La Eurocámara deja en 'reprimenda' el castigo al eurodiputado Bauzá por acoso laboral

José Ramón Bauzá, eurodiputado de Ciudadanos, que fue señalado por un caso de acoso laboral y, tras más de un año de investigación, ha sido sancionado con una “reprimenda”, el castigo más bajo de todos los previstos. El Confidencial adelantó en exclusiva en abril de 2023 que el que fuera presidente del Gobierno de las Islas Baleares entre 2011 y 2015 y eurodiputado por Ciudadanos desde 2019 estaba siendo investigado por una denuncia cursada por un exempleado de su oficina. Se trata del segundo eurodiputado español sancionado por esta razón después de que la presidencia de la Eurocámara tomara medidas contra Mónica Silvana González, eurodiputada del PSOE.

“Basado en las conclusiones del comité asesor y tras tomar en cuenta las observaciones del miembro (eurodiputado) en cuestión, he decidido imponer una sanción contra José Ramón Bauzá (…) como resultado de su comportamiento contra su asistente acreditado que constituyó acoso psicológico, la sanción consiste en una reprimenda. El miembro afectado ha sido notificado y no ha presentado un recurso, por lo que la sanción es final”, ha explicado Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, que tiene la última palabra sobre las sanciones contra los eurodiputados en casos de acoso.

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En la Eurocámara, es miembro de la comisión de Transportes y Turismo, la comisión especial sobre la pandemia de covid encargada de sacar lecciones para futuras crisis sanitarias y también de la delegación para las relaciones con la península Arábiga. La Eurocámara considera que el acoso se produjo entre mayo de 2021 y abril de 2022 de manera sostenida y repetitiva. Aunque el comité y Metsola consideran probado que este acoso ocurrió, algo que queda recogido en un informe confidencial, se ha escogido la sanción más suave de todas las previstas, que incluyen, por ejemplo, la suspensión de las dietas.

El comité que ha investigado el caso considera probado que el eurodiputado solicitó “demandó su disponibilidad 24/7 (veinticuatro horas al día, siete días a la semana)”, que hizo “comentarios amenazadores”, que “repetidamente hizo comentarios ofensivos, insultantes o de menosprecio respecto a su trabajo” y respecto al propio asistente parlamentario. Además, considera probado que el asistente tuvo que hacer “tareas domésticas” que “no estaban relacionadas con su trabajo” y que dio “órdenes contradictorias”.

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Las pesquisas han sido llevadas a cabo por el comité especial para la investigación de casos de acoso. Se comienza primero con un estudio preliminar que incluye la denuncia del empleado y las declaraciones por escrito de testigos, así como una lista y un resumen de pruebas recogidas. A partir de ello, el comité redacta un dictamen sobre la existencia o no de “indicios razonables de acoso” durante los primeros 40 días. Una vez se establece que hay indicios razonables, comienza un periodo de audiencias y declaraciones, y el comité eleva una recomendación a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, que tiene la última palabra.

Para el Parlamento Europeo, se entiende por acoso psicológico "toda conducta impropia que se produzca durante un tiempo, sea repetitiva o sistemática, y conlleve conductas físicas, lenguaje hablado o escrito, gestos u otros actos dolosos y que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de cualquier persona", según recoge el reglamento de personal. Esta definición es relativamente amplia y no siempre fácil de probar: muchos de esos comportamientos de "conductas físicas, lenguaje hablado" —que incluirían, por ejemplo, gestos— no pueden documentarse fácilmente, mientras que la idea de que sea "repetitiva y sistemática" es bastante abierta.