo, el Gobierno de España llega tarde

En su comparecencia del 29 de abril de 2024, en la que anunció que había decidido continuar al frente del Gobierno, Pedro Sánchez terminó su alocución prometiendo que España le enseñaría al mundo cómo se defiende la democracia. Si estamos hablando, como todo lo demás en su discurso parece sugerir, que se trata de defender la democracia de las manipulaciones informativas, España va a tener que ser muy original para aportar ideas nuevas. La idea de que la democracia como forma de gobierno se puede ver amenazada por la desinformación está en el centro del debate público desde que una parte de la opinión pública, los académicos y los actores políticos atribuyeran a la misma el resultado del Brexit y la elección de Trump en 2016.

Esta idea tiene varias formulaciones más o menos discutibles. Una versión tosca en términos narrativos es la del asedio de los bárbaros, que sostiene que las democracias son vulnerables a la manipulación informativa directa, asumiendo que una campaña informativa manipuladora puede llevar a resultados electorales catastróficos tales como la elección de líderes autoritarios o el abandono de alianzas vitales. Esta versión tiende a sobrevalorar la importancia de la comunicación en una campaña y a ignorar las circunstancias políticas, materiales o institucionales que necesariamente preceden al deterioro de una democracia.

Otra versión más elaborada de este relato es la que describe la desinformación con un parásito alienígena que va colonizando un organismo sano. Esta formulación sitúa a la manipulación como parte de un conjunto más amplio de fenómenos, como la polarización o la fragmentación de la conversación pública, y señala que genera una espiral negativa con efectos en el medio plazo. Una vez que la desinformación se instala en la conversación política, afirma, ésta anida en su seno, erosionando progresivamente la confianza en los medios, instituciones y actores políticos. El resultado es que los ciudadanos se desinteresan de la política, desconfían de la misma y van inhibiéndose de participar en la esfera pública.

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Una tercera explicación, que suele generar menos atención, es que las democracias son vulnerables a la colonización de la esfera pública por dinámicas comunicativas que, fundamentalmente, estarían erosionando lo común. En esta versión, es el creciente desapego compartido hacia la verdad, su pérdida de autoridad epistémica, la que amenaza la democracia: ¿cómo vamos a aceptar que gobierne aquel con quienes no estamos de acuerdo, si ni siquiera aceptamos la derrota?

El riesgo de que las manipulaciones informativas y la polarización comunicativa erosionen el Estado de Derecho y la democracia ha llevado a diferentes países a intervenir para regular el espacio público. La Unión Europea (UE) ha adoptado recientemente un “Paquete de defensa de la democracia” que se enmarca en una reflexión de amplio alcance sobre las amenazas que constituyen la desinformación y otras formas de manipulación electoral, el deterioro de la calidad institucional y del Estado de Derecho y la manipulación por parte de potencias autoritarias. La urgencia del asunto queda de relieve en el cambio de los términos de la propuesta de la UE al pasarse de un “plan de acción” para la democracia (Comisión Europea 2020) a un “paquete de defensa”. En Estados Unidos, no ha habido una respuesta clara a nivel federal, pero el tema de la defensa de la democracia ha sido central en los discursos sobre el estado de la Unión del presidente Biden.

Varios de los elementos de estos planes europeos están ya en vigor o lo estarán en breve debido al efecto directo y aplicabilidad inmediata de los reglamentos europeos. El elemento más llamativo es la llamada “Ley de Servicios Digitales” que obliga a las grandes plataformas a actuar contra la desinformación. Esta norma tiene numerosos críticos porque convierte a uno de los causantes del auge de la desinformación en baluartes de su moderación, contribuyendo a la privatización de la garantía de derecho fundamental a la libertad de expresión.

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También acaba de adoptarse un reglamento europeo de libertad de los medios de comunicación que obliga a fomentar la transparencia de la financiación y propiedad de los medios privados, el pluralismo de los medios públicos y permite a los ciudadanos individualizar la forma en que reciben el contenido audiovisual. La UE también ha intervenido para introducir transparencia en la publicidad electoral y ha adoptado directivas que requieren normas de transposición nacional, entre ellas una especialmente importante, que busca dificultar el uso de denuncias temerarias para intimidar a periodistas y sociedad civil.

Solo con desarrollar las decisiones pendientes a nivel nacional y adoptar herramientas de transposición, el gobierno ya tiene un programa legislativo. Pero es que además, los Estados miembros tienen amplio margen para seguir actuando, si lo desean, en ejercicio de las competencias propias. Esto puede traducirse en el uso de los servicios de inteligencia, la promoción de la alfabetización mediática, los pactos de Estado para la convivencia o incluso la sanción penal de la desinformación.

Evidentemente, la circulación internacional de ideas, modelos y planes contra la desinformación no justifica ningún tipo de actuación concreta. Las democracias se fundamentan en la igualdad ante la ley y en la igual capacidad de participación en el debate público, pero combinan ambos principios de formas diferentes que se enmarcan en diferentes tradiciones de equilibrio entre Estado, mercado y sociedad. Naturalmente que se puede defender la democracia mediante innovaciones institucionales y políticas, pero siempre hay que tener en cuenta que son sistemas dinámicos y que cualquier modificación del equilibrio puede tener consecuencias en todo el sistema. El paso de espacios públicos poco regulados a otros sujetos a normas más estrictas puede ser necesario, pero en esa transformación también pueden producirse silenciamientos de opiniones minoritarias, favorecer un tipo de práctica periodística frente a otras o limitar libertades públicas en nombre de la libertad de expresión.

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El proceso de adopción del paquete europeo de defensa de la democracia ofrece un estudio de caso llamativo sobre las amenazas a la democracia y los riesgos de una respuesta improvisada. Este paquete, que incluía una propuesta de directiva para crear registros de representantes de intereses de terceros Estados en los 27 que ha decaído con la disolución del Parlamento, es una respuesta al intento de Qatar de influir en las instituciones europeas mediante una presunta red de compra de votos de eurodiputados. En una entrevista para un documental de ARTE, la exvicepresidenta del Parlamento Eva Kaili, en la que entre otras cosas intenta justificar la presencia de cientos de euros en metálico en su apartamento, señala que fueron los servicios secretos belgas, y no la policía, quienes lideraron la investigación del caso. Sus abogados intentarán de esta manera invalidar las pruebas con el argumento de que en “defensa de la democracia” se puede haber justificado una investigación fuera de los cauces y garantías habituales.

La respuesta securitaria a las amenazas a la democracia, en definitiva, puede tener el resultado inquietante de dotar de poderes adicionales a los ejecutivos, con las consiguientes tentaciones de emplearlos contra la oposición.

* Luis Bouza García es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Jean Monnet Partnership Spain e investigador del proyecto RECLAIM, que analiza el problema de la desinformación en Europa