Barbate y la esquizofrenia en la seguridad marítima: ¿es hora de crear la Guardia Costera española?

El pasado fin de semana, dos miembros de la Guardia Civil morían en acto de servicio luchando contra el narcotráfico en la costa andaluza. La tragedia combina la sensación de impunidad con que los delincuentes llevan operando en la región desde hace tiempo y, al mismo tiempo, la falta de medios que reclaman los que los combaten. Cualquier debate público sobre posibles cambios legislativos y operativos para la seguridad marítima en España debería poner sobre la mesa la cantidad de ineficiencias que supone el solapamiento de diferentes cuerpos y organismos del Estado para esta tarea, incluyendo la creciente participación autonómica. Una duplicación de competencias y disipación de los esfuerzos que hace pertinente que nos planteemos esta pregunta: ¿es hora de unir fuerzas y crear una Guardia Costera?

Los dos agentes (David Pérez Carracedo, de 43 años, y Miguel Ángel González Gómez, de 39) fallecieron después de que una narcolancha arrollara la embarcación en la que patrullaban el puerto de Barbatate (Cádiz). Esto ha generado varias polémicas, con no pocas opiniones extremas.

El alcalde de la Línea de la Concepción, José Juan Franco, exigió un "plan estratégico integral" y señaló que "las recetas que se están aplicando no son las adecuadas", planteando que "a lo mejor, la solución es legalizarlo [el hachís]". En el extremo contrario encontramos, desde el anonimato de las redes sociales, peticiones de mano dura que reclaman la imitación de las tácticas empleadas en Estados Unidos por la Guardia Costera. Allí, los llamados Escuadrones Tácticos de Interdicción de Helicópteros (Hitron, por sus siglas en inglés) persiguen en el Caribe las embarcaciones rápidas cargadas de droga y embarcan tiradores que inutilizan los motores fueraborda de los narcotraficantes con disparos precisos.

Los contextos legislativos y políticos entre Estados Unidos y España son muy diferentes, como también lo es el contexto social, financiero y geográfico del narcotráfico entre el Caribe y el estrecho de Gibraltar. Pero la gran diferencia operativa es que en España no hay un cuerpo de seguridad como la Guardia Costera estadounidense. Existen, por supuesto, profesionales encargados de la seguridad marítima en España. Pero están repartidos por diferentes cuerpos y agencias, muchas veces dependientes de distintos ministerios o entidades autonómicas. En ocasiones, esto hace que se solapen funciones y que se den ciertas distorsiones.

Algunos organismos del Estado han llegado a asumir competencias en materia de seguridad marítima y se han encontrado con buques o aeronaves bajo su responsabilidad, pero sin el personal cualificado para operarlos en su estructura. Donde en Estados Unidos hay una sola cadena de mando y unidad de acción, en España hay competencia, carencia y dispersión.

Barcos sin capitán, aviones sin piloto

Los agentes de la Guardia Civil atacados por los narcotraficantes participaban en un esfuerzo, la lucha contra el tráfico de drogas, que no recae exclusivamente en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El Cuerpo Nacional de Policía también lucha contra el narcotráfico en el ámbito marítimo a través de las acciones del Grupo Especial de Operaciones (GEO). El Cuerpo Nacional de Policía, al que pertenece el GEO, no tienen un servicio marítimo. Así que lo habitual es que en las operaciones del GEO en alta mar participen la Armada y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Este último es una dirección adjunta del Ministerio de Hacienda y también tiene competencias en materia de lucha contra el narcotráfico. De hecho, tiene 37 embarcaciones y 10 aeronaves. Unas y otras han pasado al imaginario colectivo a través de los reportajes televisivos en los que se podían ver sus embarcaciones rápidas persiguiendo planeadoras entre las bateas de las rías gallegas o helicópteros acosando las narcolanchas en el estrecho de Gibraltar.

La situación del GEO del Cuerpo Nacional de Policía, que realizan abordajes y necesitan contar con los buques de otro cuerpo o institución del Estado no es única. La seguridad marítima en España está llena de ese tipo de situaciones que reflejan cómo a lo largo de los años, unos y otros fueron asumiendo competencias que, en ocasiones, iban más allá de sus propias capacidades. Esto obligó a ir buscando soluciones sobre la marcha.

En principio, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil es el organismo más parecido a una Guardia Costera. Tiene una estructura militar y su personal desempeña el papel de agente de la autoridad. Pero cuando las autoridades españolas decidieron luchar contra los tráficos ilícitos en origen, el Servicio Marítimo de la Guarida Civil decidió dotarse de buques que pudieran navegar en alta mar, lejos de España.

Para ello se compraron de segunda mano y se modificaron un buque pesquero japonés y un buque de apoyo a plataformas. Ambos entraron en servicio con los nombres Río Miño y Río Tajo. Los buques necesitaban un capitán y la Guardia Civil acudió al sector privado. Así, por ejemplo, la empresa Gauzón Ibérica logró un contrato por 22,6 millones de euros para dotar a los buques de mantenimiento y la "adecuada dotación", informaba entonces el portal especializado Infodefensa.com

Si el Servicio Marítimo de la Guardia Civil tiene buques, pero no capitanes; el Servicio de Vigilancia Aduanera tiene aeronaves, pero no pilotos. Así que, entre 2014 y 2020, los aviones Casa C212 del Servicio de Vigilancia Aduanera que luchaban contra el narcotráfico estuvieron operados por el 721º Escuadrón del Ejército del Aire y del Espacio con base en Alcantarilla (Murcia). Pero la lucha contra la droga no es el único ámbito de la seguridad marítima donde encontramos este tipo de disfunciones.

Los aviones de Pesca

La Secretaría General de Pesca, en el desempeño de sus competencias de vigilancia, inspección y apoyo a la actividad pesquera, también emplea buques y aeronaves. En el caso de los buques, simplemente sufraga las misiones de tres patrulleros de la Armada dedicados en exclusiva a ese tipo de tareas a través de un acuerdo conjunto con Defensa. Se trata de los patrulleros Alborán, Anormendi y Tarifa. Y hace lo mismo con seis patrulleros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a través de un acuerdo marco con el Ministerio de Interior.

Entre la flota de aeronaves de la Secretaría General de Pesca encontramos nuevamente el Casa C212, que también emplea el Servicio de Vigilancia Aduanera. Utilizar el mismo tipo de avión llevó en 2021 a las dos instituciones a sentarse a negociar cómo ahorrar dinero mediante el mantenimiento y explotación conjunta de los aparatos, para lo que se hizo una licitación pública. Aunque tan sensata decisión se llevó a cabo solo tras llevar los tres Casa C212 de la Secretaría General de Pesca más de tres años en tierra por "problemas presupuestarios".

A esto podemos añadir la existencia de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), dependiente del Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible, que también cuenta con sus propias embarcaciones y aeronaves. Pero, careciendo de pilotos como el resto de los casos, abre licitaciones públicas para contratar servicios. La principal actividad de la Sasemar es el salvamento marítimo, otra competencia que en Estados Unidos recae en la Guardia Costera. Sasemar cuenta con importantes recursos porque es responsable de tres áreas de búsqueda y salvamento que cubren zonas muy transitadas como el estrecho de Gibraltar o muy alejadas de la costa, como al oeste de Galicia o al sur de Canarias. Además, tiene responsabilidades en materia de lucha contra la contaminación y el control del tráfico marítimo.

La división de competencias en España entre distintas instituciones del Estado no solo genera ineficacia por la duplicación de esfuerzos, sino que agudiza las carencias porque impide el ahorro que supone disfrutar de economía de escalas. El ramillete de modelos de aviones, helicópteros y buques que emplean unos y otros son mucho más caros de mantener y operar en su conjunto que la flota de una única institución especializada en seguridad marítima, con personal especializado dentro de una estructura. El blog Fuerza Naval hizo en 2020 un repaso a la situación actual de la seguridad marítima en España en el que se argumentaba a favor de la existencia de una Guardia Costera tras contabilizar seis modelos diferentes de helicóptero empleados por distintas ramas del Estado.

A pesar de algunos esfuerzos, como el de la coordinación de esfuerzo del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Secretaría General de Pesca, no parece que haya voluntad de superar la presente situación. Es más, encontramos que las Comunidades Autónomas asumen responsabilidades en el ámbito de la seguridad marítima. Tenemos así desde 1990 el Servicio de Guardacostas de Galicia y más recientemente, con su comprensible dosis de polémica, la Policía Marítima de Cataluña.

Buscar la eficiencia y la eficacia en el ámbito de la seguridad marítima en España requeriría racionalizar los recursos, unificando en una sola institución con una sola cadena de mando, medios adecuados y competencias claras. Cambiar las estructuras siempre es difícil, doloroso para los que pierden competencias o los que ven que la institución a la que dedicó su carrera es absorbida por un nuevo ente. Pero esto debe ir más allá de cualquier apego emocional. Hablamos de salvar vidas, gestionar mejor el dinero público y aumentar la seguridad nacional de un país peninsular con 8.000 kilómetros de costa, dos archipiélagos y dos enclaves africanos.