Del narcocondado al cáñamo legal: Marruecos plantea un futuro sin planeadoras

"¡Embístele, con dos cojones!". Varias planeadoras, lanchas fueraborda empleadas por los narcotraficantes, zigzaguean por el puerto de Barbate, perseguidas por una pequeña zódiac tripulada con cinco guardias civiles. Finalmente, una pasa al ataque y arrolla la embarcación policial. Mueren dos agentes. Las planeadoras huyen. España queda en shock.

El narcotráfico en la costa de Cádiz es conocido, pero matar es nuevo. Y sobre todo es nuevo que este homicidio se aliente y se jalee desde la orilla, donde unos jóvenes del pueblo se han reunido a observar y grabar en vídeo lo que al principio parece un juego del gato y el ratón. Siguen vitoreando aún después de saberse mortal. Por supuesto, Barbate salió en manifestación para repulsar el crimen. Pero el vídeo ha expuesto una realidad incómoda: el narcotráfico en el Estrecho ya no es solo cuestión de una banda organizada. Forma, en cierta medida, parte del pueblo.

Este es el primer paso hacia un narcocondado, un territorio que se organiza al margen de la ley en torno a la mafia, fuente principal de riqueza. Como lo son ciertas zonas de Latinoamérica, lo era o es la Sicilia de la mafia y el Nápoles de la Camorra, y el Rif de Marruecos. De momento. Porque el Rif quizás deje de serlo, si Marruecos persigue la reforma iniciada hace tres años: legalizar el cultivo del cáñamo.

La ley fue aprobada en 2021, aunque su aplicación aún va despacio. El verano pasado hubo las primeras cosechas legales, pero aún es una gota en un mar de hojas, con solo 294 toneladas de cannabis, frente a los entre 50.000 y 100.000 toneladas que se recogen en el conjunto del Rif. Y que de momento se seguirán recogiendo, porque con la planta cultivada y cosechada legalmente —así lo indica la Agencia Nacional de Regulación de las Actividades relativas al Cannabis (Anrac) en su web en cuatro idiomas— se pueden fabricar desde complementos alimenticios, cremas y medicamentos hasta ropa, materiales de la construcción y ladrillos. Se pueden hacer muchísimas cosas con la hierba, salvo fumarla. En esto, la ley no ha cambiado: de cinco a 10 años de prisión por posesión de droga, y de 2 meses a un año, o bien simple multa, por consumo, con opción a archivar el caso si el acusado se somete a un proceso de desintoxicación. Por lo tanto, sigue siendo ilegal exportar la cosecha en forma de hachís. De momento. Pero ¿por cuánto tiempo?

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La hierba tiene tradición en Marruecos. Hasta el siglo XX era común en todas partes el cultivo de pequeñas plantaciones de cáñamo para el consumo local del kif, las flores secas de la planta (no confundir con lo que hoy llaman kif los fumadores europeos), mezcladas con tabaco y fumadas en largas pipas. En 1932, bajo el Protectorado francés, fue convertido en monopolio estatal, explotado por Francia mediante la Régie des Tabacs et du Kif, y finalmente prohibido en 1954. En la década de 1970, gracias al movimiento hippy, los pequeños cultivadores del Rif, ya ilegales, aprendieron la técnica asiática de transformar el polvillo de las flores —botánicamente: la resina de las tricomas— en hachís prensado, más fuerte y más fácil de exportar. Nació el narcotráfico. En los ochenta, el Rif ya tenía fama de ser una tierra sin ley, o mejor dicho feudo de una extraña alianza entre vendedores de hachís y policías compinchados, buscando explotar al turista. En los noventa, recuerdo, se decía que en Marruecos había dos reyes: Hassan II y el del Rif, cuyo nombre nadie pronunciaba. Y que solo el segundo tenía puerto de yates privado.

El Rif era entonces un narcocondado, pero se notaba poco. No había rebelión abierta, ni llegó a haber niveles de violencia llamativos. Aunque en 2018 un 69% de las detenciones en Marruecos eran por asuntos de droga —y una de cada cuatro personas en la cárcel está condenado por este tipo de delitos—, prácticamente no aparece en las estadísticas de muertes violentas. Solo el 3% de los asesinatos se achaca a bandas (no necesariamente del narcotráfico) y la misma proporción corresponde a homicidios con arma de fuego. Buscaríamos en balde crímenes del narcotráfico en la prensa. Es una larga tradición de Marruecos, un mandamiento observado tanto en política como en la mafia: no matarás a tu enemigo si puedes comprarlo.

Con los 300 millones de euros anuales que mueve el hachís en el Rif se pueden comprar desde los agentes de policía locales hasta jueces y funcionarios de prisión en Casablanca. La cifra es una estimación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) de los años 2003-2005, cuando esta agencia internacional analizaba el cultivo del cáñamo en el Rif. Estos son los ingresos locales por el producto. Una vez exportada a Europa, la mercancía mueve entre 4.000 y 10.000 millones de euros al año, según la misma agencia.

Lo que se llevan los agricultores del Rif es poco, un ingreso anual de 4.000 euros para las 90.000 familias —aproximadamente 700.000 personas— que entonces vivían de estos cultivos, una cifra similar a lo que gana de media cualquier familia campesina en otra parte del país. Solo que en el Rif, con laderas escarpadas y tierras pobres, las opciones son escasas. Aquí, el cáñamo es siete u ocho veces más rentable que el trigo en zonas sin regadío y 12 veces más con regadío. En 2021, el Gobierno marroquí estimó que unas 60.000 familias, equivalente a 400.000 personas, viven del cultivo del cáñamo.

El cáñamo no se puede erradicar si no hay alternativa agrícola, y no se quiere correr el riesgo de que una destrucción masiva de los campos acabe con cientos de miles de personas afluyendo a las grandes ciudades y engrosando los barrios de chabolas, caldo de cultivo de delincuencia y bandas, donde caerán en un consumo de drogas mucho peores que el del hachís, como crack o pegamento, e incluso, dios no lo quiera, en el islamismo yihadista.

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"No destruirás el campo de tu adversario; cómprale la cosecha". Ésta ha sido la solución del Gobierno marroquí. Podía parecer que tenía la situación bajo control, gracias a lo que solo cabe calificar de simbiosis entre narcos y funcionarios, con ocasionales destituciones y encarcelamientos de altos cargos en cierto afán de poner límite a la corrupción sin atajar de fondo un problema que no era resoluble con algo más de mano dura. Al igual que no es resoluble el problema del narcotráfico en Barbate triplicando el presupuesto de la Guardia Civil para embarcaciones y motores fueraborda. Como mucho, se desplazaría. Ya ahora hay planeadoras que van hasta Alicante. Con un premio de 10.000 millones de euros esperando en Europa, toda mar es poca mar.

Pero quizás lo que más preocupara a Rabat es que las planeadoras empezaran a diversificar el negocio. Con la presión judicial aumentando en las rías de Galicia, y con el capo gallego Sito Miñanco encarcelado, en régimen poco estricto, a partir de 2011 en Algeciras, donde retomó el negocio, el Estrecho ha empezado a ser lugar de paso de la cocaína. La potente organización rifeño-andaluza de transportes vía planeadora se presta a mover cualquier sustancia ilegal, pero cuanto más se internacionaliza, más se reduce el control que pueda ejercer Rabat sobre las redes. La coca procedente de Sudamérica, a veces a través de África Occidental, con redes habituadas a la violencia, amenaza con independizar el narcocondado del Rif, hasta ahora obligado a mantener cierto respeto, porque el cáñamo, al fin y al cabo, no puede salir corriendo de su campo.

La amenaza estaba en el horizonte. Una estrategia se imponía. En julio de 2021, el Parlamento aprobó la ley 13-21 que autoriza el cultivo con "fines médicos, farmacéuticos e industriales", aprovechando que medio año antes Naciones Unidas había sacado el cáñamo de la lista de drogas sin posible uso terapéutico. Luego empezó el proceso burocrático, solo completado un año más tarde, para elaborar la normativa. Solo tres provincias están autorizadas a cultivar: Chauen, Alhucemas (con la mítica región de Ketama) y Taounat, al sur de ambas. Los agricultores deben ser marroquíes asociados en cooperativas locales.

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El contenido de THC de la planta no puede superar el 1 % —el triple del valor admitido en la Unión Europea, del 0,3%, y no tan lejos del 2-3% del kif tradicional, aunque sí del 15-25% que tienen ciertas variedades modernas— salvo, y eso es importante, si el producto final se destina a un uso médico o farmacéutico. Es decir, producir cannabis con THC apto para colocar al consumidor es legal, dentro de este marco. La exportación se incentivará y a partir del año en curso se prestará "una atención especial a la valorización de la variedad local del cannabis y la promoción de la inversión en la rama del cannabis marroquí acorde a las necesidades del mercado mundial", en palabras de un portavoz de Anrac. Una especie de denominación de origen controlada.

"Pure Moroccan CBD! Por tu bienestar: crema Organik basada en cannabis y otras plantas del Rif. Gama variada de productos de la flor del cáñamo recogida por las manos de las mujeres agricultoras del Rif". Así se presenta en su web Biocannat. Según afirma ser, la "primera cooperativa marroquí autorizada para transformar y exportar el cannabis legal". Se lanzó en marzo de 2023 y se propone comercializar geles, jabones y champú. Aún está arrancando: en enero pasado se hicieron las primeras pruebas de laboratorio para extraer aceite CBD; de momento tiene contratos para comprar la producción de 3,5 hectáreas de cultivo, pero este año prevé aumentarlo a 50 hectáreas.

Harían falta mil laboratorios como este para absorber la producción del Rif, que según la ONUDC variaba entre las 70.000 y 120.000 hectáreas, pero que se estima bajó hasta las 47.000 hectáreas en 2011 y las 45.000 hectáreas en 2019, según datos oficiales del Gobierno marroquí. ¿Llegarán? Según las cifras de Anrac de diciembre pasado se han otorgado ya 430 autorizaciones de cultivo y 179 de transformación, desglosados estos en 47 para fines industriales, siete para fines médicos, 51 para comercialización, 54 para exportación, 17 para importación de semillas y tres para transporte. Con una cosecha de entre 1 y 2,7 toneladas por hectárea, la producción legal casi duplica el rendimiento estimado de la ilegal. Y probablemente sea más sostenible.

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Porque el problema del cultivo ilegal no empieza con la violencia ante las costas de Barbate. Cuando el cáñamo era un cultivo tradicional, se plantaban pequeñas parcelas a merced de la lluvia. Hoy se va deforestando el monte para ampliar cultivos o sustituir los dañados por la erosión y se generaliza el regadío, cavando pozos de 30 y hasta 100 metros de profundidad y agotando los acuíferos. La ilegalidad no incentiva pensar en el futuro. Y si bien el paro y la falta de oportunidades empujan a la población a los brazos del narco, también ocurre a la inversa: cuando el manejo del oro verde ofrece ganancias mayores y más rápidas que cualquier empleo, toda una generación cambia estudios, oficio o carrera por la ociosa espera de una oportunidad de hacerse rico al instante. El dinero ganado raramente se invierte bien. En gran parte se blanquea construyendo chalés que nadie usa o cafés en los que pasa la jornada toda una clase social enganchada a esa otra droga, la del dinero fácil.

La legalización de los cultivos llega para cambiar esta dinámica. Pero plantea dos preguntas. Una es si hay suficiente clientela en el mundo para comprar una producción de jabones y aceites de bienestar marca Rif para alimentar a 60.000 familias. La otra es: ¿quién abastecerá a los 22 millones de europeos que fuman cannabis con regularidad? Por el momento, el Rif es el proveedor más eficiente, y la desviación de una pequeña parte de las cosechas hacia usos legales no impedirá que el resto se siga enviando a las planeadoras.

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De momento. Porque todo indica que la reforma marroquí es solo un primer paso hacia una legalización completa del cannabis, quizás en sintonía con un cambio de actitud en el resto del mundo. Incluso una estrategia de adelantamiento para tener toda la infraestructura lista en el quizás no tan lejano momento en el que algunos países europeos no solo se apunten a la despenalización del uso recreativo, ya vigente en Portugal y Países Bajos, sino que la complementen con una lógica legalización de la compraventa. Esta postura, al menos, se desprende del tono del extenso informe redactado en junio de 2021 por Ahmed Réda Chami, exministro socialista y presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos, dirigido al rey y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 7 de abril de 2022.

Tras un detallado y muy franco análisis del cultivo ilegal pero tolerado, los ingresos que genera y los perjuicios que causa, el texto esboza las líneas maestras de la legalización prevista: "Conviene reflexionar, en una segunda fase, para introducir en esta nueva estrategia el uso personal regulado del cannabis en un contexto bien definido (circuito de distribución, lugares y cantidades autorizadas). Subrayamos que hay una fuerte tendencia en el plano internacional, especialmente en Europa y África, hacia la ampliación del espectro de usos legales del cannabis. Esto permitiría romper con las prácticas actuales del consumo no regulado, que expone a los jóvenes a los peligros de desequilibrio mental, psíquico y físico, incluso en el consumo ocasional".

Hablando en plata: el mundo va a permitir fumar canutos en algún momento, y no nos vamos a quedar atrás. En ese momento, Marruecos tendrá puesta a punto la cadena de cultivo, extracción, transporte y venta. Y los pilotos de las planeadoras ya se pueden buscar otro trabajo.