La reforma en la transparencia de medios que exige Sánchez ya existe y se aplicará este año

"¿Tienen transparencia estos medios, vamos a llamarlos digitales o estas páginas web? ¿Sabemos quién las financia? Son preguntas que es muy importante responder". La frase es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzada en el contexto de una entrevista con la Cadena Ser este martes, un día después de comunicar que no piensa renunciar al cargo tras haber hecho creer a su núcleo político más cercano y al conjunto de la población que estaba meditando abandonar por la apertura de diligencias de investigación penal en un juzgado de Madrid sobre las relaciones empresariales de su mujer, Begoña Gómez, recurrida por la Fiscalía de Madrid.

El líder del PSOE sigue adelante en su escalada de denuncia de lo que llama "máquina del fango", sin haber explicado todavía la naturaleza de las relaciones contrastadas y verificadas de su esposa con empresarios receptores de fondos gubernamentales y los posibles conflictos de interés que puedan suscitarse. Pedro Sánchez ha culminado su semana de cinco días de "pausa" con la concesión de dos entrevistas, una a la emisora privada de Prisa y otra a RTVE, en las que habla de medios "digitales" que propagan bulos, en genérico y sin hacer distinciones, e insinúa, también sin concretar, la necesidad de habilitar medidas legislativas o sectoriales de mayor trasparencia para definir quién los financia. “Se dice que la desinformación nos viene de fuera, de Putin, pero resulta que tenemos dentro el caballo de Troya”, señalaba en su entrevista con la periodista de la Ser, Angels Barceló, en la que ha cuestionado también el cumplimiento de la actual Ley de Publicidad Institucional por parte de algunas administraciones.

Lo cierto es que la reforma que desliza que sería necesaria, al menos en los términos de transparencia sobre financiación pública y propiedad de los medios de comunicación, ya existe. La acaba de completar la Unión Europea a través de la aprobación de un reglamento, bautizado como European Freedom Media Act o Ley de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés, pinche para leerlo), que ha superado el filtro en primera lectura por el Parlamento y el Consejo Europeo y fue publicado el pasado 11 de abril en el Diario Oficial de la Unión Europea. A partir de ese momento, entra en vigor en todos los países miembros en el plazo de veinte días, este mismo mes de mayo. En tanto que reglamento, su aplicación es automática y no requiere de trasposición en legislación estatal, como ocurre con las directivas. Es extraño que Sánchez no se haya referido a él estos días, porque la culminación del texto era uno de los objetivos del semestre español en la presidencia de la UE, que terminó en diciembre.

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La Freedom Media Act obliga a los medios de comunicación a hacer públicos para la audiencia los accionistas que componen la propiedad y los ingresos públicos que recibe. Así lo establece el artículo 6 del reglamento, en el que se explica que los prestadores de servicios de comunicación harán accesible, "de forma sencilla y directa, el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública", señala el texto. La medida tiene como objetivo que el público sepa "quién controla los medios y qué intereses pueden influir en la información", señaló el Europarlamento en sus comunicaciones oficiales cuando se aprobó definitivamente el texto legislativo.

El reglamento alcanza especialmente a la transparencia en la percepción de ingresos públicos a través de la publicidad institucional. Los medios de comunicación tendrán que publicar y hacer visible a los usuarios, también "de forma sencilla y directa", el importe total anual de "fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado" y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países. Es decir, radios, televisiones y periódicos de papel o digitales deberán hacer trasparentes también ingresos públicos procedentes del extranjero. La norma, eso sí, no hace ninguna referencia a la transparencia en ingresos comerciales de origen privado.

Además, todos los medios de noticias y temas de actualidad, independientemente de su tamaño, tendrán que publicar información sobre sus propietarios en una base de datos nacional, incluso si son propiedad directa o indirecta del Gobierno. Será responsabilidad gubernamental elaborar esa base de datos de acceso público.

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Las obligaciones de transparencia de la EMFA en su relación con los medios de comunicación alcanzan también a las Administraciones Públicas, tanto estatales como aquellas subnacionales o territoriales de más de 100.000 habitantes. El reglamento establece que todos los ingresos públicos de publicidad estatal o para contratos de suministro o de servicios con medios de comunicación o con los prestadores de plataformas en línea "se concederán de conformidad con criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, puestos a disposición del público de antemano por medios electrónicos y fáciles de usar, mediante procedimientos abiertos, proporcionados y no discriminatorios", afirma el texto.

"Los Estados miembros procurarán velar por que el gasto público anual global asignado para publicidad estatal se distribuya a una amplia pluralidad de prestadores de servicios de medios de comunicación con representación en el mercado, teniendo en cuenta las especificidades nacionales y locales de los mercados de los medios de comunicación de que se trate", añade.

La información sobre el gasto publicitario estatal será pública, incluyendo el importe total anual y el importe por medio. Las autoridades o entidades públicas harán pública "anualmente, por medios electrónicos y fáciles de usar", la información sobre su gasto público en publicidad estatal. Esa información deberá ser detallada e incluir las denominaciones legales de los medios de comunicación o de los prestadores de plataformas en línea que hayan recibido esos ingresos y el importe recibido por cada uno de ellos. Además, si los medios concretos forman parte de un grupo editorial más amplio, este tendrá que ser identificado también en la información abierta al público.