Ecuador, Correa y lo que pasa cuando se intenta controlar el "linchamiento mediático" con una ley

“¡Esta prensa corrupta nunca más!”. Mientras decía estas palabras, Rafael Correa rompía un ejemplar del periódico ecuatoriano Expreso. No era la primera vez ni sería la última. Lo hizo, en sus 10 años de Gobierno, en ocho ocasiones. Normalmente, por televisión, durante sus discursos de los sábados por la mañana, en los que se dirigía a la población ecuatoriana para informar sobre lo que había ocurrido durante la semana dentro del Gobierno.

En 2017, lo hizo con un ejemplar del Expreso por haber publicado artículos relacionados con el caso de corrupción en la petrolera estatal Petroecuador. En 2012, fue el turno de La Hora, a quien acusó de tergiversar las noticias y actuar de “mala fe”. En ese momento, llamó a los ecuatorianos a hacer un boicot y dejar de comprar periódicos que, según Correa, le atacaban con mentiras para apartarle del poder. “Tenemos cómo defendernos, dejando de comprar esa porquería que se llaman periódicos, dejando de ver esos canales que hacen politiquería en lugar de informar”, afirmó.

Pocos meses después, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en 2013 la polémica Ley de Comunicación, apodada “ley mordaza” por los líderes de la oposición y que establecía una serie de regulaciones a los medios de comunicación y a los periodistas. Los críticos sostenían que la normativa buscaba aumentar el control del entonces presidente sobre la información publicada en los periódicos. No iban desencaminados.

Pero para llegar hasta esta ley de medios, Ecuador tuvo que transitar por un escenario cada vez más enrarecido. Medios locales, "desde una lógica de barricada o trinchera ideológica" organizaban un "ataque sistemático contra el Gobierno", rememora Decio Machado, analista político en Quito y miembro del Geopolitical Studies Group, a El Confidencial. Se empezó a hablar de "linchamiento mediático" por las informaciones publicadas, y la necesidad de poner coto a ese "acoso". Una guerra entre medios y el Gobierno de Correa, en la que se desprestigió a la prensa como enemigo y, en la otra trinchera, se buscaba el acoso al presidente.

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Un escenario final que, como todos, tuvo que nacer en algún momento, y luego alimentado por unos y otros. En España, el 'parón' de cinco días de Pedro Sánchez para reflexionar fue acogido por comunicados de periodistas que hablaban de "golpe mediático". En su discurso del lunes, en el que afirmó querer continuar "con más firmeza" la "regeneración pendiente de nuestra democracia", Pedro Sánchez no hizo referencia específica a los medios de comunicación. Horas después, sin embargo, en una entrevista en la televisión pública la noche del mismo día, sí señaló a los periódicos digitales que, según él, son responsables de las campañas de "desinformación". No planteó ninguna medida concreta para acabar con este tipo de prácticas, más allá de una generalidad sobre "abrir una reflexión" en la que también participe el sector.

El guante ha sido recogido por, entre otros, sus antiguos aliados de Podemos, que han puesto palabras a la insinuación pidiendo una ley de medios frente a "una derecha mediática que está en posiciones golpistas", en palabras de Ione Belarra. "¿La guerra judicial y mediática también se queda para seguir golpeando a nuestra democracia? Eso no lo podemos permitir", señaló la líder morada. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, apuntó a una “regulación soft” de la libertad de expresión para protegerla de “usos fraudulentos”.

La palabra no es "linchamiento" —definido en Ecuador como información publicada en medios de comunicación “con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica, o reducir su credibilidad pública”—, pero el analista ecuatoriano Decio Machado reconoce algunas similitudes.

La ley de comunicación se aprobó, continúa Machado, en ese contexto de “bronca permanente” entre el régimen de Correa y la prensa. “La tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación fue una de las características transversales del Ejecutivo. El resultado fue la ley que fue calificada como el más grave retroceso de los últimos años en América Latina en lo relacionado con libertad de expresión por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y también fue censurada por organismos como la comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirma el analista.

"La tensión entre el Gobierno y los medios fue transversal. El resultado fue la ley, calificada como el más grave retroceso"

“La ley significó que asuntos como acusaciones de corrupción sobre funcionarios o estamentos del Ejecutivo no podían ser publicados si se iniciaba un proceso judicial. Eso evidentemente anulaba la capacidad de información por parte de la ciudadanía”, explica.

Obviamente, existen claras diferencias entre los dos escenarios, como las características del sistema liberal democrático en los Estados europeos y las garantías de libertad de prensa que no tienen todos los países de América Latina. “Por lo tanto, estas lógicas de populismo punitivo contra los medios de comunicación y de control del sistema mediático son mucho más complejas en países como España o el resto de Europa. (…) Pero me sorprendería ver una ley así en España, o en Europa en general”, asegura Machado.

En Ecuador, su “ley mordaza” limitó los actos de “linchamiento” de medios, sobre todo conservadores, sobre algunas figuras del Gobierno y, al mismo tiempo, limitó y coartó la capacidad de expresión de esos mismos medios, así como al periodismo de investigación. Sin embargo, el plan inicial de esta normativa tenía otro objetivo.

Eduardo Plaza, quien formó parte de Alianza País —el partido de Correa cuando gobernaba—, explica que cuando se inició el proceso de aprobación de la ley de comunicación las opiniones eran dispares. En ese momento, no se perfiló como una manera de restringir la libertad de prensa. “Había un deseo indiscutible de cambio en la sociedad. Dio esperanza a la población. Después se distorsionó por la marca autoritaria que empezó a adoptar Correa”, afirma a El Confidencial.

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La esperanza residía en aquel momento en que la normativa pudiera frenar las campañas de odio contra figuras del Gobierno, aunque acabó siendo una manera de crear una “prensa sumisa”. Finalmente, Plaza acabó abandonando el partido en 2016 porque “no se permitía la autocrítica”. “Ese no era el proyecto en el que yo había confiado. Eso no era izquierda, era populismo”, declara el ahora coordinador del Colectivo Pueblo en Acción.

Además, Eduardo Plaza sostiene que el tiempo ha terminado dando la razón las noticias sobre casos de corrupción que publicaban los medios de comunicación de Ecuador. El país se encuentra en una espiral de violencia inédita que llegó a uno de sus puntos más altos en agosto del año pasado, cuando el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado mientras regresaba de un mitin. El político había convertido la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en su bandera política.

La semana pasada, los ciudadanos votaron a favor de un referéndum convocado para aprobar medidas que puedan frenar la espiral de violencia, como permitir que las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones conjuntas con la Policía sin que sea necesario decretar un estado de excepción. El país, históricamente una de las naciones más pacíficas de Latinoamérica, llegó a sus índices más altos de violencia. En 2023, los homicidios aumentaron un 66%, superando los 8.012 casos según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). La tasa de homicidios se elevó a 44,5 por cada 100.000 habitantes, la más alta de la región.

El país, históricamente una de las naciones más pacíficas de Latinoamérica, llegó a sus índices más altos de violencia

Pasaron 10 años hasta que otro presidente rompiera otro papel para reclamar la ley de comunicación. En 2022, Guillermo Lasso aprobaba la nueva normativa que suprimía los puntos más polémicos de la “ley mordaza”. En un acto simbólico durante la firma, Lasso tiró al contenedor de la basura la antigua legislación impulsada por Correa en 2013. "Hoy somos un Ecuador más libre. La ley mordaza ya está en el tacho de la basura de la historia. Tenemos una nueva Ley de Comunicación, pieza fundamental del Ecuador de paz que estamos construyendo”, dijo el entonces presidente.

No solo fue Lasso, y tanto los medios de comunicación como los periodistas celebraron la nueva normativa. “Lo hicieron como si fuera el desembarco de Normandía”, concluye Machado.